Zacatecas es un estado donde, en un mes, justamente en periodo vacacional, puede suceder de todo y a la vez parece que no ocurre nada. Será que esta «nueva gobernanza» es tan predecible que las novedades ya no resultan sorpresa y las buenas noticias pasan de noche, si es que las hay.
Podríamos resumir la agenda mediática local del último mes en: el informe de avances de la «Agenda de la Paz» y la irrupción de una madre buscadora que mentiras no dijo cuando irrumpió en el evento protocolario; la tragicomedia en la elección de la Capital; la aprobación de la reforma a la Ley del ISSSTEZAC; así como los foros sobre la reforma al Poder Judicial y el penoso episodio que vivió la ministra Lenia Batres en su visita a Zacatecas.
Ah, y el amparo ganado por Julio César «N» para evitar ser detenido por su presunta responsablidad en el homicidio del abogado Raúl Calderón Samaniego. Así que esa telenovela todavía sigue sin encontrar justicia para las víctimas. Y cómo olvidar el cacareado Viaducto elevado, que va porque va, pese a las resistencias de la sociedad civil que se opone a un gasto de a mil millones de pesos el kilómetro.
Baste decir que, según los informes financieros de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Fuente de Pago para la Ejecución del Proyecto «Viaducto Elevado Boulevard Adolfo López Mateos y Calzada Héroes de Chapultepec» No. 4733, ya se habrían devengado unos 528 millones 325 mil 536 pesos en los primeros tres meses del año.
Y ni siquiera se ha colocado la primera piedra, únicamente se nos presentó una maqueta y un render para vender el proyecto, junto a una encuesta elaborada por la Unidad Académica de Matemáticas de la UAZ que nada qué ver con eso que llamaron Plan de Movilidad para el Bienestar (MOBI).
Curiosamente, las cifras se disfrazan porque, verá usted: al inicio del año el Fideicomiso tenía un saldo original de 1 mil 5 millones 416 mil 906 pesos; al 31 de marzo el saldo se redujo a 477 millones 91 mil 370 pesos; y para el 30 de junio (o sea, al término del segundo trimestre del año) el saldo fue de 1 mil millones 67 mil 692 pesos. Eso significa que durante entre abril y junio de este año se le inyectaron al Fideicomiso unos 522 millones 976 mil 322 pesos para quedar tablas con el saldo inicial de Fideicomiso.
Ese recurso provendría principalmente del Capítulo 7000, Partida 7500 (Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros análogos) de la Secretaría de Obras Públicas, que devengó 500 millones de pesos en dicho periodo según los informes financieros de la SEFIN. Sin embargo, sigue la duda en el aire: ¿en qué se gastaron los 528.3 millones de pesos que utilizaron del Fideicomiso durante el primer trimestre del año si ni siquiera han arrancado las obras?
El tema es relevante porque quizá sea la respuesta a la pugna que se mantiene por la elección en la Capital, donde los magistrados Gloria Esparza Rodarte y José Ánge Yuen Reyes están empecinados en hacer el ridículo defendiendo a su patrón, el de los dineros, resolviendo dos veces consecutivas por la nulidad de la elección y así tumbar el virtual triunfo del panista Miguel Varela.
Ya habían resuelto hace un par de semanas y el pasado viernes 16 de agosto magistrados de la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocaron la resolución y les devolvieron el caso para que hicieran bien la tarea y no les anduvieran enviando cochinadas.
Los magistrados del TRIJEZ tenían 36 horas para emitir una nueva resolución. Y en efecto: por la noche de este domingo resolvieron nuevamente la nulidad de la elección, con prácticamente el mismo proyecto ya votado hace unas semanas, casi casi sin moverle una coma, más allá de especificar las irregularidades en dos casillas para fundamentar este recurso de nulidad.
