Este martes, mediante un comunicado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informó que sometió a consideración de la 65 Legislatura la solicitud de declaratoria de procedencia del presidente municipal de Apulco, Mauro Jáuregui Muñoz, quien apenas había rendido protesta en el cargo el pasado 15 de septiembre con total hermetismo.
El comunicado de la Fiscalía, aunque escueto, señala que esta solicitud de desafuero responde a que «se cuenta con una investigación en contra del servidor público, misma que se encuentra debidamente integrada y próxima a judicializar«.
Y agrega: «Sin embargo, conforme a la legislación aplicable, previo a ejercitar acción penal en contra del alcalde, es necesario retirar la inmunidad penal que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas le confiere«.
De manera extraoficial, se sabe que dicha solicitud de procedencia ya está en manos de la Comisión Jurisdiccional que encabeza el diputado panista Pedro Martínez y que integran también los diputados Eleuterio Ramos (PRD), Susana Barragán (PVEM), Jaime Manuel Esquivel (MORENA), Marco Vinicio Flores (MC) e Isadora Santiváñez (PRI).
Sobre ellos y ellas en los próximos días se concentrarán los reflectores para vigilar su actuar en la dictaminación a la solicitud de procedencia, que no es otra cosa que retirar la inmunidad procesal a fin de que el presidente municipal pueda enfrentar la justicia sin el privilegio que le otorga el fuero constitucional.
Evidentemente, el caso recuerda al proceso de desafuero que enfrentó el entonces presidente municipal de Guadalupe, Julio César «N», hoy prófugo de la justicia y a quien se le atribuye la presunta coautoría (junto a su esposa María de Jesús «N») en el homicidio del abogado Raúl Calderón Samaniego.
Sin embargo, su caso tuvo una serie de errores que derivaron en un amparo al exalcalde de Guadalupe en los que hoy deberán poner atención las autoridades involucradas para evitar que la situación se repita con el alcalde de Apulco.
Como se recordará, fue durante una comparecencia ante la 64 Legislatura que el extitular de la FGJEZ, Francisco Murillo Ruiseco, advirtió de manera velada que habría procuración de justicia incluso contra funcionarios que contaban con fuero. Y una semana después llegó al Poder Legislativo la solicitud de declaración de procedencia para desaforar a Julio César «N».
En aquella ocasión, la solicitud se sustentaba en que ya había una orden de aprehensión que requería de retirar la inmunidad procesal para ejecutar la acción penal. Pero esta solicitud únicamente se refería al entonces presidente municipal de Guadalupe, no así para la otra persona involucrada que no contaba con fuero constitucional y sobre la cual no hay evidencia de que se realizaran acciones para cumplimentar la orden de aprehensión en su contra.
La Comisión Jurisdiccional, en tiempo récord, demoró algo así como dos semanas en deliberar sobre el dichoso desafuero de Julio César «N», en un procedimiento donde se ofreció el derecho de audiencia a la cual no se presentó el imputado, pero envió como representante a uno de sus abogados, quien en complicidad con la entonces diputada Violeta Cerrillo (hoy directora de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas) pretendía entorpecer el proceso para evitar el desafuero y/o la ejecución de la acción penal.
Al final, Julio César «N» continúa prófugo a más de un año de cometido un crimen cuyas víctimas directas e indirectas no han tenido justicia y la principal responsabilidad pesa sobre el exfiscal Francisco Murillo, quien hizo las cosas al revés quién sabe si intencionalmente (Usted juzgue, estimado lector).
Hoy, a diferencia del desafuero de Julio César «N», el fiscal Cristian Paul Camacho Osnaya ha seguido un procedimiento ligeramente diferente. Para evitar un amparo, la FGJEZ primero ha hecho la solicitud de desafuero al alcalde de Apulco, mucho antes de judicializar la carpeta de investigación, para luego ejercer acción penal en su contra.
De manera extraoficial, se sabe que los delitos que se le imputan a Mauro Jáuregui (quien será llamado Mauro «N» una vez que sea vinculado a proceso) son clasificados como graves, pues se trataría de su presunta responsabilidad en asociación delictuosa e incluso homicidio en grado de tentativa.
A la Comisión Jurisdiccional y al pleno de la 65 Legislatura no les corresponderá juzgar si Mauro Jáuregui es culpable o no de los delitos que se le imputan; su papel únicamente será deliberar si es procedente o no la solicitud de desafuero (retirar la inmunidad procesal) para que enfrente el proceso judicial en su contra como cualquier ciudadano. Sobre su culpabilidad o inocencia ya resolverán la FGJEZ y el Poder Judicial del Estado de Zacatecas en la siguiente etapa procesal.
La situación no es sencilla. Como se recordará, el municipio de Apulco ya había estado en la polémica debido a que su anterior presidenta municipal gobernó a distancia, no directamente en el municipio, por presuntas amenazas de grupos criminales.
Luego, durante el proceso electoral 2023-2024 no sólo hubo conflictos por la postulación de escasos candidatos, también por amenazas de grupos criminales que el día de la jornada electoral derivaron en el robo de urnas.
Al final, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) resolvió otorgar a Mauro Jáuregui su constancia de mayoría que lo acreditaba como presidente municipal electo de Apulco por Movimiento Ciudadano (MC), cuya dirigencia estatal no ha emitido un pronunciamiento sobre la solicitud de desafuero, muchos menos sobre los delitos que se le imputan.
Y aunque en las redes sociales del Ayuntamiento de Apulco se anunció que habría un posicionamiento al respecto, ya han pasado casi 24 horas y no hay tal.
Lo siguiente, en caso de que proceda la solicitud de desafuero, es separar del cargo a Mauro Jáuregui y que su puesto sea ocupado por su suplente… a menos que también se encuentre vinculado en la carpeta de investigación contra el todavía alcalde de Apulco.
Por lo pronto, es de reconocer el papel que ha jugado el actual titular de la FGJEZ, quien aún no cumple su primer año al frente de la Fiscalía y ha dado un giro al trabajo que se realiza en dicho organismo de procuración de justicia.
El ejemplo más claro está en la reciente identificación de unos 170 cuerpos sin vida que se encontraban en el Servicio Médico Forense (SEMEFO), la mayoría sin identificar desde el 2016, y todo gracias a un convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE) que no representó un impacto a las finanzas de la Fiscalía. ¿No podía hacerse en tiempos de Francisco Murillo para evitar el dolor que han sufrido familias como la de Virginia de la Cruz?
Y si hablamos de sentencias (el último eslabón en la cadena de procuración e impartición de justicia), la eficiencia con Camacho Osnaya está más que demostrada. Así que la esperanza en que las cosas se hagan bien en la FGJEZ hoy es más fuerte que nunca, porque hoy está dando muestra de que sin filias ni fobias (ni mucho menos por proteger a grupos de poder) se puede proceder contra los delincuentes, así tengan fuero constitucional.
La pregunta es: ¿podrá el fiscal resolver el homicidio del joven Jorge Iván, entre cuyos responsables figura el nombre de un Monreal?
