Mientras a nivel nacional se lamenta la desaparición del INAI o otros organismos autónomos en aras de una pretendida «austeridad republicana», en lo local se hacen del delito con el cochinero de la 64 Legislatura que, hasta el último día, sigue haciendo cosas malas que parecen buenas, o buenas que parecen malas.
Si todo sale como lo han planeado, este lunes en periodo extraordinario los diputados locales aprobarán la ratificación de Ernesto González Romo como secretario de la Función Pública, en sustitución de Humbelina Elizabeth López Loera.
Bien raro que la comisión dictaminadora, la del Sistema Estatal Anticorrupción, tardó prácticamente un mes cuando la presidía González Romo para sacar la ratificación de López Lorea en la SFP, y ahora que es su turno, la comisión que ahora preside el expriísta José Juan Estrada resolvió el asunto en fast track.
En la SFP ya se lamentan de que a esta dependencia llegue alguien que pretende fiscalizar a gritos y sombrerazos, conocido por sus filias y fobias, sin entender realmente la función de este organismo. A ver cómo resulta la discusión del dictamen para su ratificación, pues diputadas como Priscila Benítez ya han advertido que la harán de jamón…
Minucias aparte, y continuando con el orden del día propuesto para esta sesión, los diputados locales también aprobarán las cuentas públicas de 34 entes públicos, 33 correspondientes al ejercicio fiscal 2022 y una más, la del Poder Legislativo, al ejercicio fiscal 2023.
En total, estos entes públicos tienen 130 millones 31 mil 157.82 pesos en montos observados en sus cuentas públicas, aunado a 109 expedientes de investigación derivados de la revisión realizada por la Auditoría Superior del Estado (ASE):
| ENTE PÚBLICO | MONTO OBSERVADO | EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN |
| Ojocaliente | $ 43,191,797.79 | 22 |
| Genaro Codina | $ 27,069,074.28 | 3 |
| Trancoso | $ 17,468,566.15 | 2 |
| Pinos | $ 7,116,143.58 | 6 |
| Pánuco | $ 5,306,552.46 | 3 |
| Cañitas de Felipe Pescador | $ 4,542,017.48 | 9 |
| Morelos | $ 4,307,808.00 | 1 |
| Villanueva | $ 3,863,015.00 | 8 |
| Francisco R. Murguía | $ 3,584,180.46 | 11 |
| Saín Alto | $ 1,800,000.00 | 1 |
| Poder Legislativo (2023) | $ 1,726,486.49 | 0 |
| Jiménez del Teul | $ 1,625,246.19 | 9 |
| Gobierno del Estado | $ 1,542,159.93 | 4 |
| Cuauhtémoc | $ 1,336,807.08 | 4 |
| Mazapil | $ 1,279,753.10 | 4 |
| Vetagrande | $ 1,216,626.23 | 3 |
| Jerez | $ 765,259.16 | 4 |
| Sombrerete | $ 638,518.40 | 1 |
| Concepción del Oro | $ 525,870.33 | 2 |
| Río Grande | $ 296,908.14 | 4 |
| Sistema Agua Potable Villanueva | $ 240,005.10 | 1 |
| Sistema Agua Potable Pinos | $ 194,100.00 | 1 |
| Luis Moya | $ 153,806.00 | 1 |
| El Plateado de Joaquín Amaro | $ 106,958.15 | 1 |
| Loreto | $ 69,070.32 | 2 |
| Mezquital del Oro | $ 64,428.00 | 1 |
| JIORESA | $ – | 0 |
| Teúl de González Ortega | $ – | 1 |
| Sistema Agua Potable Río Grane | $ – | 0 |
| Tepetongo | $ – | 0 |
| Sistema Agua Potable Jerez | $ – | 0 |
| Juan Aldama | $ – | 0 |
| Enrique Estrada | $ – | 0 |
| Sistema Agua Potable Luis Moya | $ – | 0 |
Claro que hay casos llamativos, como la ínfima cantidad observada a la «nueva gobernanza», por apenas 1.5 millones de pesos en lo que sería su primer año de ejercicio constitucional, que contrasta con los más de 43 millones de pesos observados al municipio de Ojocaliente, en lo que sería el cuarto año de ejercicio del alcalde morenista Daniel López Martínez, el de «aplaudan más recio«. Si un sólo municipio tiene un monto observado muchísimo mayor al del Gobierno del Estado, aun siendo exhibido en sus corruptelas (la lista es larga y empieza por Don Cacahuato), algo no cuadra en los dictámenes de la Comisión de Vigilancia que preside el priísta Herminio Briones, y de Presupuesto y Cuenta Pública que preside la morenista Maribel Galván.
