Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados, en sesión de este martes 12 de noviembre se hará la declaratoria de constitucional de las reformas ya aprobadas en materia de igualdad sustantiva, y se prevé la ratificación del actual secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.
Pero también, en sesión de este martes, se publicarán las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal por las que se crean las secretarías Anticorrupción, de las Mujeres y de Cultura; para ser discutidas y votadas mañana miércoles.
Se trata de la llamada simplificación administrativa por la que, en aras de una pretendida «austeridad republicana», se extinguen organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Pero hay una frase muy conocida entre los órganos garantes: «si creen que la transparencia sale cara, al final sale más cara la corrupción«, lo que tampoco justifica algunos excesos que ha tenido la institución en los últimos años, aunque sí deja en claro que hay a quien no le gusta ese derecho constitucional de acceso a la información y la protección de datos personales que ha sido fundamentalmente producto de una lucha ciudadana.
Se trata de derechos humanos relativamente recientes surgidos a partir del llamado Grupo Oaxaca, integrado por ciudadanos que dieron la pelea a nivel federal para instaurar el derecho de acceso a la información, materializado en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobada en junio de 2002, durante el gobierno del panista Vicente Fox.
Un año después se crearía el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, organismo garante del derecho de acceso a la información, que en 2010 ampliaría sus responsabilidades con la aprobación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, y a partir del 2015 el organismo garante pasaría a denominarse Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI), ahí por donde han pasado ya dos zacatecanos como comisionados: Francisco Javier Acuña Llamas y la actual comisionada Norma Julieta del Río Venegas.
Más allá de la historia (más de dos décadas de historia) para consolidar el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, el papel del órgano garante a nivel nacional y en las entidades federativas ha sido fundamental en el ejercicio de estos derechos que permiten no sólo vigilar la aplicación del recurso público, sino también inhibir posibles actos de corrupción, uno de los grandes temas que laceran la relación de los gobiernos con sus gobernados.
Y aunque la llamada Cuarta Transformación en su momento hizo uso de estos mecanismos para el acceso a la información (a nivel nacional y en los estados), en aras de combatir la corrupción, hoy parece más como si la transparencia incomodara al gobierno más «honesto» de la historia.
No quisiéramos pensar que esta decisión de extinguir al órgano garante se basa en la investigación que sacó a la luz la llamada «casa gris», o aquella empresa de chocolates presuntamente fundada con recursos públicos, o el desfalco multimillonario en SEGALMEX, por mencionar tres de los casos más conocidos donde se ejerció el derecho de acceso a la información.
Porque desde 2023, pese a la reiterada solicitud del Pleno del INAI, el Senado de la República se negó a designar a los comisionados faltantes y le amarró las manos al Pleno para resolver los asuntos que les eran turnados, incluso por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sobra decir que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, todo sujeto obligado de la administración pública federal (y hasta del Comité Nacional de MORENA) contaba con un machote para responder a cualquier solicitud de información pública, con una evidente negativa a transparentar la información solicitada, lo que obligaba a los ciudadanos a recurrir ante el INAI para obtener respuesta en un proceso tortuoso que demoraba meses (incluso años).
Hoy, en el llamado segundo piso de la transformación, se promete que con la extinción del órgano garante no desaparecerá el derecho de acceso a la información ni a la protección de datos personales, pero ahora quedarán en manos de la nueva Secretaría Anticorrupción, formando parte de la administración pública federal y perdiendo su autonomía, lo que deja en la indefensión a quienes buscan acceder a información pública o proteger sus datos personales.
Pues bien, aunque mañana se conocerá el desenlace del berrinche de Palacio Nacional para extinguir al INAI, comisionados como Julieta del Río se mantienen al pie del cañón hasta el último día, porque en la recta final continúan los trabajos con la Semana Nacional de Transparencia cuyas actividades también han llegado a Zacatecas.
Justo hoy martes, en el teatro Calderón, se presentará el libro «¿Por qué los mataron? El acceso a la información. Casos de periodistas que fueron víctimas en el ejercicio de su profesión» y que recuerda los objetivos inciales del Grupo Oaxaca como primer impulsor del derecho de acceso a la información.
Y hasta el final, como ha dicho la zacatecana Julieta del Río, no sólo se persigue la defensa del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales; la lucha también es por la autonomía en el ejercicio de estos derechos.
Porque la lucha no termina con la inminente extinción del INAI. El siguiente revés vendrá con la extinción de los órganos garantes en los estados, como el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personalea (IZAI).
¿Tan amenazante resulta la transparencia para la Cuarta Transformación?
