Entre avances, omisiones y mentiras

En el segundo día de comparecencias ante la 65 Legislatura con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno, al secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, se le quebró la voz casi al cierre de sus intervenciones, cuando hacía un reconocimiento a los elementos policiacos caídos en el cumplimiento de su deber.

Para secundarlo en su dolor, la presidenta de la Mesa Directiva, Susana Barragán, declaró un minuto de silencio en el pleno para luego pasar al cierre de la comparecencia.

Con una 65 Legislatura que no termina de cuajar, y que por razones que sólo Obama ha de conocer aprobó un calendario de comparecencias muy raro (algunas en el pleno y otras en comisiones, la mayoría), no había mucha expectativa en la rendición de cuentas sobre el tema de temas: la seguridad.

El reconocimiento a los policías que perdieron la vida cumpliendo su deber en mucho responde a la tan llevada y traída gráfica de la disminución de homicidios dolosos, uno de los principales avances que ha tenido la «nueva gobernanza», aunque esta reducción aún no se traduzca en una mejora en los índices de percepción de seguridad.

Este reconocimiento fue extensivo en voz de varios diputados de todas las bancadas, quienes aludieron a casos específicos, como en la sierra de Jerez, en los límites entre Valparaíso y Durango o en algunas comunidades de Fresnillo, donde la violencia y los conflictos armados fueron reducidos con una estrategia de seguridad en la que participan mayormente elementos del Ejército Mexicano o de la Guardia Nacional.

Ciertamente, Medina Mayoral no es político, y en sus intervenciones dejó en claro su formación militar: a preguntas concretas, respuestas concretas (aunque algunas no convencieran), con una larga serie de numeralias que fueron las grandes ausentes en la comparecencia del secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza.

Al cierre de su mensaje, una frase destacó de entre todo el discurso: «no vamos a permitir que ningún grupo delincuencial quiera apoderarse del estado«. Porque en el año que se informa se realizaron algo así como 25 mil 435 operativos que permitieron desarticular 54 células delictivas y lograr la detención de 5 mil 840 personas: 4 mil 333 por faltas administrativas, 244 por delitos del fuero federal y el resto, por delitos del fuero común.

Sin embargo, más allá de un «Año de la Paz» que no comunica, los grandes ausentes en la comparecencia del titular de la SSP fueron las personas desaparecidas y no localizadas, un tema preocupante y a la alza en contraste con la disminución de homicidios dolosos.

Tampoco es que nuestros diputados locales fueran de mucha ayuda, pues la mayoría parece que ni siquiera han consultado el documento del tercer informe de gobierno. Por ello sus preguntas tan parcas y vagas (ni siquiera se molestaron por preguntar sobre la explosión que no fue explosión pero sí fue explosión durante el concierto de cierre de la FENAZA 2024), más allá de la excusa por el formato de la glosa.

Bien raro que durante toda la comparecencia no hubiera una sola mención a la sentencia por más de 1 mil 400 años de prisión contra dos personas procesadas por el macabro regalo de Día de Reyes, aquel 6 de enero de 2022, en Plaza de Armas. Y eso que también forma parte de los resultados en materia de seguridad.

Pocas fueron las voces que en escasos tres minutos, apenas alcanzaron a cuestionar por temas pendientes para los zacatecanos, como la brutalidad policiaca en contra de las mujeres que se manifestaban con motivo del 8 de Marzo.

La respuesta, más que dar certeza, sólo genera mayor preocupación. Ya el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes, había enfatizado que él no había dado la orden de propinar senda golpiza a las mujeres (y recuerda tanto al «yo no la maté«, de Alejandro Tello). Y que no estaba en sus atribuciones.

En tanto, Medina Mayoral señaló que los elementos policiacos únicamente actuaron con base en los protocolos, dando a entender que nadie dio la orden, aunque preocuparía que las fuerzas de seguridad se manden solas.

Ya eso de responder si hubo consecuencias por lo ocurrido, eso ya es avaricia. Ahí que las víctimas sigan esperando justicia, porque al final, para la «nueva gobernanza», lo único que parece importante en el tema de temas es la reducción de homicidios dolosos. Los demás delitos, esos que inciden en la percepción de inseguridad, a ver pa cuándo.

Por lo pronto, este lunes comienzan las comparecencias en comisiones y toca el turno al zar anticorrupción, el recién estrenado secretario de la Función Pública, Ernesto González Romo, quien ya se adelantó como Mohni Vidente a lo que ocurrirá a las 10 de la mañana en el recinto legislativo.

Según expresó el exdiputado local en sus redes sociales: «la comparecencia se mandó a comisiones a petición de algunos diputados que no quieren que se hable de la corrupción del pasado en el pleno«.

Entonces mucho habría que preguntarle a quienes integran la Junta de Coordinación Política (JUCOPO): Chuy Padilla (MORENA), Lyndi Bugarín (PVEM), Nanis Romo (MC), Carlos Peña (PRI), Pedro Martínez (PAN) y Alfredo Femat (PT), pues según el razonamiento del titular de la SFP, esos mismos diputados que aprobaron el calendario de comparecencias (y dónde se desarrollaría cada una) tampoco quieren que se hable de la simulación de licitaciones, aviadores, despidos y demás actos sospechosos en la Secretaría de Administración.

Tampoco quieren que se hable del Viaducto elevado o el sobrecosto en proyectos de obra pública; del Platabús o de los beneficiarios de licitaciones amañadas en la SEDUVOT; del retraso (por decir lo menos) en la ejecución de proyectos del 2×1 (o las alertas de viaje del gobierno de Estados Unidos por temas de inseguridad), del silencio de la SEMUJER por la brutalidad policiaca del 8M, o del desastre en los indicadores económicos (ya, por favor, por el amor de Dios, ¿cuándo renuncian a Rodrigo Castañeda Miranda?).

Porque todos esos temas fueron turnados a comisiones y no serán sometidos a la consideración del pleno. ¿O nada más existe la corrupción del pasado?

Eso sí, desde este espacio tenemos una duda razonable para el zar anticorrupción: ¿por qué si en el segundo informe de gobierno se reportan más de 45 millones de registros en la Plataforma Nacional de Transparencia, en el tercer informe únicamente se reportan 7 millones 17 mil 652 registros? ¿Vamos para atrás en la rendición de cuentas?

Y una segunda duda: ¿ya se acabaron los moches quincenales a los titulares de Órganos Internos de Control?

Ya eso de que los diputados se estén poniendo de acuerdo para no reunir quórum, eso ya es exagerar, pues en la comisión legislativa del Sistema Estatal Anticorrupción apenas hay tres diputados: Maritere López (PAN) como presidenta, y Carlos Peña (PRI) y Jaime Manuel Esquivel (MORENA) como secretarios. ¿O quería más audiencia para su show?