Desde hace por lo menos una década, Zacatecas ya se encontraba entre las entidades con mayor tasa de incidencia de abortos clandestinos en el país (una prevalencia de 73 cada día). Y desde hace una década en el Poder Legislativo ya había llevado el tema a tribuna, sin que prosperara en por lo menos cuatro legislaturas, hasta hoy.
Tampoco es que la 4T sea muy progresista. Como se recordará, ya en la 64 Legislatura, cuando MORENA y sus aliados (cuando los tuvo) eran mayoría, prolongaron por meses la discusión de la iniciativa ciudadana promovida por colectivos feministas por la cual se buscaba no sólo modificar el Código Penal del Esado de Zacatecas, sino también la Ley de Salud del Estado y la Ley de Educación.
Dicha iniciativa ciudadana se trataba de una propuesta integral que impulsaba la despenalización del aborto, pero también los mecanismos para la interrupción legal del embarazo de manera segura y gratuita, así como el andamiaje para impartir educación sexual en las escuelas y así prevenir tanto embarazos no deseados como abortos.
Sobra decir que aquella iniciativa no prosperó, en una discusión donde incluso diputados de MORENA demostraron su tibieza, como el hoy secretario de la Función Pública, Ernesto González Romo, quien como diputado de la 64 Legislatura optó por votar en abstención.
Desde entonces, la única que se mantuvo firme en su postura de despenalizar el aborto fue la morenista Imelda Mauricio, quien ya en la 65 Legislatura había presentado una nueva iniciativa para retomar el tema. Sin embargo, lo votado en sesión ordinaria de este miércoles correspondía más a la iniciativa que, el mismo día, presentara la petista Renata Ávila y que, en términos llanos, tenía más precisiones.
Las reacciones en contra de la iniciativa eran de esperarse. Desde temprana hora, grupos provida tomaron las instalaciones del Congreso del Estado con el fin de evitar la lectura del dictamen, y su posterior discusión y votación ante el pleno.
No obstante, ya se había previsto como sede alterna el auditorio del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación y poco más de una hora de discusión, el dictamen fue aprobado con 21 votos a favor (de las bancadas de MORENA, PT, PVEM, MC y hasta el PRI) y seis en contra de los diputados: Maritere López, Ma. Elena Canales, Dayanne Cruz, Chuy Badillo, Karla Estrada y Pedro Martínez.
Por supuesto, hubo quienes como la diputada Maritere López pretendían prolongar la discusión quién sabe por qué motivos, cuando la realidad es que el tema ya ha estado bastantemente discutido, con foros por aquí y por allá en la última década, y hasta con resolución judicial de por medio.
De hecho, durante la discusión del dictamen, mucho se enfatizó en que el dictamen respondía a un mandato judicial (oficio 34840/2024, con fecha 6 de noviembre de 2024) donde el Juzgado Tercero de Distrito, con sede en la capital de Zacatecas, requería al Poder Legislativo el cumplimiento de una sentencia en el Amparo de Revisión 23/2024 para derogar los artículos considerados inconstitucionales en materia de aborto.
Previo a la votación del dictamen, hubo una tediosa discusión que llegó a críticas tan fuera de lugar como cuestionar el término «personas gestantes» (para su información, es el término legalmente correcto para denominar a las personas transexuales cuya identidad de género no corresponde con el sexo que les fue impuesto al nacer), y que luego de salió por la tangente con acusaciones que rayan en violencia política en razón de género (como eso de acusar que hay diputadas a quienes les pagaron para llegar al cargo) o discutir el sistema de salud mejor que Dinamarca y los recortes en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025 en materia de salud.
Ciertamente, como lo expuso más tarde en asuntos generales la diputada emecista Ana María Romo, el hecho de aprobar la despenalización del aborto no significa que se esté a favor del aborto. Nadie está a favor del aborto. Pero sí se está a favor de que se deje de criminalizar a las mujeres por su derecho a decidir sobre sus cuerpos.
Verá usted, estimado lector. Hasta antes de ayer, en nuestro Código Penal del Estado de Zacatecas vigente desde 1967 se consideraban cuatro circunstancias para penalizar este delito, de los cuales tres eran de por sí anacrónicos: que la mujer «no tenga mala fama«; que «no haya logrado ocultar su embarazo«; y que éste «sea fruto de una unión ilegítima«.
Con la reforma aprobada este miércoles, ahora se define aborto como «interrupción del embarazo después de las primeras 12 semanas de gestación» (elemento que no tenía el Código Penal); y se establecen sanciones (privativas de la libertad o, en su caso, con jornadas de trabajo comunitario, como en el Código Penal de Oaxaca) para quien interrumpiere su embarazo (o a quien obligara a ello) después de las 12 semanas de gestación.
Además, se consideran exentas de este delito en casos como un embarazo producto de una violación, por inseminación artificial no consentida, por peligro de muerte, por alteraciones genéticas o congénitas del producto que puedan ponerlo en riesgo o por conducta «involuntaria» de la persona gestante.
Por último, establece la obligatoriedad de que los médicos proporcionen información y alternativas para que las personas gestantes decidan de manera libre, informada y responsable.
Aunque los grupos provida no se quedarán cruzados de brazos y seguramente recurrirán a un Poder Judicial en proceso de desmantelamiento para revertir el decreto, no es probable que prospere, pues atiende a un mandato judicial y ahí ya no hay para dónde hacerse.
Sin embargo, esta reforma apenas representa el primer paso en el proceso de lograr que las mujeres puedan gozar plenamente de su derecho a decidir, pues aún faltan las reformas a la Ley de Salud del Estado de Zacatecas para establecer el andamiaje en la atención pública, gratuita y accesible en la interrupción legal del embarazo; así como las reformas a la Ley de Educación del Estado de Zacatecas para incluir la educación sexual que permita a las adolescentes (sí, porque en Zacatecas también hay embarazos adolescentes, consentidos y no consentidos) prevenir estas situaciones.
En ningún momento de esta agenda feminista se establece la promoción del aborto. Se promueve como alternativa a embarazos no deseados, y como última instancia de todas las opciones disponibles. Pero, pues, cada quién…
Finalmente, esperemos que esta convicción con la que el oficialismo defendió el dictamen por el que se despenaliza el aborto antes de las 12 semanas de gestación no responda más a la inminente manifestación del 25 de noviembre con motivo del Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, considerando que la brutalidad policiaca del funesto 8M no ha tenido castigo. ¿O fue nada más para lavarle la cara a la «nueva gobernanza»?
