Cuando la hoy diputada federal Soledad Luévano apenas se desempeñaba como diputada local, mucho antes de ser candidata a la presidencia municipal de Zacatecas o de llegar al Senado, inició el ascenso en su carrera política mostrándose como verdadera oposición al gobierno en turno: el sexenio de Miguel Alonso Reyes.
En aquel entonces no sólo fue una de los tres legisladores que votó en contra del refinanciamiento de la deuda pública y la contratación de nueva deuda que se dispararía hasta más de 7 mil millones de pesos (los otros dos fueron Rafa Flores y Lupita Medina, quienes aspiraban a una candidatura a la gubernatura en 2016).
Luévano Cantú también emprendió una cruzada en contra de «los corruptos» en el sexenio alonsista, y muchos recordarán que durante las glosas de cada informe de gobierno se dedicó a exhibir pruebas y más pruebas de presuntos actos de corrupción.
Su guerra intestina no cesó en los años siguientes, al contrario, varios asuntos los llevó ante la Fiscalía General de la República (FGR) donde siguen archivados por instrucciones de sabe quién.
Y ese amor al sexenio alonsista lo heredó a su pupilo Ernesto González Romo: exaspirante (frustrado) a la candidatura a la presidencia de Zacatecas (fue una piedra en el zapato para Ulises Mejía Haro), excandidato (perdedor) a reelegirse como diputado local y hoy secretario de la Función Pública.
Pues ese pleito casado con el alonsismo hoy parece pervivir a través de una nueva figura: el diputado local Martín Álvarez Casio, otrora aspirante a la candidatura a la presidencia municipal de Fresnillo y exsecretario de Gobierno en la administración de Saúl Monreal Ávila.
Porque en la sesión ordinaria de este miércoles en la 64 Legislatura, el morenista (y monrealista) presentó una iniciativa por la que se adiciona un artículo al Código Penal del Estado de Zacatecas a fin de que los delitos en materia de corrupción no prescriban.
En palabras del diputado, el propósito de la inicitiva es que «ningún servidor público amparado en el influyentismo, cuotas de poder o fuero se sienta superior a los demás ciudadanos, evitando la impunidad con el transcurrir del tiempo«.
El problema no sólo es una cuestión de percepción, y tampoco se restringe únicamente al sexenio de Miguel Alonso Reyes, pues a la fecha existen más de 700 carpetas de investigación donde están involucrados servidores públicos acusados de los delitos materia de la iniciativa.
Y como dijo Martín Álvarez: «¿qué va a pasar si no se obtienen las suficientes pruebas del delito y su presunto autor? Pues esos delitos van a prescribir«. Porque esos delitos tampoco son cosa menor. Se trata de asuntos como delitos relacionados con hechos de corrupción; ejercicio indebido o abandono de funciones públicas; abuso de autoridad; coalición; delitos cometidos contra la administración pública; cohecho; peculado; concusión; delitos cometidos en la custodia de documentos; enriquecimiento ilícito; tráfico de influencias y negociaciones ilícitas; así como intimidación.
La cuestión es que, de aprobarse esta iniciativa (que fue turnada a comisiones para su estudio y dictamen), las nuevas disposiciones ya no aplicarían a los asuntos cacareados por el titular de la SFP debido al principio de retroactividad. Sin embargo, sí podrían ser aplicables al sexenio de la «nueva gobernanza», y vaya que tienen una larga, muy larga cola de acusaciones al amparo del gobernador David Monreal.
De ser así, de aprobarse la iniciativa, también habría varios diputados locales de la 65 Legislatura que ya tendrían que ir pensando en conservar su fuero, porque vaya que se les ha vinculado con presuntos delitos contemplados en la iniciativa de Álvarez Casio.
Y a propósito de impartición de justicia, bien raro que en la sesión ordinaria de este miércoles originalmente se contemplaba en el ordel del día una iniciativa propuesta por el diputado morenista Chuy Padilla a fin de homologar la normatividad local con la reciente reforma al Poder Judicial, especialmente en lo relativo a la elección de jueces y magistrados. Pero a la hora de la hora, el diputado solicitó bajar la iniciativa del orden del día para presentarla en otro momento. ¡Qué cosas!
Extorsiones en la CDHEZ
Tuvieron que pasar entre cuatro y cinco convocatorias para que el pleno de la 64 Legislatura designara a los seis integrantes faltantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) y todo porque hubo diputados que entonces condicionaban su voto para tener «cuotas y cuates».
Como recordará, estimado lector, el 31 de mayo de este año se eligió por mayoría a los primeros dos integrantes de este Consejo Consultivo: José Luis Corona Romero y Sonia González de Luna. Las otras cuatro posiciones quedaron desiertas en aquella sesión debido a que no reunieron los votos necesarios para su aprobación.
Luego, en sesión del 1 de julio, al término del último periodo ordinario de la 64 Legislatura (y antes de dar paso a la Comisión Permanente), se eligió por unanimidad a los cuatro perfiles faltantes del dichoso Consejo Consultivo: Ana Hilda Rivera Vázquez; Francisco Fernando Torres Mireles; Lisandro David Carrillo Félix; y Yadira Esther Karina Pulido Valadez.
Pues bien, entre esos seis perfiles electos en la 64 Legislatura hay al menos dos (y los dos son hombres) que corresponden a cuotas impuestas por Néstor Santacruz, a través de su hermana la entonces diputada Zulema Santacruz, cuya labor se ha centrado no sólo en llevar los asuntos personales del primero con cargo al presupuesto de la CDHEZ, sino que además se han dedicado a extorsionar a la presidenta del organismo, Maricela Dimas Reveles.
Sí, así como lo lee. Porque a su parecer (o vaya usted a saber al parecer de quién), los integrantes del Consejo Consultivo merecen un incremento en su dieta, a pesar de que en la mayoría de estos organismos en el país estos cargos son honoríficos; es decir, que no reciben un pago por su labor.
Y no conformes con ello, al ser abogados de Néstor Santacruz en un conflicto familiar, pretenden que la propia CDHEZ resuelva dichos asuntos en favor de su representado, en evidente conflicto de interés (y en un escándalo de tráfico de influencias).
Y si no le ha parecido suficiente, esos mismos dos consejeros exigen a Maricela Dimas la contratación de personas a su contentillo, para extender eso de las «cuotas y cuates». Y lo peor es que junto a los extorsionadores se puede apreciar al exdirigente estatal del PRD, Raymundo Carillo. O sea, el caso es mayor a lo que se pensaba.
Así que la 64 Legislatura mucho tiene de responsabilidad en los nombramientos aprobados para el dichoso Consejo Consultivo, cargos en los que permanecerán los designados por un periodo de tres años que bien podrían ser una pesadilla para la CDHEZ y para sus beneficiarios, teniendo a consejeros interviniendo en los asuntos en los que estén implicados.
¿No estaría en manos de la 65 Legislatura la posibilidad de revocar dichos nombramientos?
