La comparecencia de la secretaria del Agua y Medio Ambiente (SAMA), Susana Rodríguez Márquez, con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno es lo más cercano a lo que se esperaría en esta pasarela de funcionarios ante el Poder Legislativo: un acto de rendición de cuentas y retroalimentación para tomar las decisiones que haya que tomar por el bien de Zacatecas.
Después del secretario de Finanzas, Ricardo Olivares Sánchez, la titular de la SAMA demuestra por enésima ocasión que lo suyo, lo suyo es la dependencia que hoy encabeza y que como servidora pública, le apasiona lo que hace, a tal grado que conoce al dedillo cada obra, cada acción, cada programa, cada proyecto que se tramita en la secretaría.
En su comparecencia de este jueves ante el pleno de la 65 Legislatura, los diputados locales reconocieron por igual el papel que ha desempeñado al frente de la SAMA y advirtieron la urgencia de atender la falta de agua potable en gran parte del estado, ya sea por la poca disponibilidad del recurso hídrico, por la dificultad de acceder a él (con perforación de pozos cada vez a mayor profundidad y que ahora requieren la instalación de plantas potabilizadoras), por lo oneroso de llevar a cabo este tipo de proyectos, por la pérdida de agua con tuberías obsoletas, y por muchos otros factores incluyendo el cambio climático.
Mismas reflexiones se llevaron respecto al manejo de residuos sólidos y el tratamiento que se le da a los desechos, la falta de infraestructura adecuada, el incumplimiento de normas ambientales, los límites en las atribuciones de cada orden de gobierno (que al final derivan en que nadie se haga responsable), y una larga lista de factores que deben poner en alerta.
Quizás el tema más recurrente en las intervenciones de los diputados fue el proyecto de la Presa de Milpillas, aquel que se anunció al final del sexenio alonsista, pero que a la fecha sigue siendo un mero sueño.
Sin nombrar a los responsables del fracaso del proyecto, Susana Rodríguez se limitó a informar que la Federación retiró la etiqueta a este megaproyecto que llevaría agua potable a más de medio millón de zacatecanos. Y que hoy se vuelve a partir de cero, porque urge materializar el proyecto ante la falta de agua potable en una región que está a punto de llegar a la «hora cero».
Así que se realiza un nuevo proyecto para llevarlo ante la Federación y que lo vuelva a considerar entre sus proyectos prioritarios, susceptibles de recibir financiamiento, con la advertencia de que, a la fecha, casi 10 años después de anunciado el proyecto, sólo se tiene la propiedad del 20% de los terrenos requeridos para su construcción. Y la titular de la SAMA también fue muy clara en las expectativas: de ser aprobado por la Federación, el proyecto no estaría concluído en esta administración. De ahí la urgencia de llevarlo a cabo antes de que se agoten las fuentes de abastecimiento actuales para al menos 11 municipios.
Lástima que el gobernador David Monreal, alegando que tiene «otros datos», contradijo a la secretaria del Agua y Medio Ambiente cuando aseguró a medios de comunicación que es falso de toda falsedad que la Federación haya quitado la etiqueta al proyecto de la Presa de Milpillas, que todo es politiquería de quienes quieren ver mal a Zacatecas. Ajá…
Por encima de todo, en la larga exposición de acciones emprendidas por la dependencia, haciendo mucho con muy poco, Susana Rodríguez insistió una y otra vez en que la SAMA requiere de mayor presupuesto para atender temas tan básicos y vitales para la población.
Ciertamente, la dependencia no ha tenido justicia en materia presupuestal. En la última década (2014-2024), la SAMA apenas ha tenido un crecimiento de 79.7 millones de pesos (un 50.5%).
Sin embargo, en ese periodo la bonanza se tuvo en el 2016, justo en el cambio de administración, cuando alcanzó un presupuesto por 614.3 millones de pesos. Desde entonces, el dinero asignado a la SAMA ha venido a menos, con una caída de 376.8 millones de pesos, que equivalen a una reducción del 61.3 por ciento. Y tampoco es que en lo que va de la «nueva gobernanza» hayan mejorado mucho estos números.
Por supuesto, no faltaron diputados como la panista Maritere López, que pusieron en la balanza la prioridad de construir un Viaducto elevado por 3 mil 600 millones de pesos «que nadie pidió», por encima de garantizar agua potable en los hogares.
Porque haciendo cálculos, con la inversión que se realizará en el Viaducto elevado se podrían perforar y equipar unos 240 pozos para abastecer de agua potable a la población; o se podrían habilitar hasta dos rellenos sanitarios en cada municipio; o incluso instalar hasta 30 plantas recicladoras en el estado para el aprovechamiento de residuos sólidos (y reducir el tonelaje que día a día se lleva a los tiraderos).
Y si hablamos de darle mantenimiento a la infraestructura que ya se tiene, pues prácticamente se podría renovar toda todita sin problemas.
Ya se verá si, una vez presentado el proyecto de paquete económico 2025, los diputados locales convierten en realidad ese compromiso expresado en la comparecencia de Susana Rodríguez para darle mayor presupuesto a la SAMA y así garantizar la atención a temas medio ambientales, especialmente el derecho humano al agua.
