Mientras en Zacatecas, las autoridades continúan buscando tanques de gas explosivos, o dando maromas sobre dennnnnsos operativos de seguridad por un «simple» intento de robo de vehículo en Pánfilo Natera, pero guardan mutis sobre homicidios, balaceras y hasta incendios provocados… la vida sigue para los zacatecanos en medio de noticias poco alentadoras.
Muy padre la reforma relativa a la Guardia Nacional que se incorpora a la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), lástima que Zacatecas no esté en las prioridades de la administración que encabezará a partir del 1 de octubre Claudia Sheinbaum, pues no se contempló a la entidad en el plan de sus primeras acciones y aquel despliegue del Plan Zacatecas II que contribuyó en mucho a reducir la incidencia de homicidios dolosos, pues partirá a otros lares.
Cómo vendrá la situación para la entidad que, previo al episodio de los malditos tamales explosivos o el atentado de este miércoles contra familiares de un funcionario de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), desde el 4 de septiembre ya se tenía el fallo a la Licitación Pública No. SAD-932079957-23-2024, relativa a la «adquisición de camioneta blindada», solicitada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Porque en la memoria de los zacatecanos, la última vez que se supo de camionetas blindadas fue aquella de la administración de Benjamín Medrano en el municipio de Fresnillo.
La recientemente licitada, incluso antes del tercer informe de gobierno del pasado 8 de septiembre, tendrá un costo de 3 millones 989 mil 500 pesos y será proporcionada por la empresa Equipos Tácticos de Seguridad SA de CV, única empresa licitante (mucho ojo al zar anticorrupción).
Y viendo las fechas del proceso de licitación, hace sospechar de los operativos de seguridad para el tercer informe de gobierno, o para el Grito de Independencia, o para el desfile alusivo del pasado 16 de septiembre, donde además de poner un cerco al pueblo bueno y sabio, quizá también se intentaba reducir los factores de riesgo ante un posible atentado contra el gobernador David Monreal (¿o sería en contra de alguno de sus funcionarios?).
Será el sereno, pero esta sucesión de hechos en el último mes han culminado con la aprobación de la reforma relativa a la Guardia Nacional, tema sobre el que David Monreal celebró que Zacatecas fuera de los primeros estados en aprobar la minuta correspondiente, haiga sido como haiga sido y aunque los elementos de esta corporación ya se encuentren haciendo maletas para retirarse de territorio zacatecano.
La discusión de la minuta en el pleno de la 65 Legislatura tampoco arrojó sorpresas: la oposición desempeñó su papel como oposición y el oficialismo, pues circo, maroma y teatro. Sorprende, eso sí, que en cuanto llegó la minuta al Poder Legislativo pasó a su lectura, discusión y votación en el pleno, porque con esa rapidez suponemos que se dio lectura al contenido, se procesó, se analizó a detalle, se hicieron observaciones (a favor o en contra) y hasta se proyectó el impacto que tendría esta reforma federal en el contexto local.
Porque si bien el Ejército y la Guardia Nacional gozan de mayor confianza entre la población que las corporaciones estatales o municipales, según diversas mediciones del INEGI, no se debe dejar de lado que también son las que acumulan mayor número de quejas por violaciones a los derechos humanos.
Por encima de todo, valdría la pena preguntar por esta reforma a quienes hoy dependen de la presencia de las fuerzas armadas para velar por su seguridad, como en Jerez, Valparaíso o el tan polémico caso de Apulco, que en los últimos tres años ni siquiera conoció a su alcaldesa.
¿Por la tangente?
Mientras esto ocurre en materia de seguridad, en la Capital no parece que vaya a mejorar el arranque de la nueva administración del panista Miguel Varela, quien anunció que habrá una auditoría integral para evaluar la situación actual del municipio.
Porque no es secreto el improvisado proceso de entrega-recepción luego de un fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ratificaba el triunfo de Varela Pinedo, minutos antes de que concluyera la administración de Jorge Miranda Castro.
Todo muy bien, excepto cuando el alcalde panista anunció que llamaría a otros alcaldes (principalmente de oposición) a integrar una especie de «asociación» que se iría por la tangente en materia de fiscalización porque no confían en el auditor superior del estado, Raúl Brito Berumen, y en su lugar buscarían ser auditados por un despacho externo.
Porque, a su parecer, el eterno auditor que parece haberse perpetuado en el cargo ha actuado por consigna con laxas auditorías para los agraciados por la «nueva gobernanza» (¿o era la secta?), pero muy duras (y con sanciones exorbitantes) para los disidentes.
Ciertamente, Raúl Brito es una fichita. En su momento, fue acusado por MORENA de no actuar en presuntos casos de corrupción y desfalco como el quebranto del ISSSTEZAC, el déficit en la nómina magisterial o hasta en monumentos a la corrupción. Pero tampoco lo ha hecho en el caso del millonario negocio de Trash, o en la Estafa Legislativa (¿cómo osaría la ASE ir contra su patrón, el Poder Legislativo?) o la simulación de licitaciones que ha caracterizado al Sistema Estatal DIF durante la «nueva gobernanza».
Sin embargo, no todo es responsabilidad del titular de la ASE, pues (la verdad sea dicha), es facultad de los diputados locales intervenir en la dictaminación de las respectivas Cuentas Públicas del estado, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos. Y si la dictaminación ha favorecido a unos y agraviado a otros, pues hay que pedirle cuentas a quienes integraron las comisiones unidas de Vigilancia y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Más aún, habrá qué preguntarse por qué la oposición en la 65 Legislatura avaló entregar las presidencias de dichas comisiones al oficialismo: la de Vigilancia, encabezada por la coordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde (PVEM), Lindy Bugargín; y la de Presupuesto y Cuenta Pública, por la exsíndico capitalina Ruth Calderón (quien podría incurrir en conflicto de interés en el caso de las Cuentas Públicas de la Capital).
Más allá de este contexto, habrá que preguntarse ¿qué validez jurídica vinculante tendría una auditoría a las cuentas públicas realizada por un despacho externo, como sugiere el alcalde Miguel Varela, conforme a la normatividad existente? La única excepción fue la auditoría especial realizada para justificar la reforma a la Ley del ISSSTEZAC. Pero, pues, cada quién…
