Vaya chimba se armó en el Senado de la República cuando se pretendía elegir a quien estará al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), porque el escándalo llegó a tal grado que sobran las evidencias donde se ve a un Adán Augusto López obligando a los senadores de MORENA, PT y PVEM a votar por la ratificación de Rosario Piedra.
Sí, porque en varios momentos de la sesión de este martes por la noche, el exsecretario de Gobernación incluso pretendía entregar a sus homólogos de la coalición «Sigamos robando más» (o algo así) sus respectivas cédulas de votación ya marcadas con el nombre de quien se ha encargado de desmantelar la institución garante de la protección de los derechos humanos en el país.
No conforme, también pretendía que los senadores exhibieran el contenido de su cédula al momento de depositarla en la urna de votación para así asegurarse de que no hubiera traición contra el capricho del exinquilino de Palacio Nacional.
Al final, triunfó la imposición: con 87 votos a favor, Rosario Piedra fue ratificada para otro periodo al frente de la CNDH, pese a ser la peor evaluada de los 15 aspirantes y luego del escándalo por una carta de recomendación falsa. Claro, porque la prioridad es proteger a las fuerzas armadas ante las violaciones a derechos humanos producto de la dichosa estrategia de seguridad, esa que hoy pretenden encaminar al ejemplo que ha dado Zacatecas.
De hecho, como lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum en su reciente visita a Zacatecas, el gobernador David Monreal estará este miércoles en la Mesa Nacional de Construcción de Paz para hablar de cómo lograron reducir de manera significativa la incidencia de homicidios dolosos, o sea, darlos por personas desaparecidas y no localizadas. Así se patea el bote hasta documentar los homicidios dolosos meses (o años) después.
En eso de hacerle al tío Lolo (David Monreal dixit), el oficialismo local no se queda atrás y para muestra, la sesión ordinaria de este martes en la 65 Legislatura, donde no fue prioridad el punto de acuerdo presentado por la diputada panista Maritere López para exhortar al gobernador a que designe titular en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y remita el nombramiento a consideración del Legislativo para su ratificación, pues dicha posición lleva acéfala más de año y medio, gracias a los pleitos de barrio de los exdiputados de la 64 Legislatura.
Porque luego de dar lectura a la iniciativa, ésta fue turnada directamente a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación, pese a que en el segundo artículo transitorio se solicitaba que fuera considerada de urgente y obvia resolución.
Y eso que en la pasada glosa por el tercer informe de gobierno el tema salió a colación y hasta se consideró un tema prioritario al que se habían comprometido todos los grupos parlamentarios, luego del desastre que dejaron sus antecesores en la 64 Legislatura.
Luego, en voz del diputado morenista Martín Álvarez Casio, se presentó una iniciativa conjunta con los diputados Santos González y Óscar Novella a fin de reformar la Constitución Política del Estado de Zacatecas y eliminar (dicen) el fuero en la función pública.
Sin embargo, al leer a detalle el contenido de la iniciativa, si bien se modifica el artículo 148 Constitucional para especificar que no se requerirá el procedimiento de declaración de procedencia para que funcionarios públicos con inmunidad procesal (o sea, con fuero) puedan ser imputados y juzgados por algún delito, también se deroga el artículo 153 Constitucional, y ahí es donde las cuentas ya no cuadran.
Para explicarlo con peras y manzanas: eliminan el procedimiento de declaración de procedencia para quitarle el peso de tomar esa decisión al Poder Legislativo (como ya se vio en el caso del desafuero del exalcalde de Apulco), pero al mismo tiempo derogan el procedimiento por el que se separa del cargo al funcionario público. Algo así como la iniciativa que propuso al cierre de la 64 Legislatura la entonces diputada Violeta Cerrillo: eliminar el fuero sin separación del cargo.
Pero, pues, cada quién…
¿Y la rendición de cuentas?
Desde su comparecencia del pasado 7 de octubre con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno, el secretario de la Función Pública, Ernesto González Romo, quedó a deber en la rendición de cuentas.
Uno pudiera pensar que tenía muy poco tiempo en el cargo luego de la repentina salida de su antecesora Humbelina Elizabeth López Loera, pero eso no justificaba que convirtiera su comparecencia en un «foro para desahogar frustraciones» (Martiere López dixit) y despotricar por enésima ocasión contra la corrupción del pasado para justificar la abulia en el combate a la corrupción del presente.
Eso ameritó que al cierre de la comparecencia ante la Comsión Legislativa del Sistema Estatal Anticorrupción, la diputada presidenta Maritere López anunciara que se le volvería a citar a una nueva comparecencia ante la misma comisión para que ahora sí rindiera cuentas y cumpliera con el objetivo por el que había sido citado ante el Poder Legislativo: informar del trabajo realizado en el tercer año de ejercicio constitucional.
Algo así como lo que dio a conocer González Romo en entrevista durante los trabajos de la 20 Semana Nacional de Transparencia, para dar a conocer los procesos de investigación que se siguen en contra de al menos cinco exfuncionarios del «quinquenio diferente» por irregularidades en el proyecto de la Presa Milpillas que superarían los 214 millones de pesos. Porque nada de esto se dijo en la comparecencia del 7 de octubre. Lo suyo, lo suyo, es lo mediático, no lo constitucional.
¿Pero qué cree, estimado lector? Que desde el pasado 14 de octubre se remitió oficio al gobernador David Monreal para citar nuevamente a comparecer al zar anticorrupción.
Y pasó el tiempo y no ha habido respuesta, a tal grado que el pasado 28 de octubre se remitió una nueva solicitud para insistir en una segunda comparecencia y, como quien dice, los dejaron en «visto».
Todo parece indicar que cada mes la Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción podría enviar oficios para solicitar esta comparecencia del titular de la SFP, y cada mes quedarían sin respuesta… hasta que venga la glosa por el cuarto informe de gobierno, en octubre de 2025. O al menos eso da a entender la «nueva gobernanza» que se llena la boca de discursos anticorrupción, pero no atiende un mandato constitucional.
Qué se puede esperar de quien llega a un cargo para desahogar frustraciones y hacerse de la vista gorda ante la corrupción del presente. Sea por Dios…
