Después de dos comparecencias aparentemente planchadas en materia de seguridad (la del secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza; y la del secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral), queda más clara la necedad se insistir en un «Año de la Paz» con base en una reducción de homicidios dolosos, ignorando otros delitos que inciden en la percepción de seguridad.
Con esta premisa, el pasado viernes 11 de octubre se desarrolló la Segunda Sesión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia Noreste-Noroeste, presidida por el gobernador David Monreal y a la que asistieron los fiscales de Coahuila, Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas, así como representantes de Sonora, Chihuahua y Durango.
También, representantes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley, y de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); así como el fiscal especializado de Control Regional, Germán Adolfo Castillo Banuet, en representación del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.
O sea, una reunión de alto pedo en la que el gobernador David Monreal reiteró por enésima ocasión que Zacatecas se ubica entre los estados más seguros del país debido a que la tasa de homicidios se redujo de 11.4 a 1.4 por cada 100 mil habitantes.
Y dos días más tarde, este domingo 13 de octubre, se registraron al menos 4 homicidios dolosos en diferentes hechos, de entre los cuales el que causó quizá mayor conmoción fue el ocurrido en la Plaza Bicentenario, a la vista de todos los transeúntes (incluyendo menores de edad) y en un punto donde no es la primera vez que se registran estos hechos (pero cada que ocurren se promete que habrá mayor vigilancia).
No conformes con la necedad de las cifras a la baja en homicidios dolosos, se informa que a través del fiscal general de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, durante la reunión de alto pedo de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se dijo que se abordarían las encuestas de percepción de inseguridad en Zacatecas. Y que trabajarían con el INEGI porque «tenemos que cambiar esa coyuntura entre la percepción y la realidad«.
Han de pensar que el INEGI elabora encuestas a modo como las casas encuestadoras que hacen su agosto en periodo electoral, con eso de que «el que paga, va ganando en las preferencias».
Lo que llama la atención es el uso selectivo que la «nueva gobernanza» da a la información estadística que genera el INEGI y la descalificación de la que es objeto cuando esos datos no son convenientes a sus intereses, por no decir a sus «otros datos».
En lo que va de la actual administración, cada trimestre Zacatecas y Fresnillo han quedado mal parados a nivel nacional por estar entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).
Pero esta encuesta no mide los homicidios dolosos, sino aquellos factores que contribuyen a que la población se sienta insegura y que en mayor medida corresponden a lo que establece el Artículo 115 Constitucional (que es competencia de los municipios).
Y si algo nos dice la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) es que las víctimas del delito van en aumento, porque en materia de seguridad no todo se reduce a homicidios dolosos; hay un amplio catálogo que puede consultarse en el Código Penal y en el desglose estadístico mensual que ofrece el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Pero pongámoslo en perspectiva para que quede más claro. Tomando como referencia el último reporte de incidencia delictiva del SESNSP, con corte al 31 de agosto, en Zacatecas se han reportado 17 mil 489 delitos en los primeros ocho meses de este año.
De ese total, sólo 255 casos corresponden a homicidios dolosos; es decir, apenas el 1.45% de los delitos reportados (y la ENVIPE recuerda oportunamente que hay un alto porcentaje de delitos que no se denuncian).
Por encima de los homicidios dolosos hay un grave problema en los delitos contra el patrimonio (7 mil 213 casos), delitos contra la familia (3 mil 214) y hasta delitos contra otros bienes jurídicos afectados (3 mil 266). ¿Y qué ha hecho la «nueva gobernanza» para presumir una baja estadística en la incidencia de estos delitos? Y conste que aquí todavía no consideramos la estadística de personas desaparecidas y no localizadas…
Si la estadística de percepción de inseguridad e indicencia delictiva le agregamos lo que arroja la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental (ENCIG), nos queda una bonita fórmula con la alta prevalencia de actos de corrupción y la muy baja confianza de la población en sus autoridades.
Ya si nos ponemos con políticas transversales, pues también habría que tomar en cuenta lo que arroja la Encuesta Nacional del Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH), la misma que toma como base el Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL) para la medición de la pobreza en sus diferentes dimensiones.
Esa estadística nos permite ver que en Zacatecas continúa la alta dependencia de remesas familiares (y hay que insistir por enésima ocasión que un incremento en el flujo de remesas no es un logro de gobierno, sino un indicador de que las cosas van mal), y que los programas federales de transferencias de recursos no necesariamente están llegando a los más pobres, contraviniendo quizá la premisa más importante de la 4T: «por bien de todos, primero los pobres».
Si en esa ecuación también tomamos en cuenta indicadores económicos, como el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), o el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), pues no resulta extraño que en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Zacatecas aún mantenga un alto porcentaje de población económicamente activa laborando en condiciones de informalidad (más del 60%).
En resumen, el «Año de la Paz» apenas ha incidido en menos del 2% de los delitos reportados en Zacatecas, lo que se traduce en una alta percepción de inseguridad que además de desalentar la atracción de inversiones (y de ello hay constancia en la estadística de Inversión Extranjera Directa), impacta en la baja generación de empleos (más bien se ha traducido en pérdidas, especialmente en empleos formales), que a su vez incide en el incremento de población en pobreza extrema que ve agudizadas sus vulnerabilidades por una errada política de desarrollo social.
Si a estas alturas seguimos creyendo que el INEGI es el culpable de la alta percepción de inseguridad por no centrar su estadística en ese 1.45% de los delitos en los que se basa el «Año de la Paz», pues sale más barato firmar para la revocación de mandato.
