Hecha un manojo de nervios. Vacilante. Dubitativa. Y por encima de todo, con humildad y abierta a la crítica. Así comenzó su comparecencia con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno la recién estrenada secretaria de Desarrollo Social, Bennelly Hernández, quien relevó en el cargo a un Sergio Casas (a unos días de que iniciaran las comparecencias), hoy reintegrado a la estructura de la Delegación de Programas para el Desarrollo, de donde nunca debió salir, pero a donde tampoco debió ingresar.
Benelly Hernández, como bien se señaló durante la comparecencia, es la tercera titular de la SEDESOL en lo que va de la administración. Tal como van las cuentas en la Secretaría de Seguridad Pública con su tercer titular en la figura de Arturo Medina Mayoral. Y es natural. Hay que hacer relevos ahí donde las cosas están fallando.
Pues bien, transcurrida la primera ronda de intervenciones de los diputados, la funcionaria compareciente agarró confianza y se mostró más segura en sus respuestas, unas veces con la disposición manifiesta para hacer equipo con el Poder Legislativo (más allá de colores), pero otras donde los apasionamientos en torno a la 4T quedaban fuera de lugar.
No había necesidad de desenvainar la espada. Nadie la estaba atacando. De hecho, todas y todos los diputados presentes en la comparecencia le trataron con mucha condescendencia. Y eso fue de todos los grupos parlamentarios. Porque nadie le recordó episodios de su pasado que algunos quisieran que ahí se quedaran.
Por el contrario, fue unánime el reconocimiento de que hoy tenga la oportunidad de encabezar una dependencia como la SEDESOL, pues su llegada ha significado no sólo un espacio más ganado para las mujeres, sino también la salida de un alfil de la secta que tanto daño le ha hecho a Zacatecas, para cederle ese espacio a alguien que de verdad quiere trabajar por Zacatecas y no por un proyecto que se cerró las puertas con la presidenta Claudia Sheinbaum y que hoy se encuentra en su ocaso.
Ciertamente, la política de desarrollo social no fue la panacea en los gobiernos anteriores a la «nueva gobernanza» o a la 4T. Ahí están los indicadores del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL) que demuestran que a pesar de los programas y acciones emprendidos, sigue habiendo una buena proporción de zacatecanos (y de mexicanos) que viven en pobreza o pobreza extrema.
Tampoco significa que en tiempos de la Cuarta Transformación la política de desarrollo social marche de maravilla, pues aunque se reconoce la elevación a rango constitucional de los programas sociales, lo que les otorga un carácter de universalidad, no es menos cierto que «se hace lo que se puede con lo que se tiene» y también es irresponsable, para el gobierno que sea, del color que sea, pretender impulsar acciones sin suficiencia presupuestal.
En esta materia, cada gobierno (federal y local) ha definido su política de desarrollo social con criterios muy claros en el papel, pero que en la práctica se enfrentan a múltiples factores no considerados en la fórmula original, más cuando dicha política tiene un tufo electoral.
Sin embargo, qué política de desarrollo social puede ser más rentable electoralmente que otorgar los programas y apoyos a todos por igual, sin distingo partidista. Y cuando las cosas se hacen bien, pues en esa medida se tienen resultados.
Pongamos un ejemplo. Hará cosa de una década, cuando existía el denominado Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), la comunidad de La Lobera, en la mera sierra del Teúl de González Ortega, fue punta de lanza en dicha estrategia que originalmente buscaba abatir las carencias por alimentación en población vulnerable. A simple vista, parecería una política asistencialista de reparto de despensas, pero nunca fue así.
En la práctica, hubo que aplicar otras políticas de manera transversal para sacar adelante a la población de La Lobera, pues dicha comunidad enfrentaba otros desafíos, como el hecho de que registraba un alto índice de migración, un paulatino abandono de la comunidad, una población mayormente de adultos mayores, la falta de servicios básicos como agua potable, drenaje y energía eléctrica, caminos rurales sin pavimentar, y ni hablar del rezago educativo o de la erosión de los suelos que impedían una producción mínima para su propio consumo.
Así pues, mediante la estrategia del PESA, en conjunto con otras políticas públicas, se dio acompañamiento técnico a la población de la comunidad durante dos años seguidos para recuperar la tierra y aprender nuevas técnicas de cultivo sustentables, lo que permitió primero garantizar una producción para autoconsumo y, en su segundo año de cultivo, generar excedentes que pudieron comercializar para obtener ingresos para sus familias.