Otro dato notable es que en el dictamen relativo a la Cuenta Pública del municipio de Río Grande se determinó establecer como faltas graves el incremento del gasto de nómina; los adeudos al SAT por retención del ISR a trabajadores; y omitir entregar al IMSS las retenciones y cuotas de trabajadores. Mal termina, pues, la gestión de Mario Córdova en Río Grande, por mucho que se haya cacareado la construcción del nuevo Puente Hidalgo.
Tampoco pasa desapercibido el formato en el que se publica en la Gaceta Parlamentaria el dictamen relativo a la Cuenta Pública 2023 del Poder Legislativo, pues además de omitir el balance de la revisión a todos los conceptos, apenas y transparenta el monto observado preliminarmente, el monto solventado y el monto aún no solventado, sin aclarar si se derivó la integración de expedientes de investigación.
Más curioso resulta el «informe de resultados ASE-036/2022» respecto de las posibles irregularidades relacionadas con la contratación de empresas sin capacidad técnica para presentar asesorías, cuyos domicilios correspondan a empresas diferentes con montos y conceptos contratados inaceptables e irregulares, contrataciones y basificaciones de personal por parentesco con exdiputados o asistentes de los mismos y bonos entregados a personal de confianza de la legislatura sin sustento legal ni justificación laboral que permita acreditar el motivo de dichos bonos en el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. O sea, lo que Ernesto González Romo bautizó como la «Estafa Legislativa».
De un total de 29 observaciones, 20 se remitirían al Órgano Interno de Control. El resto resultó sin mayores consecuencias, aunque corresponden a conceptos como 42 basificaciones que no cumplen los requisitos de ley, bonos de productividad sin criterios para su otorgamiento, 38 casos de pago por elaboración de iniciativas, y 689 casos de iniciativas de las que, aunque pagadas, no hubo evidencias de que fueran presentadas en comisiones o ante el Pleno. Sólo por mencionar algunos ejemplos.
Más bonita resultará la discusión del dictamen que contiene la reforma integral a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pues como ya advertíamos el pasado 20 de junio (https://lalalanews.com/2024/06/salieron-muy-vivos/), la bancada oficial pretendía hacerse con el control del Poder Legisalativo durante los dos primeros años de la 65 Legislatura.
Porque, finalmente, en el dictamen publicado en la Gaceta Parlamentaria, no se incluyeron todas las propuestas que realizara en su momento la diputada Gaby Pinedo.
Por ejemplo, en la integración de los grupos parlamentarios, seguirá la disposición de que sea a partir de dos diputados, y no de cinco como era la propuesta; y en el caso de grupos plurales (de distinta corriente partidista), podrán integrarse con al menos cuatro diputados y no 10, como era la propuesta.
En el caso de la Junta de Coordinación Política, el dictamen de reforma no incluye la disposición para que la presidencia sea ocupada por el grupo parlamentario de mayoría (que en la 65 Legislatura sería MORENA), y aunque su permanencia se amplía a un año (no seis meses, como actualmente se establece), no se incluyó la posibilidad de su reelección.
Respecto a las comisiones legislativas, seguiría la disposición de que estén integradas por al menos tres diputados y no cinco, como era la propuesta. Mientras que en el caso de la Comisión de Vigilancia, se mantendrá la disposición de que sea presidida por la primera minoría y no por designación como el resto de las comisiones ordinarias.
Ya se verá si en la discusión de los dictámenes se aprueban reservas, en un último intento por terminar como la peor Legislatura que haya tenido Zacatecas.
