Sería su primera reunión de gabinete luego de haber sido designado (y ratificado por el Legislativo) como titular de la Secretaría de la Función Pública. Para entonces, Ernesto González Romo ya había anunciado a los cuatro vientos que una de sus primeras acciones para combatir la corrupción y decirle adiós a los privilegios era renunciar al vehículo oficial designado para el desempeño en sus actividades.
Pues bien, junto a sus homólogos de la «nueva gobernanza», y apelando a un tema moral, conforme a los principios de la 4T, pidió a todos los titulares de dependencias que siguieran su ejemplo y renunciaran al uso de vehículos oficiales porque se trataba de un privilegio.
Y sí, los titulares dijeron estar en toda la disposición para renunciar a sus camionetas y suburbans y utilizar sus propios vehículos (en los que no debería cargarse gasolina con recursos públicos, como sí hace el secretario de Economía, un tal Rodrigo Castañeda Miranda, y hasta huachicolea los vehículos oficiales). La única condición: que les notificara de manera oficial, incluyendo el precepto normativo que así lo establecía… y que se queda callado.
Ya se sabía que González Romo sería puro show, tal como fue su paso por la 64 Legislatura, y aunque tuvo sus momentos de lucidez cuando presidió la Mesa Directiva, no dejaba de ser el ejemplo más elocuente de la decadencia en la que se ha convertido la política local.
Más de mil expedientes obran en las oficinas de la SFP en espera de una resolución, pero el pupilo de Soledad Luévano Cantú (¿alguien sabe si sigue viva, si rindió protesta como diputada federal?, ¿si ya fue a regar la rosa de la esperanza en la Alameda Trinidad García de la Cadena?) prefiere entretenerse con el show de revolcar asuntos pasados que, o ya prescribieron o ya subsanaron las sanciones.
Para no variar en eso de ser tan, pero tan predecible, este jueves ha convocado a un tour por el llamado monumento a la corrupción, el dichoso Centro Cultural Toma de Zacatecas, edificado durante el sexenio de Miguel Alonso y que, la verdad sea dicha, nomás no le hayan en qué usarlo. Vaya, en su momento ni siquiera lo quisieron los diputados locales para utilizarlo como nueva sede legislativa, y eso que en el actual recinto ya no cabe ni un alfiler.
Total, que el zar anticorrupción que dijo destapar la cloaca de la «Estafa Legislativa» y luego fingió amnesia, la hará de guía de turistas por el Centro Cultural para mostrar en qué condiciones se encuentra la inversión cercana a los 500 millones de pesos realizada en la recta final del sexenio alonsista.
El deterioro es más que evidente, pues aunque hoy alberga el Bachillerato Militarizado (ese que no han regularizado desde la Secretaría de Educación), ni en el quinquenio de Alejandro Tello, ni en lo que va de la «nueva gobernanza» le invirtieron en su mantenimiento, mucho menos movieron un solo dedo para buscar alguna utilidad para el recinto. Total, ahí está y sigue siendo patrimonio en los inventarios de bienes inmuebles del Gobierno del Estado.
Hemos de suponer que si llega a realizarse el Viaducto elevado, González Romo también dará un recorrido por el que representará una inversión seis veces mayor que el monumento a la corrupción.
Total, que el gatillero de la «nueva gobernanza» hoy se dedica a atraer los reflectores cuando el gobernador David Monreal está en el ojo del huracán. Y vaya que no ha dado una desde su tercer informe de gobierno, pero eso ya no es novedad, ya llevamos tres años de sus yerros, desatinos y declaraciones por demás desafortunadas…
Ahora González Romo la hace de Torquemada (en una muy burda actuación) para irse contra los perfiles que van intergando los gabinetes municipales, como el caso de Gabriel Morales Torres, recién nombrado como coordinador Interinstitucional de Seguridad Pública de Fresnillo, de quien el titular de la SFP a través de sus redes sociales (y no mediante las de la propia dependencia que encabeza) dio a conocer que el susodicho había sido sancionado con una inhabilitacipon por falta grave por un periodo de 7 meses y 15 días… con resolución del 3 de mayo de 2023. O sea, la sanción ya fue subsanada hace mucho.
¿Usted se preguntará qué caso tiene traer a colación una inhabilitación que ya fue? Pues según González Romo, el artículo 53 de la Ley de Responsabilidades le faculta para hacer del conocimiento público estas sanciones. Nada más que el artículo se refiere al momento de dictar una resolución firme.
Más preocupante resulta que la propia SFP esté incumpliendo con lo que le obliga la Ley de Trasnparencia y Acceso a la Información, pues como ente público, la dependencia está obligada a transparentar la lista de servidores públicos sancionados.
Y vaya sorpresas, pues en lo que va de la «nueva gobernanza» apenas se han publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) unos 83 procedimientos sancionatorios: 74 que concluyeron en sobreseimiento y apenas 9 en abstención de sanción. Ninguno con sanción firme (mucho menos acuerdos reparatorios).
Pero da la casualidad que entre todos estos procedimientos no figura la sanción a Gabriel Morales Torres, lo que pone en evidencia que la transparencia sigue siendo a modo (incluso desde la Función Pública) y que en adelante continuará la política de ventilar los asuntos de los enemigos políticos y ocultar los de amigos y compadres.
¿Pero ya se había terminado con la corrupción con la «nueva gobernanza», no? ¿O no se termina por decreto como el «Año de la Paz»? ¡Válgame!
A lo mejor entendimos mal a Ernesto González Romo y lo que pretendía informar es que Morales Torres ya había cumplido con su sanción y estaba en todo su derecho, y con todas sus facultades, para ocupar un cargo público. No sea que pretenda revictimizar como se criminaliza a las personas que purgaron una sentencia en algún penal y, tras cumplir su condena, se les impide su reinserción social por el estigma de haber delinquido.
Dobleteando
Pues que la diputada local panista Karla Guadalupe Estrada García también hará las veces de presidenta honorífica del DIF Municipal de la Capital y sólo atenderá su curul dos días a la semana (o sea, más o menos las veces que sesiona el pleno). Y si sobra tiempo, atenderá las sesiones en comisiones a las que sea convocada o la de Salud que ella misma preside.
Muchos pensarán que eso ya es vulgar ambición, y a lo mejor sí, pues eso de percibir casi 100 mil pesos al mes como diputada local, tan sólo por acudir dos veces por semana al Poder Legislativo, se traduce en un ingreso de poco más de 12 mil 300 pesos por cada día que tenga la disposición para ocupar su curul. Casi casi como el salario promedio mensual (¡mensual!) de los zacatecanos.
Pero hay más cosas detrás, pues se sabe que la intención de no dejar su curul se debe a fricciones entre el alcalde capitalino, Miguel Varela, y la actual dirigente estatal del PAN, Verónica Alamillo, quien ocuparía la suplencia de la diputada Karla Estrada si ésta decide presentar licencia al cargo.
Y no parece que haya interés en dejarle la curul a la dirigente estatal del albiazul (y sería ya la tercera dirigente estatal de un partido integrando la 65 Legislatura) cuando está en puerta la renovación de la dirigencia nacional y las dirigencias estatales de Acción Nacional. Un tema que seguramente debilitará a la oposición llegado el momento.
