Mientras miles de mujeres que se manifestaban en Plaza de Armas con motivo del Día Internacional de la Mujer recibían una brutal golpiza a manos de policías, la secretaria de las Mujeres, Karla Isabel Guardado Oropeza, conmemoraba el 8M creando reels para sus redes sociales (con todo y la canción «Flowers» de Miley Cyrus) para seguir romantizando este día de lucha y de protesta.
Meses después, en su comparecencia ante el Poder Legislativo (bueno, ante la Comisión legislativa de Igualdad Sustantiva porque alguien decidió que no compareciera ante el Pleno) con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno, este martes Guardado Oropeza hizo ver que el silencio también puede ser cómplice de las violencias contra las mujeres. Y que es más grave cuando ese silencio proviene de las instituciones.
Porque eso de estar apoyando a las víctimas no compensa el silencio que ha guardado la institución en relación con estos hechos, mucho menos cuando no hay una condena como sí la hubo contra el magistrado Arturo Nahle cuando se refirió a una «mecanógrafa» (¿la siguen buscando?) que pudo haber cometido un error al momento de rasurarle el presupuesto (irreductible) al Poder Judicial.
Lo de este martes fue una comparecencia llena de frases trilladas, en un mensaje ensayado (con todo y las pausas para los aplausos), muy escueto en datos duros y con menciones casi nulas de indicadores, como deberían haberse establecido desde el Plan Estatal de Desarrollo.
Será por temor a una denuncia por violencia política en razón de género (o por violencia de género, propiamente), como ha sido recurrente en la secta que tanto daño le ha hecho a Zacatecas, pero los cuestionamientos hacia la titular de la SEMUJER también fueron muy condescendientes ante lo que debió ser una rendición de cuentas.
Si bien la igualdad sustantiva es un eje transversal, según el Plan Estatal de Desarrollo, lo que obligaría a aplicar una perspectiva de género en todos los programas y acciones del gobierno, esto no se reduce únicamente a una división 50/50 entre beneficiarios.
Recordemos el criterio tomado recientemente por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a propósito del pasado proceso electoral: el principio de paridad también ha representado una limitante para el acceso de las mujeres a espacios de toma de decisiones, de ahí la importancia de considerarlo como base y no como techo para fijar una cuota de género en candidaturas.
El mismo criterio podría aplicarse en las políticas públicas que se implementan desde el gobierno: ir más allá del principio de paridad y abonar, más bien, a reducir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, considerando factores de vulnerabilidad (y no nos referimos propiamente a la pobreza).
Durante la comparecencia de Guardado Oropeza los diputados Maritere López y Eleuterio Ramos pusieron énfasis en el presupuesto asignado a la SEMUJER: apenas el 0.13% del presupuesto total del estado, cuando es la dependencia responsable de un eje transversal en las políticas públicas de toda la administración estatal.
Ciertamente, la 64 Legislatura no le hizo justicia a las mujeres aprobando presupuestos limitados para la SEMUJER. De hecho, entre el 2016 y el 2019 había una tendencia a la alza en la asignación presupuestal, luego vino la pandemia por el COVID-19 y este avance se frenó.
Desde entonces, la SEMUJER no ha recuperado sus niveles presupuestales pre-pandemia, al menos en lo que compete a lo que se asigna desde el Poder Legislativo con la aprobación del Presuspuesto de Egresos; sin embargo, al cierre de cada ejercicio fiscal se puede advertir que la dependencia ha recibido ampliaciones presupuestales hasta alcanzar este año los 79.7 millones de pesos, como muestran los informes financieros con corte al 30 de junio de este año.
Y aunque se trataría del presupuesto más alto del 2016 a la fecha, como que algo no cuadra cuando miramos la estadística de incidencia delictiva, en lo correspondiente al delito de violencia familiar, que es donde las mujeres y niñas son las principales víctimas.
De acuerdo con la estadística que ofrece el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre el 2015 y el 2021 este delito se incrementó en 369.8%, y en lo que va de la «nueva gobernanza» no hay visos de reducción, pues en tres años este delito se incrementó en un 6.4%, representando quizá el delito de mayor incidencia en el estado.
Y en lo que va de este año ya se han documentado al menos 2 mil 574 casos de violencia familiar en los primeros ocho meses, la cifra más alta para los primeros ocho meses de cada año, contando desde 2015 a la fecha. ¿De verdad están incidiendo las acciones de la SEMUJER en atender este delito?
