Esa es la gran pregunta sobre qué pudieron ofrecer a los 21 diputados que votaron a favor de ratificar a Ernesto González Romo como titular de la Secretaría de la Función Pública, a menos de una semana de su nombramiento.
La sesión de este lunes, por demás accidentada (bastaba ver la frustración de la presidenta de la Mesa Directiva, la diputada Maribel Galván, para mantener el orden y conservar el quórum para sesionar), fue la última oportunidad de nuestros legisladores para redimirse de ser la peor Legislatura que ha tenido Zacatecas… y fallaron.
Por acuerdo del Pleno, el asunto de la ratificación fue turnado al final del orden del día, así que sin entrar en discusiones ni controversias, por unanimidad aprobaron las Cuentas Públicas 2022 de diversos entes públicos, la 2023 del Poder Legislativo y el informe de resultados ASE-036/2022 relativo a la llamada «Estafa Legislativa», a pesar de las inconsistencias que en este espacio señalamos.
Y luego los diputados le quieren jugar a uno el dedo en la boca cuando se rasgan las vestiduras alegando corrupción en la «nueva gobernanza». Total, mientras los dineros sigan contantes y sonantes en sus bolsillos, seguirán jugando a ser «oposición de papel».
Luego, también sin entrar en controversias, fue aprobado por mayoría el dictamen por el que se expide una nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, más o menos con las precisiones que ya habíamos hecho también en este espacio, aunque con la reserva presentada por la diptuada Karla Valdez para que la Comisión de Vigilancia no pueda ser presidida por algún diputado del mismo partido político que haya postulado al titular del Ejecutivo, aunque no aplicaría para los demás partidos que hubieran acompañado el convenio de coalición, de ser el caso.
Originalmente, el dictamen establecía que la presidencia de esta comisión sería ocupada por algún diputado de la primera minoría y, en caso de ser el mismo partido político que el Ejecutivo, sería ocupada por la segunda minoría.
Así que la reserva de la diputada Karla Valdez abriría la puerta a que en la 65 Legislatura la presidencia de esta comisión fuera ocupada por alguna diputación del PVEM que le haga el caldo gordo a la «nueva gobernanza». ¿Si sabrían nuestros diputados lo que estaban votando?
En fin… que ya en la discusión para ratificar a Ernesto González Romo como titular de la SFP era natural que protestaran los diputados Juan Mendoza y Enrique Laviada, con quienes mantuvo una polémica relación durante la 64 Legislatura.
El primero calificó al ahora titular de la SFP como «muñeca mantecosa y golosa», en alusión a un personaje de la película El Infierno, y advirtió que su papel será montar un circo mediático como ya lo hizo a su paso por el Legislativo.
Pero fue más allá y, a gritos y sombrerazos, acusó al funcionario de ser el operador de un incremento de 10 millones de pesos para el Poder Legislativo a fin de aprobar el Paquete Económico 2024; de imponer a su cuñado como titular de un órgano interno de control; y de ser el principal responsable de pretender quitarle a los trabajadores del Legislativo su bono trianual para repartir ese recurso entre los diputados.
Laviada Cirerol recordó que González Romo fue siempre factor de desequilibrio en el Poder Legislativo, y aventuró que con este nombramiento el gobernador David Monreal se echó un alacrán, pues no se olvida que también fue el principal denunciante de la llamada «Estafa Legislativa», en un show que llegó hasta la Ciudad de México ante la Unidad de Inteligencia Financiera porque pretendía llevar a la cárcel a diputados y funcionarios de la «nueva gobernanza» implicados.
Pues el tiempo ha pasado y de ese circo no hubo consecuencias. La principal prueba está en el dictamen de Cuentas Públicas aprobado en la misma sesión, en paquete con el «informe de resultados ASE-036/2022» relativo a la «Estafa Legislativa». Así que la ratificación de González Romo como titular de la SFP bien podría traducirse en «mucho ruido y pocas nueces». Un circo mediático más como ha caracterizado a González Romo, quien luego de la ratificación no desaprovechó la oportunidad para seguir ofendiendo a sus opositores.
