Fue en marzo de 2022 cuando la entonces bancada de MORENA en la 64 Legislatura ofreció una rueda de prensa para cuestionar el trabajo del Instituto Nacional Electoral (INE) para el proceso de revocación y/o ratificación de mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador que se llevaría a cabo en abril de ese año.
Y despotricaron en contra del INE porque ¿cómo era posible que después de la rasurada presupuestal, no pudieran sacar adelante el proceso con sus economías internas, porque no se había asignado presupuesto adicional para ese ejercicio (pese a haberlo solicitado)?
En aquel entonces, a la bancada de MORENA también se le cuestionó por la promoción de una reforma para incluir la figura de revocación y/o ratificación de mandato en la Constitución local, habiendo sido una bandera de lucha de López Obrador, pero también del gobernador David Monreal. Nada dijeron al respecto.
Pero transcurrieron los meses y el 15 de noviembre de 2022, por unanimidad de 24 votos, los diputados locales aprobaron el dictamen por el que se modificaba la Constitución Política del Estado de Zacatecas en materia de revocación de mandato.
Desde aquella aprobación, que luego pasaría en minuta para la consideración de los 58 Cabildos en los municipios, ya se sabía que la iniciativa tenía obstáculos que la harían inaplicable.
Porque desde entonces, en lo que aprobaron los diputados locales, se exigía un 10% de firmas de respaldo del listado nominal para hacer la solicitud formal ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), cuando a nivel federal este requisito apenas alcanzaba el 3% del listado nominal.
Muy eufóricos, los entonces diputados José Luis Figueroa, Georgia Miranda, Enrique Laviada, Gaby Basurto y Xerardo Ramírez se pronunciaron a favor del dictamen con la reforma constitucional. Y mientras el oficialismo calló en aquella sesión, los demás celebraban la farsa de la que eran parte, pues nadie cuestionó ese 10% que se establecía como requisito. No, la atención se centraba en exigir la destitución del gobernador David Monreal.
Luego, en sesión del 1 de marzo de 2023, fue aprobada la reforma constitucional en materia de revocación de mandato por «afirmativa ficta», pues sólo 14 ayuntamientos habían aprobado en tiempo y forma, pese a que Trancoso había rechazado la minuta. Es decir, hubo 43 ayuntamientos que no mostraron interés por el tema.
A partir de esa fecha, el Poder Legislativo contaba con hasta 180 días para aprobar la respectiva ley reglamentaria y que este ejercicio pudiera ser aplicable al gobernador David Monreal. Sin embargo, hubo que esperar a que el Ejecutivo publicara primero el decreto correspondiente. Pero vencieron sus 10 días para emitir su veto de bolsillo y el dichoso decreto no se publicaba.
Pasados los meses, precisamente en sesión del 25 de abril de 2024, se recordó en tribuna que el decreto seguía sin publicarse, lo que imposibilitaba con el trámite de la ley reglamentaria en materia de revocación de mandato.
En aquella sesión, los diputados José Luis Figueroa, Armando Delgadillo, Enrique Laviada y Ernesto González Romo insistieron en dicha figura porque había sido un compromiso de AMLO para cumplir con aquello de que «el pueblo pone y el pueblo quita», pero también un compromiso del gobernador David Monreal a su paso por el Congreso de la Unión (que incluso ya había celebrado la aprobación de la reforma a la Constitución local).
Seguían haciéndose de la vista gorda con aquella barrera del 10% del listado nominal a tal grado que hasta aprobaron por unanimidad un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo estatal a que ya publicara el decreto con la reforma constitucional correspondiente. ¡Vaya farsa!
Total, luego vino un relevo en la Coordinación General Jurídica para cederle el espacio a Ángel Muñoz. Y para el 8 de mayo, el pleno de la 64 Legislatura aprobó por unanimidad el dictamen por la que se expedía la Ley de Revocación de Mandato del Estado de Zacatecas, con los mismos requisitos que ya se habían establecido en la reforma constitucional aprobada un año antes (marzo de 2023). Y seguía la traba del dichoso 10% del listado nominal.
Por el contrario, en aquella sesión la discusión se concentró en la posibilidad de una reserva (que vino meses después como iniciativa del oficialismo, en sesión del 18 de junio) para que esta figura de revocación de mandato no sólo aplicara al Ejecutivo estatal, sino también a alcaldes y diputados. Pues así se fue, sin la reserva y con las trabas que ya venían desde la reforma constitucional.
Luego vino la tediosa espera hasta que la Coordinación General Jurídica publicó el decreto correspondiente, meses después de aprobada la ley reglamentaria y justo antes del tercer informe de gobierno.
Hoy que la ciudadanía organizada intenta utilizar este recurso constitucional para evaluar en las urnas el desempeño del gobernador David Monreal, hasta ahora se advierte las trabas que pusieron desde el principio los diputados de la peor Legislatura que ha tenido Zacatecas.
Porque de las más de 126 mil firmas requeridas para que proceda la solicitud ante el IEEZ, a un mes y medio de iniciado el procedimiento apenas se han recabado unas 20 mil. Y el plazo vence en diciembre próximo.
Hoy que el proceso está en marcha en lo local, el Comité Estatal de MORENA hasta parece que se burla de la ciudadanía cuando a los colectivos que promueven la revocación de mandato les dice: «échenle ganas». Y no es mejor el silencio en la oposición. Al final, todos fueron cómplices de las trabas impuestas desde el inicio.
Porque para que esta solicitud de revocación proceda ante el IEEZ (ya ni siquiera hablamos de la jornada y el resultado del 40% para que sea vinculante) prácticamente se requiere lo mismo que se exigiría para la creación de hasta tres partidos políticos locales. Y sobre ello ningún diputado se ha pronunciado.
Pero las trabas irían más allá, porque en el caso de que sí se lograran reunir las 126 mil firmas para que proceda la solicitud, se sabe que en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2025 no está contemplado el financiamiento para llevar a cabo la revocación y/o ratificación de mandato, un ejercicio que requeriría más o menos lo mismo que se otorga a los partidos políticos en prerrogativas.
Mientras tanto, muy difícil la han pasado quienes promueven la revocación de mandato al gobernador David Monreal, pues además del escarnio público (incluyendo funcionarios que demeritan este esfuerzo ciudadano), quienes pudieran respaldar la iniciativa ciudadana (que no tiene financiamiento público) viven con el miedo de las represalias con esta «nueva gobernanza».
Importante sería sentar el precedente de que en Zacatecas se sometió a un proceso de revocación y/o ratificación de mandato a un gobernador. Y que fue la primera entidad en todo el país. Lástima que al oficialismo ni siquiera le interesa promover el ejercicio como una ratificación de mandato. Y no hay que olvidar que sigue pendiente en la congeladora legislativa la iniciativa para extender esta figura a alcaldes de diputados. ¿Le entrarán a la discusión en la 65 Legislatura?