Vaya, hasta la votación fue idéntica que hace unas semanas, con dos magistrados a favor y dos magistradas en contra, y el voto de calidad de la magistrada presidenta Gloria Esparza. Así que el tema seguirá su curso y mientras la Sala Superior no resuelva, la elección en la Capital seguirá en vilo, así como los permisos necesarios para poner en marcha las obras del Viaducto elevado.
No es gratuita la exposición mediática que ha tenido en las últimas semanas el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, pues su nombre se incluye entre los aspirantes para una eventual elección extraordinaria en caso de que el actual alcalde, Jorge Miranda Castro, no pueda ser postulado.
Y para tantearle el agua a los camotes, casualmente durante este fin de semana se levantó una encuesta telefónica para evaluar las preferencias entre Jorge Miranda y Miguel Varela para una elección extraordinaria en la Capital.
Lo que se sabe es que la «nueva gobernanza» ya ha levantado otros números para la elección del 2027, con el relevo en la gubernatura, ahí donde las preferencias no salen tan positivas para Verónica Díaz Robles ni Saúl Monreal Ávila, de ahí la alternativa de crecer a Rodrigo Reyes para hacer frente a la popularidad de la que aún goza el hoy diputado federal electo Ulises Mejía Haro, el favorito de la presidenta electa Claudia Sheinbaum.
Sin embargo, si la bandera de lucha pretende ser la llamada «Agenda de la Paz» para posicionar al actual secretario general de Gobierno, pues que le vayan pensando porque sigue una deuda pendiente con las víctimas de las agresiones del 8M, víctimas que no han tenido justicia ni ha habido consecuencias para los responsables, entiéndase la cadena de mando.
Y para recodar a la «nueva gobernanza» que sigue siendo un gobierno omiso con las víctimas, qué ejemplo más elocuente que la protesta de Virginia de la Cruz, madre buscadora que ya antes había alzado la voz en el recinto legislativo para exigir justicia por su hijo desaparecido, cuyo cuerpo permaneció ocho meses en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) sin que el personal le notificara.
Su dolor fue llevado al magno evento organizado para informar de los avances de la «Agenda de la Paz», una agenda que se llena la boca con la reducción de homicidios dolosos, pero se hace de la vista gorda cuando se trata de personas desaparecidas y no localizadas, y sus víctimas indirectas.
Hoy, el gobernador David Monreal no busca quién se la hizo, sino quién se la pague, y creyendo en las mentiras de sus colaboradores, ahora piensa que detrás de la madre buscadora está su némesis Ulises Mejía Haro, a quien han pretendido neutralizar en los eventos públicos realizados en el último mes (como el foro sobre la reforma al Poder Judicial en el Museo Manuel Felguérez) a fin de no opacar el lucimiento del secretario general de Gobierno. ¡Vaya indolencia con las víctimas que son revictimizadas!
Por lo demás, fue aprobada la reforma a la Ley del ISSSTEZAC casi casi sin moverle una sola coma a lo que ya se sabía y que se había anticipado en la llamada «Ley Tello» (que fue «Ley David», que ya siendo gobernador no remitió iniciativa al Poder Legislativo).
Bonita forma de coronar el desastre de la 64 Legislatura, pues poderoso caballero es don dinero, y más cuando buena parte de sus actuales diputados perdieron en la contienda pasada. Así que fue fácil (es un decir) doblar a quienes en su momento se oponían a la reforma.
De nada, pues, sirvieron los cacareados foros de consulta ni las largas y tediosas sesiones de trabajo de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento a la Crisis Financiera del ISSSTEZAC, con varias rondas de comparecencias incluídas, si al final se aprobó lo que ya desde hace tiempo se sabía. Únicamente se postergó lo inevitable.
Eso sí, la Coordinación General Jurídica estuvo muy presta para publicar la citada reforma en el Periódico Oficial de inmediato, mucho antes que la ley reglamentaria en materia de revocación de mandato. Así las prioridades en la burbuja de la «nueva gobernanza».
