El pasado 8 de agosto el INEGI publicó la actualización de estadísticas de defunciones registradas durante el 2023, con cifras preliminares (las definitivas se darán a conocer en noviembre de este año), y para Zacatecas las cosas no pintan tan bien en el «Año de la Paz», aunque sea por decreto.
A nivel estatal, los homicidios representan la cuarta causa de muerte entre los zacatcanos, pero son la segunda causa especialmente para los hombres. De ahí la importancia de considerar este tipo de violencia también con una perspectiva de género.
Los datos del INEGI también difieren (aunque sea un poco) de lo que reportan las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Mientras el primero reporta que durante el año pasado se registraron 1 mil 73 defunciones por homicidio en Zacatecas (y que colocaron a la entidad en la onceava posición a nivel nacional), el SESNSP reporta que en el mismo lapso se documentaron 1 mil 51 homicidios (709 dolosos y 342 culposos).
Y aunque la diferencia es de apenas 22 casos, cuando estas cifras se traducen a una tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes las cosas cambian, y mucho, en el pretendido discurso de la paz.
Porque en la tasa estandarizada (que considera la estructura de la población por grupos de edad), Zacatecas sería la tercera entidad con la tasa más alta de incidencia, con 68.9 casos de defunciones por homicidio por cada 100 mil habitantes; sólo superada por Colima (114.8 casos por cada 100 mil habitantes) y Morelos (77.3).
Ahora bien, cuando se insiste en que la inseguridad no únicamente se trata de la estadística de homicidios (que va a la baja este año), o de otros delitos del fuero común, nos referimos al delito de desaparición forzada de personas, que ha ido en aumento y no se le ha puesto la misma atención.
Porque según lo que reporta el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que elabora la Comisión Nacional de Búsqueda, durante el 2023 se han documentado 690 casos de personas desaparecidas y no localizadas, aunado a 546 personas que ya han sido localizadas (483 con vida).
Sin embargo, tendríamos en total 1 mil 236 personas como víctimas de este delito: tanto las que permanecen como desaparecidas y no localizadas, como las que ya fueron localizadas (con o sin vida). Eso superaría en 185 casos el total de homicidios dolosos y culposos documentados por el SESNSP durante el año pasado.
Las cosas para este año pintan muy similar: según el Registro Nacional, de enero a la fecha van 470 personas desaparecidas y no localizadas en Zacatecas, junto a 216 personas ya localizadas (201 con vida).
Un total de 686 personas víctimas de este delito, contra 440 homicidios documentados de enero a julio por el SESNSP, más los 29 homicidios dolosos que reporta la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en lo que va del mes de agosto.
No es gratuita la irrupción de Virginia de la Cruz en el magno evento de resultados preliminares de la «Agenda de la Paz», para reclamar justicia por la desaparición y muerte de su hijo, por mucho que intenten revictimizarla acusando que fue enviada por el diputado federal electo Ulises Mejía Haro para arruinarles la fiesta (¡qué podrido deben tener el corazón para politizar de esa manera el dolor humano).
La irrupción de la madre buscadora es consecuencia de la poca atención que ha prestado la «nueva gobernanza» a este delito que, al igual que los homicidios dolosos, laceran el tejido social y destruyen familias. Y su caso es solo uno de los miles que acumula Zacatecas.
Salió caro el caldo
Fíjese usted de qué tamaño ha sido el impacto de la deuda pública en Zacatecas. A casi diez años de aprobado el refinanciamiento que disparó los niveles del endeudamiento de la entidad, hoy se paga cinco veces más de intereses que de amortización de la deuda pública.
De acuerdo con los informes financieros de la Secretaría de Finanzas, en los primeros seis meses de este año se erogaron 64 millones 481 mil 487 pesos para la amortización de la deuda (que ronda los 6 mil 700 millones de pesos, únicamente la de largo plazo).
En el mismo lapso, se pagaron 342 millones 509 mil 280 pesos en intereses de la deuda. Es decir, el pago de intereses representa poco más de cinco veces más que la amortización de la deuda en sí.
Esto es resultado de la contratación de créditos de corto plazo con altas tasas de interés (Zacatecas está entre las entidades con las tasas más altas), sin olvidar que después de la pandemia por el COVID-19 las tasas de interés se dispararon a niveles preocupantes.
La única herramienta de la que disponía el estado para hacer frente a este impacto financiero eran los llamados SWAPS, los seguros de la deuda, que cubrirán todavía un par de años más y que han coadyuvado a aminorar el impacto de las altas tasas de interés.
Sin embargo, si esta es la situación real de la deuda pública de Zacatecas, ¿se imagina si continuaran los créditos de corto plazo? Ahora piense si la entidad no tuviera esos niveles de endeudamiento, ¿en qué podrían invertirse esos más de 800 millones de pesos anuales que se destinarán este año al pago de la deuda pública? Tal vez no en un Viaducto elevado, ¿verdad? Hay otras prioridades…
