Mientras el gabinete de florero de la «nueva gobernanza» desfilaba con su danza de cifras alegres ante la 65 Legislatura con motivo de la glosa por el tercer informe de gobierno (al menos los que tuvieron el privilegio de dar la cara), las coordinaciones administrativas de todas las dependencias estatales (incluyendo organismos públicos descentralizados) recibían un oficio donde les requerían su información financiera a detalle, con corte al tercer trimestre de este 2024.
Los oficios de requerimiento provenían de la Jefatura de Oficina del Gobernador, ahí donde despacha un tal Zuñi, el responsable de desmantelar en su momento la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) que hoy medio anda rescatando su actual titular Bennelly Hernández.
Si entregaron o no la información solicitada ya es lo de menos, pues desde el pasado 31 de octubre están disponibles para consulta pública los informes financieros de todo ente público, con corte al 30 de septiembre. Sin embargo, se sabe que algunas coordinaciones adminstrativas se negaron a proporcionar la información requerida porque, dicen, la Jefatura de Oficina del Gobernador no tiene facultades de fiscalización.
No obstante, en realidad existe una laguna jurídica en el Reglamento Interior de la Jefatura de Oficina del Gobernador del Estado de Zacatecas, publicado en el suplemento del Periódico Oficial desde el 8 de septiembre de 2021 (el mero día que inició la «nueva gobernanza»).
Porque en el Capítulo II, Artículo 6, Fracciones XVII y XVIII se establece que corresponde a la Jefatura: «Administrar, dirigir y vigilar la debida ejecución del presupuesto«, y «Manejar y administrar los recursos humanos, financieros y materiales«. Nunca especifica que esta facultad se restringe únicamente a la Jefatura.
¿Cuál podría ser el interés de quien es acusado de condicionar las adquisiciones en todas las dependencias (hasta un rollo de papel de baño) y palomear a los proveedores que podrán ser contratados (y hasta los montos que habrán de pagarles) para conocer a detalle la información financiera actualizada de todo ente público de la administración estatal? Vayamos al detalle de los subejercicios (aunque en la «nueva gobernanza» insistan en no llamarles así) que muestran los informes financieros trimestrales que publica la Secretaría de Finanzas, correspondientes al tercer trimestre de este año, con corte al 30 de septiembre.
Por ejemplo, y a propósito del desastre que ha sido la obra pública en Zacatecas, en el Capítulo 6000, Partida 6100 relativa a la «Obra pública en bienes de dominio público«, los informes financieros muestran que en total se han devengado 22 millones 884 mil 512 pesos de los 882 millones 323 mil 484 pesos asignados (ya con modificaciones al presupuesto) para esta partida. Es decir, apenas el 2.6% del total. Y hablamos de cifras al tercer trimestre del año, lo que indica que de octubre a diciembre se tendría que comprometer el restante 97.4% del presupuesto anual para esta partida. ¿Eso es eficiencia en la programación del gasto?
Porque en el caso de la Secretaría de Obras Públicas donde dice despachar Luis de la Peña, de los 820 millones de pesos asignados en esta Partida 6100 a inicios de año, y luego de recortarles el presupuesto a 700.2 millones, al 30 de septiembre apenas había devengado 11.4 millones de pesos, es decir, apenas el 1.64 por ciento. De aquí a diciembre deberán comprometer los 688.7 millones de pesos restantes.
Las cosas no pintan mejor en el caso de la SEDESOL que hoy encabeza Bennelly Hernández (aunque su responsabilidad es posterior a los informes financieros recién publicados), pues de los más de 53.7 millones asignados en esta partida (ya con modificaciones al presupuesto), no tenía un solo peso devengado. Cero. Nada de nada. Y de eso debió rendir cuentas el anterior secretario, Sergio Casas Valadez.
En las mismas anda también la SEDUVOT que hoy encabeza Eugenia Pérez Haro, pues de los 128.3 millones de pesos asignados en esta partida (ya con modificaciones al presupuesto), al 30 de septiembre sólo había devengado 11.3 millones de pesos, es decir, apenas el 8.87%, lo que significa que en el último trimestre del año tendrían que comprometer los 116.9 millones de pesos restantes.
No es muy diferente la situación en la partida 6200, de «Obra pública en bienes propios«, pues de los 213 millones 716 mil 211 pesos asignados (ya con cambios en el presupuesto), apenas se habían devengado poco más de 27.8 millones, es decir, apenas el 13.0 por ciento.
Con un subejercicio importante para esta partida se encontrarían la Secretaría General de Gobierno que encabeza Rodrigo Reyes Mugüerza, con más de 6.7 millones; y la Secretaría de Seguridad Pública que dirige Arturo Medina Mayoral, con más de 36.6 millones (y que equivalen al 100% de sus recursos asignados a esta partida).
Por otra parte, durante las comparecencias con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno mucho se insitió en los programas sociales para atender a la población en situación de vulnerabilidad y hasta fue la ocasión para discursos apasionados sobre la 4T y la constitucionalidad de los llamados programas del bienestar.
Pues bien, mientras en la Federación hacen su chamba haiga sido como haiga sido, en la «nueva gobernanza» quedan a deber cuando se trata de los recursos asignados al Capítulo 4000, Partida 4400 correspondiente a las «Ayudas sociales«, pues de los más de 303.7 millones de pesos asignados (ya con cambios al presupuesto), al 30 de septiembre se habían devengado unos 140 millones, es decir, un 46.1 por ciento.
A tres meses de terminar el año (atendiendo al corte de los informes financieros), las dependencias con menos del 50% de su presupuesto asignado a esta partida ya devengado fueron:
– SEDESOL: 0.0% (le restaban por ejercer 87.6 millones de pesos)
– SEMUJER: 11.0% (restan por ejercer 7.4 millones)
– Jefatura de Oficina del Gobernador: 11.7% (restan por ejercer casi 3.6 millones)
– SEZAMI: 40.8% (restan por ejercer 1.9 millones)
– SSP: 45.1% (restan por ejercer 1.5 millones)
Y si hablamos del robo hormiga, ese en el que dicen que se especializa el tal Zuñi, pues tenemos que en el Capítulo 2000, relativo a «Materiales y suministros«, había más de 515.6 millones de pesos en subejercicio, equivalentes al 51.5% de los más de mil millones de pesos asignados a este Capítulo en todas las dependencias estatales (centralizadas y descentralizadas).
Por supuesto, los mayores montos en subejercicio corresponden a la SEDUZAC que encabeza Maricarmen Salinas, con casi 228.3 millones de pesos en subejercicio en este Capítulo (75%); la Secretaría de Seguridad Pública que dirige Arturo Medina Mayoral, con casi 119.7 millones en subejercicio (58.8%); y la Secretaría de Obras Públicas donde despacha Luis de la Peña, con 104.1 millones en subejercicio (95.0%).
Qué difícil debe ser creer en el discurso del «Año de la Paz» cuando se insiste en un Viaducto elevado que nadie pidió y en la «nueva gobernanza» demuestran por tercer año consecutivo que lo suyo, lo suyo, es calentar los dineros en cuentas bancarias mientras Zacatecas vive en el desastre, sin dinero circulando entre los zacatecanos. ¿A disfrutar lo votado?
