Bien padre la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles en la 64 Legislatura. Más tardaron en reunir el quórum legal para sesionar, que los 27 minutos que duró la sesión en sí. Y aunque normalmente esta 64 Legislatura nos ha acostumbrado a temas ridículos o irrelevantes, mucho más que al trabajo serio, lo de ayer supera cualquier cosa.
Mientras se encontraban en pase de lista, se notificó a los diputados de último minuto que a las 2:30 de la tarde se esperaba una reunión de trabajo con el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Rubén Ibarra Reyes, en el quinto piso del recinto leghislativo.
La notificación coincidió con la solicitud que hiciera un grupo de docentes universitarios (y que fue publicada en la síntesis de la correspondencia en la Gaceta Parlamentaria de este miércoles) para solicitar que la 64 Legislatura citara al rector a fin de informar «sobre el proceso de pago de prestaciones de jubilación que no han sido cubiertas por la institución, tanto a ellos como a los viudos y viudas deudos de docentes universitarios«.
Ya en este espacio habíamos dado cuenta del desastre que carga Rubén Ibarra por andar haciendo cosas malas que parecen buenas que al final sólo han abonado a la debacle de la Universidad. Pero bien raro que también de último minuto se suspendió la reunión de trabajo hasta nuevo aviso.
Total, que una vez declarado el quórum legal en la Comisión Permanente, se esperaba la lectura de una iniciativa promovida por la diputada Violeta Cerrillo a fin de reformar la Constitución Política del Estado de Zacatecas. Pero como la promovente no se encontraba en el pleno (vaya, ni siquiera se sabe si asistió al recinto legislativo ese día), se dio por leída la iniciativa y fue turnada a comisiones. Prácticamente, el único punto relevante del escueto orden del día.
Y el tema no es cosa menor, pues la iniciativa pretende reformar el artículo 153 de la Constitución con el argumento de eliminar el fuero constitucional o «inmunidad procesal», dizque para garantizar que los funcionarios públicos «puedan ser procesados penalmente por la comisión de delitos durante el ejercicio de sus funciones, sin que ello implique su detención o la separación automática del cargo que ostentan«, según reza la exposición de motivos.
Sin embargo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Verá, estimado lector: actualmente, según el texto vigente de la Constitución, para proceder penalmente contra servidores públicos con inmunidad procesal (el llamado «fuero»), debe haber una declaración de procedencia por parte de la 64 Legislatura, que no es otra cosa que el procedimiento que realizó la 64 Legislatura cuando les fue turnada la solicitud de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) para retirar la inmunidad procesal a Julio César «N» y cumplimentar una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el homicidio del abogado Raúl Calderón Samaniego.
Pues a la diputada Violeta Cerrillo esto le ha de parecer un exceso porque ¿cómo es posible que un funcionario público pueda ser procesado penalmente como cualquier ciudadano? Por ello, en su iniciativa propone que los funcionarios públicos sujetos a un proceso penal «no podrán ser privados de su libertad durante el tiempo que ejerzan su cargo«.
Y aún hay más. La iniciativa plantea que «durante el proceso penal, el servidor público podrá seguir en su cargo«. Y además, que «las medidas cautelares que el juez determine no podrán consistir en privación, restricción o limitación de la libertad«. Y para colmo: «el auto de vinculación a proceso podrá ser recurrido directamente ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación«.
¡Vaya! O sea que los servidores públicos con inmunidad procesal (fuero) podrán mandar allá bien lejos el Código Nacional de Procedimientos Penales y las personas juzgadoras no tendrán garantías para que los imputados puedan comparecer en un proceso penal. Igualito que cualquier ciudadano acusado de algún delito, ¿verdad?
En el colmo del cinismo, la iniciativa plantea que estos servidores públicos sujetos a un proceso penal podrán ser separados del cargo única y exclusivamente si son declarados culpables, y si y sólo si la sanción impuesta hace incompatible el ejercicio del cargo.
Entonces, estimado lector: ¿se elimina o no se elimina el fuero con esta iniciativa? Porque más bien parece sugerir que se amplían los privilegios de los servidores públicos, que podrán delinquir y enfrentar su proceso en libertad, sin separarse del cargo.
Claro que la iniciativa (y más por la promovente) recordó el caso de Julio César «N», hoy sin fuero pero amparado ante la órden de aprehensión en su contra. ¿Y si la iniciativa va más encaminada a proteger a sus cómplices? Para pensar…
Le huyen a elección capitalina
También de último minuto, este miércoles magistrados de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bajaron del orden del día los asuntos SM-JDC-610/2024 y SM-JRC-368/2024, ambos relativos a la elección en la Capital de Zacatecas, y únicamente se concentraron en los asuntos relativos a Nuevo León y San Luis Potosí.
Esta demora en la revisión de un asunto que ya ha pasado anteriormente por esta Sala Regional no parece tener un buen pronóstico, pues en teoría los magistrados únicamente tendrían que validar o revocar la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (TRIJEZ) en los puntos que se les instruyó que fundamentaran. No había más.
Y tampoco hay que rascarle mucho, considerando que la nueva sentencia del TRIJEZ fue prácticamente un copia y pega, con una salvedad relativa a especificar el número de casillas con irregularidades que motivan la anulación de la elección. Vaya, hasta la votación fue la misma, con todo y voto de calidad.
Así que no sería sorpresa que, con la ayuda del magistrado Billetes… perdón, el magistrado Ernesto Camacho, la resolución de la Sala Monterrey determinara ratificar la sentencia del TRIJEZ y así tener que recurrir a la Sala Superior, demorando aún más la definición de la elección en la Capital.
Mientras tanto, el tiempo corre y tampoco hay certeza para iniciar el procedimiento de instalación de un Concejo Ciudadano en lo que se realiza una eventual elección extraordinaria. Y estamos a nada de que rindan protesta las nuevas administraciones municipales. ¿Cómo vamos con la entrega recepción?