A la par, se dotó a cada familia de paquetes de aves de traspatio, en los hogares se instalaron sistemas de captación de agua de lluvia y se construyeron cisternas «capuchinas» para su almacenamiento, se les dotó de paneles solares y colectores de desechos para garantizar servicios básicos ahí donde era técnica y financieramente imposible introducirlos, se empedraron los caminos rurales de acceso a la comunidad y cada fin de semana un profesor subía estos caminos para garantizar el acceso a la educación en La Lobera, una comunidad a más de cuatro horas de la capital del estado.
En esta estrategia no había pensión universal para adultos mayores, tampoco para personas con discapacidad, mucho menos las becas «Benito Juárez» ni tantos y tantos programas de transferencias de recursos (o de reparto de mochilas y útiles escolares) que hoy presume la Cuarta Transformación.
Pero tampoco se aplicó una política asistencialista que tanto caracterizó a los gobiernos del PRI y del PAN. Se buscó la estrategia adecuada a las vulnerabilidades que enfrentaba la comunidad para garantizar su desarrollo económico y social. Como quien dice, enseñarles a pescar, más que ponerles el pescado en la mesa.
Son estrategias que cuestan, por supuesto. Pero es dinero bien invertido si al final una familia abate sus condiciones de vulnerabilidad. Si, por el contrario, el dinero se gasta en paliativos, en programas asistencialistas (con tufo electoral), no habrá presupuesto que alcance.
Porque, ciertamente, la SEDESOL tuvo un significativo incremento presupuestal con la «nueva gobernanza», hasta superar los 500 millones de pesos para este ejercicio fiscal. Sin embargo, ahí va incluído el recurso convenido con la Federación para otorgar la pensión universal para personas con discapacidad, un programa del que no se da el reconocimiento a la aportación estatal.
También va incluido el programa de uniformes escolares, las becas educativas, los convenios para infraestructura social con los municipios, la operación de los Centros Integradores del Bienestar (¿o cómo les denominaron?), y párele de contar.
Porque en materia de desarrollo social, la estrategia para atender la carencia de alimentación está en manos del SEDIF (y el cochinero con el programa de despensas y desayunos pagados con recursos del FAM); la estrategia para atender las carencias en materia de vivienda están en la SEDUVOT; la estrategia enfocada en las carencias por acceso a los servicios de salud se concentran en la SSZ; y así le podemos seguir.
En definitiva, si no existe una coordinación interinstitucional al interior de la «nueva gobernanza», y mucho menos políticas públicas transversales, difícilmente se revertirán los indicadores de pobreza multidimensional del CONEVAL. Pero, pues, cada quién…
Al final, de la comparecencia de la secretaria Bennelly Hernández llamó la atención la rispidez con la que respondió al cuestionamiento de la diputada Renata Ávila en torno a posibles subejercicios, porque el presupuesto es mucho, pero los tiempos corren y ahí siguen los dineros en cuentas bancarias mientras las necesidades no perdonan.
También fueron muy válidos los cuestionamientos de la diputada Maritere López respecto a la transparencia en el ejercicio del recurso (y aquí hemos dado cuenta de cómo se simulan licitaciones para beneficiar a un pequeño grupo de empresas), al igual que los señalamientos que hicieran diputados como David González respecto a los convenios con municipios para impulsar obras de infraestructura social básica y su renunencia a convenir recursos con la «nueva gobernanza».
Recordemos que incluso el exalcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, llegó a cuestionar el presunto condicionamiento de dichos convenios y hasta el hecho de que a los municipios no se les permitiera participar en la asignación de obras, sin contar el evidente retraso en los proyectos convenidos.
Por lo demás, nadie iba a tratar mal a la secretaria Bennelly Hernández: hubiera sido un balazo en el pie para la secta que tanto daño le ha hecho a Zacatecas, pero también para la «nueva gobernanza». Porque sabido es que un tal Zuñi llegó a la SEDESOL únicamente para desmantelar la dependencia, y que a Sergio Casas le tocó trabajar con lo que le heredaron.
Esa es la pregunta que quedó pendiente en toda la comparecencia: ¿qué SEDESOL le entregaron a la actual titular?