Sobre este incremento de la violencia intrafamiliar (según estadísticas del SESNSP), la verdad dio lástima la respuesta de Guardado Oropeza: «pues sí tenemos que redoblar esfuerzos«. Casi casi la misma respuesta que dio ante los cuestionamientos por la alerta de género para Zacatecas, de la cual únicamente destacó la llegada de presupuesto federal, pero no fue clara en las acciones implementadas para incidir en lo que obliga la alerta.
En su momento, la diputada Maritere López enfatizó que «en un segundo piso nos vamos a gastar 70 años de presupuesto a la Secretaría de las Mujeres«. Y le secundó el diputado Eleuterio Ramos, quien retó a sus homólogos a que en el Presupuesto de Egresos 2025 se le destine a la dependencia al menos el 1% del total del presupuesto estatal.
Habrá que preguntarse si de verdad un incremento presupuestal incidirá en atender una serie de indicadores negativos para las mujeres, o si más bien se trata de políticas públicas mal enfocadas y/o mal aplicadas.
Porque muy padre la exposición de la Red de Mujeres Constructoras de Paz, pero no quedó claro en qué indicadores inciden, mucho menos si lo ya realizado tuvo un impacto medible. En la práctica, esta red parece más como ooooootra estructura electoral alterna, pagada con recursos públicos. Tal como luego se hace en los municipios con los Comités de Participación Social.
Ahora bien, si algo ha frenado el empoderamiento de las mujeres es la gran brecha que aún existe en Zacatecas para su inserción laboral y para tener iguales ingresos que los hombres, porque de acuerdo con datos estadísticos del empleo formal generados por el IMSS, de cada 100 empleos formales en la entidad, únicamente 39 son ocupados por mujeres.
A excepción de los Servicios sociales y comunales (que incluye los empleos en la administración pública), en todas las actividades económicas la participación de los hombres es mayor, aunque la brecha es más grande en las industrias extractivas (11 de cada 100), Construcción y Transportes y Comunicaciones (16 de cada 100); industria eléctrica (21 de cada 100); y en el sector agropecuario (28 de cada 100).
¿De verdad creeremos que hay coordinación entre la SEMUJER y la Secretaría de Economía para abatir estas brechas de desigualdad económica entre hombres y mujeres? Porque en la estadística no se refleja esa transversalidad de la igualdad sustantiva y la perspectiva de género en las políticas públicas.
Siguiendo con la comparecencia, la secretaria Karla Isabel Guardado Oropeza también dedicó varias intervenciones a destacar el trabajo del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM), especialmente en lo que compete a la prevención del embarazo en adolescentes.
Sin embargo, la estadística del INEGI sobre los nacimientos registrados muestra que ha habido un incremento de nacimientos en madres de entre 10 y 17 años de edad. De hecho, entre el 2019 y el 2021 (cuando comenzaron las primeras acciones del FOBAM) hubo una tendencia a la baja en la incidencia de embarazo en niñas y adolescentes hasta llegar a una tasa de 7.7 por cada mil; pero con retrocesos en 2022 (12.2/1,000) y 2023 (10.3/1,000). ¿Qué pasó ahí?
De la comparecencia de la titular de la SEMUJER, eso sí, no hubo una sola mención a la atención de la salud de las mujeres privadas de su libertad en centros penitenciarios, porque de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de su Libertad (ENPOL) 2021 (último año de levantamiento; la siguiente edición será en 2026), de la población de mujeres privada de la libertad en el estado de Zacatecas, 38.1% señaló que le fue practicado el examen del papanicolau en el último año (julio 2020 a julio 2021). A nivel nacional, el promedio fue de 41.3 por ciento.
Y en el caso de exámenes para detección de cáncer de mama, el 18.2% de las mujeres privadas de la libertad en Zacatecas señaló que le fue practicado; a nivel nacional el promedio fue de 30.0 por ciento.
Finalmente, en su mensaje de cierre, vaya elocuencia cuando la secretaria Karla Isabel Guardado Oropeza aseguró que, en el «Año de la Paz», «la esencia de la paz es y debe ser la naturaleza humana«. Habría que recordarle a la funcionaria que la violencia también forma parte de la naturaleza humana, por eso existe. Y de ello habla gran parte de la historia de la filosofía y hasta la psicología.
Respecto a la comparecencia del secretario del Zacatecano Migrante, Iván Reyes Millán, se extrañan los tiempos de José Juan Estrada Hernández. Porque la verdad, eso de que Zacatecas sea segundo lugar a nivel nacional en recepción de remesas no es motivo de orgullo. Las remesas no son un logro de gobierno (hacer mil planas); son un indicador de las fallas del gobierno.
