El tiempo corre y también las invitaciones al tercer informe de gobierno de David Monreal, de quien no hay mucha expectativa en que cumpla lo que le mandata la Constitución en eso de acudir a la sede legislativa a hacer entrega de su informe anual de actividades y rendir cuentas.
Y la expectativa es poca porque un día antes, el sábado 7 de septiembre, se instalará formalmente la 65 Legislatura, cuya integración es de lo más variopinta, con divisiones que se arrastran desde antes de iniciar las campañas luego de que MORENA en Zacatecas decidiera no ir en alianza con el Partido del Trabajo.
Por eso, tal como se ha hecho en los últimos eventos del gobernador, ya están listos los operativos de acarrero para llenar el Palacio de Convenciones este domingo 8 de septiembre a fin de aplaudir las mentiras de la «nueva gobernanza» en este tercer año de mandato.
Poco habrá que informar porque, valga la redundancia, los propios informes financieros de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) cada trimestre demuestran el desorden en el ejercicio del recurso público, especialmente en dependencias como la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) que encabeza Sergio Casas; o en Economía (SEZAC) donde dicen que despacha un tal Rodrigo Castañeda Miranda (ya, por el amor de dios, ¿cuándo se va?).
Además, según los mismos informes financieros, tal parece que durante el periodo de campañas electorales la administración pública se detuvo, pues la ejecución del gasto público en programas y obras fue casi imperceptible y en algunos casos, como en la Secretaría de Obras Públicas (SOP) que encabeza Luis de la Peña, apenas llegaron al 3% del presupuesto devengado al 30 de junio.
Siendo el «Año de la Paz» (aunque sea por decreto), lo que sí se espera es otra retahíla (por enésima ocasión) de que disminuyó «titantos» por ciento la incidencia de homicidios dolosos en la entidad. Y claro, no se comparan los 259 homicidios dolosos en lo que va de este año, con los 709 casos registrados en 2023.
Pero vayamos más allá: en el primer año de ejercicio, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con David Monreal como gobernador se documentaron 1 mil 36 homicidios dolosos (septiembre 2021-agosto 2022); para el segundo año de ejercicio, los homicidios bajaron a 889 (septiembre 2022-agosto 2023); y para este tercer año de ejercicio, la cifra bajó hasta llegar a los 432 homicidios dolosos (septiembre 2023-agosto 2024).
Eso significa una reducción del 58.3% en la incidencia de homicidios dolosos en los tres primeros años de la «nueva gobernanza». Sin embargo, esta dinámica no ha sido la misma en el caso de personas desaparecidas y no localizadas.
Por ejemplo, en el primer informe (septiembre se documentaron 897 casos de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas (sí, porque en este indicador también hay que medir a las personas que aunque ya fueron localizadas, fueron víctimas de este delito).
Para el segundo informe (septiembre 2022-agosto 2023) la estadística subió a 1 mil 261 casos; mientras que para este tercer informe (septiembre 2023-agosto 2024) la cifra bajó ligeramente a 1 mil 49 casos.
No obstante, estas cifras (nunca olvidemos que cada número es una víctima que tenía familiares, amigos y conocidos; vamos, que eran personas que integraban una comunidad) superan por mucho la incidencia de homicidios dolosos, y no es que la tendencia tan alta se pueda presumir en un informe de gobierno.
Así que no es gratuito el reclamo de colectivos como Sangre de mi Sangre, o hechos como la irrupción de Virginia de la Cruz en eventos oficiales para reclamar la indolencia del gobierno en la atención a las víctimas de desaparición. Y seguramente se buscará blindar el evento del tercer informe de gobierno como nunca antes, para evitar que alguien rompa la burbuja de mentiras de la «nueva gobernanza».
Malas cuentas también habrá para los «ejes tractores» (cualquier cosa que eso signifique), pues tiro por viaje Zacatecas sale mal evaluado en las estadísticas de indicadores económicas, como recientemente mostró la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, revelando que nuestra entidad nuevamente tuvo un pésimo desempeño, tal como ha ocurrido mes a mes en las estadísticas de empleo formal del IMSS, en los incrementos marginales de Inversión Extranjera Directa (y ni siquiera se trata de nuevas inversiones en la mayoría de los casos), en la informalidad laboral, en la mínima variación en las remuneraciones, y la lista sigue y sigue y sigue…
Por encima de todo, se espera una nueva insistencia en el megaproyecto del Viaducto elevado, mejor conocido como «segundo piso», ese en el que se invertirán más de 3 mil 600 millones de pesos en apenas 3.4 kilómetros, pero que desde el comienzo se anunció con el pie izquierdo y a la fecha suma cada vez mayor rechazo.
A estas alturas del sexenio, en el balance se habrán olvidado las promesas de campaña, y aún más las metas (si es que las hubo) establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo, con todo y sus deficiencias (que son graves).
Quedarán más bien cuentas pendientes en el combate a la corrupción, en el despido injustificado de miles de trabajadores (y ahí vienen los laudos), en el condicionamiento de recursos a los municipios, en el veto a empresarios que no se prestan a la extorsión de la «nueva gobernanza», en el olvido del kilometrómetro (¿o era carreterómetro?), en la lentitud de la justicia para las víctimas del 8M o la indolencia para familiares de personas desaparecidas y no localizadas.
El retraso en la publicación de la Ley Reglamentaria en materia de Revocación de Mandato sólo hace pensar en el miedo que existe en la «nueva gobernanza» por que este instrumento sea una realidad. Recuérdese que a partir del lunes 9 de septiembre cualquier ciudadano zacatecano estaría en condiciones de hacer la solicitud de revocación y a partir de ahí iniciar todo el procedimiento, cuya ejecución requerirá de mayores recursos en la asignación presupuestal para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), y hagamos cadena de oración para que el consejero presidente no se encuentre en «estado inconveniente» si se lleva a cabo la revocación de mandato.