Al final, con 21 votos a favor, las abstenciones de José Luis Figueroa y Karla Valdez, y los votos en contra de los diptuados Marimar de Ávila, Priscila Benítez, Ana Luisa del Muro, Juan Mendoza y Enrique Laviada, se aprobó por mayoría la ratificación. ¡Albricias!
Más allá del nombramiento ratificado, nuestros diputados locales también le han jugado al tío Lolo en eso del combate a la corrupción, incluyendo la citada ratificación y la expedición de una nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas.
Verá, estimado lector: en los Ayuntamientos, existe la disposición de que la titularidad del órgano interno de control será a propuesta de la primera minoría y sometido a consideración del Cabildo. Así, hasta cierto punto, se pretende que el órgano de fiscalización no sea comparsa de los gobiernos en turno.
En el Poder Legislativo, este órgano interno de control es seleccionado de una convocatoria y tiene la posibilidad de reelegirse por otros cuatro años si se postula en la convocatoria correspondiente. No es a propuesta exclusiva de la primera minoría, ni de los partidos políticos de oposición al titular del Ejecutivo.
En cambio, para el Ejecutivo, el titular de la SFP es designado directamente por el propio gobernador (o gobernadora) en turno y ratificado por el Legislativo. Y si tiene la fortuna de que el gobierno en turno tenga mayoría también en el Legislativo, pues qué bonita farsa.
Lo ideal hubiera sido que en las reformas aprobadas este lunes también se modificaran las disposiciones relativas a la titularidad de los órganos internos de control para el Ejecutivo y el Legislativo. De otro modo, cualquier combate a la corrupción huele a mero chiste. Pero, pues, cada quién…
Quejas en la SECTURZ
De por sí arrastra con el lastre de la percepción de inseguridad para promover al estado, ahora el secretario de Turismo, Le Roy Barragán, debe lidiar con el cochinero que le generan sus propios colaboradores.
Es el caso de Cristina Martínez Zapata, actual Jefa de Operación y Logística de la Subsecretaría de Promoción Turística de la SECTURZ y que se ostenta como directora del Palacio de Convenciones… sin serlo.
La funcionaria, impuesta con calzador por la exsubsecretaria Teté Inguanzo, no sólo es el terror de la dependencia porque trata con la punta del pie a los trabajadores (vaya, hasta quejas del personal de seguridad y limpieza), sino también de inversionistas, wedding planners, event planners, congresistas y demás que buscan realizar sus eventos en el Palacio de Convenciones.
El episodio más reciente fue durante la Reunión Internacional de Minería, entorpeciendo el desarrollo de actividades con los pretextos y requisitos más ridículos, a tal grado que hasta amenazó a los organizadores por haberla ventaneado por sus malos tratos. Vaya, hasta solicitaron a este espacio tumbar la publicación de sus denuncias. ¡Qué osadía!
Pues hoy, trabajadores de la SECTURZ vuelven a solicitar al gobernador David Monreal; al secretario de Turismo, Le Roy Barragán; y hasta al secretario general del SUTSEMOP, Israel Chávez Leandro, que pongan orden y tomen las medidas pertinentes contra la citada funcionaria, quien ya estaba en esa dependencia durante la administración de Miguel Alonso Reyes, pero durante el «quinquenio diferente» fue cambiada a la Secretaría de Desarrollo Social, para volver a la SECTURZ a la llegada de la «nueva gobernanza».
Aquí ya un caso para el novel secretario de la Función Pública, quien ya debe tener en su escritorio, desde hace un par de meses, la denuncia en contra de Cristina Martínez. Porque para ser el «Año de la Paz», como que no está siguiendo sus principios, mucho menos el Código de Ética de los Servidores Públicos.
