Unos 15 o 20 minutos antes de cada comparecencia con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno, en la explanada del Congreso del Estado se ha podido ver puntualmente al jefe de Oficina del Gobernador, un tal «Zuñi«, tomando lista de quienes reciben la instrucción de asistir a aplaudir y echar porras con todo y pancartas a cada uno de los funcionarios comparecientes.
Quien ha sido acusado de tener el control sobre cualquier licitación y cualquier compra (así sea un rollo de papel higiénico) en la «nueva gobernanza», y hasta decidir a qué proveedor se le ha de comprar (o incluso si se autoriza cualquier compra), ni siquiera ingresa al recinto legislativo para escuchar la rendición de cuentas de cada dependencia.
Su papel se limita a garantizar que se cumpla la instrucción de acarrear a la porra (no se sabe si con cargo al erario y mucho menos si los acarreados forman parte de alguna nómina). Pero esta acción en muy poco ayuda a la pasarela de funcionarios a quienes también se pretende obligar a posar en la toma de videos promocionales con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno.
Ya en la comparecencia del secretario de la Función Pública, Ernesto González Romo había sugerido que se estaban dando estas prácticas, con todo y preguntas sembradas entre diputados (entiéndase el oficialismo).
Y sobre el tema fue cuestionado este martes el secretario de Finanzas, Ricardo Olivares Sánchez, quien educadamente negó el acarreo de funcionarios y acusó que sería «una falta de respeto a los diptuados» sugerir que se siembren preguntas.
En los hechos, es fácil identificar a quienes en su intervención se dedican a dar un recuento de lo reportado en el documento del tercer informe de gobierno, casi casi como si leyeran una tarjeta informativa (por no decir un acordeón). Vaya, hasta la estructura de sus mensajes no varía. Pero, pues, cada quién.
Lo cierto es que Olivares Sánchez es demasiado educado como para reconocer textualmente que tener una mayoría de MORENA y aliados en el Congreso de la Unión no necesariamente se ha traducido en mejores presupuestos para Zacatecas, pese a los incrementos en cada ejercicio fiscal.
El funcionario que bien puede llevarse el mote de «prodigio de las finanzas» coincidió durante su comparecencia con algunos diputados en el sentido de lo lamentable que fue eliminar fondos, fideicomisos y programas federales (como el Fondo Minero o el Programa 3×1) porque claro que impactó en las finanzas locales. Y tampoco es que en la Cuarta Transformación haya mucha bonanza presupuestal.
De hecho, durante su comparecencia, Ricardo Olivares recordó que para el ejercicio fiscal 2023 se contó con un paquete económico moderado (por decir lo menor), que no iba a la par del optimismo proyectado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Y como muestra de esa moderación, desde el año pasado se creó un Fondo de Estabilización para hacer frente a posibles escenarios negativos, pero también un Fondo de Inversión Pública Productiva para no bajar el ritmo en el gasto público, sin olvidar pequeños fondos para el rescate financiero de organismos públicos descentralizados (no todos) o municipios.
El tiempo le dio la razón al titular de la SEFIN, pues el ejercicio fiscal 2023 estuvo plagado de situaciones negativas para las finanzas estatales, según dijo textualmente el funcionario durante su comparecencia.
Por una parte, una reducción en la recaudación participable, especialmente en el IVA y en ingresos petroleros (PEMEX, a estas alturas, genera más pérdidas que producción de barriles), sin olvidar una reducción del IEPS y los ingresos provenientes de otros fondos a los que ya no accedió Zacatecas. Esto se tradujo en unos 2 mil 911 millones de pesos menos para nuestra entidad y representó la caída más fuerte en todo el país.
¿Cómo se explica que, a pesar de este escenario negativo, Zacatecas haya salido a flote en sus finanzas y todavía se garanticen recursos para un Viaducto elevado? Porque no es cosa menor la presión que genera la deuda pública (que hoy ronda los 6 mil 700 millones de pesos y terminará de pagarse hasta el año 2037), como tampoco el déficit de algo así como 2 mil 500 millones de pesos en la nómina educativa.
Pues más o menos como se planifican los ingresos y los gastos en cualquier hogar. Porque si algo hemos aprendido de los informes financieros trimestrales que publica la SEFIN es que los subejercicios (que insisten en no llamarles subejercicios porque se pueden aplicar hasta el 31 de marzo del siguiente ejercicio fiscal) se mantienen en niveles muy elevados durante la primera mitad de cada año.
Esta medida permite que, mientras se calientan los dineros en cuentas bancarias, se generen rendimientos con los que luego se alimentan los fondos y fideicomisos que mantienen a flote las finanzas estatales.
Estos rendimientos, más los ingresos que se obtienen por gestiones extraordinarias (por ejemplo, el programa U080 con el que mes a mes se compensa el déficit en la nómina educativa), más los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, más el superávit por una mejor recaudación propia (que no es lo mismo que un incremento en los impuestos), más los seguros de cobertura de la deuda pública (contratados en el quinquenio de Alejandro Tello); todo eso ha permitido aminorar el impacto por la caída en ingresos federales proyectados en el PEF.
Y la dinámica continuará en el paquete económico del 2025, como adelantó en su comparecencia Ricardo Olivares Sánchez. Porque con el reciente decreto de estímulos fiscales a PEMEX, se ve difícil que en el corto plazo se pueda revertir la tendencia a la baja en los ingresos petroleros que luego se distribuyen a las entidades federativas.
De hecho, el propio titular de la SEFIN ya advirtió que se avecina un cierre complicado de este 2024, sobre todo por los compromisos en subsistemas educativos donde el COBAEZ ya es «punto y aparte» (casi casi, no tiene remedio). Y en eso de firmar como aval solidario para el rescate financiero de la UAZ, ni hablar. Eso ya supera la normatividad fiscal y de disciplina financiera, y en todo caso es un tema en el que primero debe intervenir el Consejo Universitario. Ahí que el rector Rubén Ibarra Reyes siga diciendo que ya merito rescatan a la UAZ, a ver quién le cree.
Lo cierto es que, en medio de cuatro horas de tecnicismos, se le puede reconocer al «prodigio de las finanzas» el hecho de no recurrir a deuda de corto plazo, o al adelanto de participaciones, para mantener a flote las finanzas públicas.
También, el contar con herramientas como fondos contingentes para hacer frente a la baja en la recaudación federal; el pago puntual de la deuda pública heredada para llegar a un nivel sostenible; el pago puntual de impuestos federales (lo que ha evitado el congelamiento de cuentas o el cobro a lo chino desde el SAT); y a partir de la 64 Legislatura, el disponer de nuevos ordenamientos legales como la Ley Antiquebranto para poner candados a la deuda pública o evitar el saqueo de cuentas en cada cambio de adminstración.
Si los diputados locales entendieron o no lo que se mostraba entre tecnicismos, y que al final recaerá en el pleno de la 65 Legislatura con la discusión del paquete económico 2025, eso ya es responsabilidad de los votantes que hoy disfrutan lo votado, aunque sus representantes populares no entiendan la O por lo redondo. Y eso incluye la Cámara de Diputados.
