Cuando se eliminó (es un decir) el Fondo Minero, por allá en 2019, se dijo que esos recursos retornarían a los municipios que antes se beneficiaban de él, pero a través de recursos directos de la Federación vía transferencias (los «programas del bienestar») o mediante proyectos de infraestructura, también desde la Federación. O sea, sin la intermediación de los gobiernos de los estados y municipios.
Pues concluyó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y ese retorno de recursos del Fondo Minero nunca se vio. Por algo cada año, de todas las bancadas, escuchamos promesas e intentos una y otra vez de recuperar ese dichoso Fondo Minero, incluso con cambio en sus reglas de operación, con tal de jalar más presupuesto para municipios con actividad minera, como los hay en Zacatecas.
Hoy, en tiempos del segundo piso de la transformación (cualquier cosa que eso signifique), se retoman las promesas de revivir ese Fondo Minero, extinto por acusaciones de corrupción (la vieja confiable), sin que se haya sancionado.
El fin de semana pasado, el diputado federal Ulises Mejía Haro expuso sus buenas intenciones para recuperar este Fondo Minero, pero sin claridad en la propuesta que sería planteada «en su momento», aunque básicamente se le entendió que se pediría a las empresas mineras que presentaran un proyecto de responsabilidad social para el desarrollo de infraestructura en los municipios donde se encuentran asentados, a ejecutar durante el tiempo de vida de los proyectos mineros, pero que sería evaluado cada tres años.
Más tardó el morenista en anunciar que presentaría la propuesta, que lo que le tomó al exgobernador Miguel Alonso Reyes, hoy diputado federal, en presentar una inicitiva ante el Pleno de la Cámara de Diputados a fin de solicitar la restitución de este Fondo Minero y que en la Ley Federal de Derechos se mantengan los porcentajes actuales para garantizar beneficios directos a regiones mineras, e incluso que se aumenten en el presupuesto.
Porque dicho fondo se nutría de las aportaciones de un porcentaje de las ganancias obtenidas por las empresas mineras asentadas en municipios con esta vocación, pero hoy esos recursos ya no se traducen en infraestructura para el desarrollo de estas regiones.
Que prospere la iniciativa ya es otro cantar, porque al segundo piso de la transformación (cualquier cosa que eso signifique) lo que le interesa es la continuidad de los «programas del bienestar», esos que reditúan en votos, aunque eso implique un déficit financiero incluso con las proyecciones mucho muy optimistas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el crecimiento que tendrá la economía del país en 2025.
De hecho, esas proyecciones mucho muy optimistas fueron cuestionadas en asuntos generales de la sesión ordinaria de este martes en la 65 Legislatura durante la intervención del diputado emecista Marco Vinicio Flores, quien expresó la preocupación de diversos sectores por las proyecciones a la baja en el presupuesto para Zacatecas, incluso con el optimismo en el crecimiento económico que planteó la SHCP en el proyecto de paquete económico 2025.
A qué grado estará la preocupación que incluso desde el oficialismo (y sus aliados del PT, aunque sea en lo federal) se presentaron iniciativas como la del diputado Alfredo Femat o la de su homólogo del PRD, Eleuterio Ramos, para solicitar al Congreso de la Unión y hasta a la presidenta Claudia Sheinbaum que se garanticen los recursos para atender las demandas de productores zacatecanos que en reiteradas ocasiones han tocado las puertas del Poder Legislativo para ser escuchados.
Ya de paso, la diputada panista Maritere López pidió que en el Presupuesto de Egresos 2025 del estado se aumenten los recursos para la Coordinación Estatal de Protección Civil que garanticen el pago de la nómina, herramientas de trabajo, equipo de seguridad y parque vehicular.
No habrá que esperar mucho tiempo para conocer el resultado de sus peticiones. Ya en la Cámara de Diputados fue aprobada la Ley de Ingresos y no tardan en hacer las modificaciones a la propuesta de Presupuesto de Egresos, con reasignaciones por hasta 15 mil millones de pesos, como ha anunciado el diputado federal Ricardo Monreal.
Y en el caso de Zacatecas, a más tardar este sábado 30 de noviembre el secretario de Finanzas, Ricardo Olivares Sánchez, hará entrega al Poder Legislativo del proyecto de paquete económico para el próximo año. Y nuestros diputados tendrán hasta un mes completito para discutir, analizar, mover comas (si les dan permiso en Palacio de Gobierno) y finalmente aprobar un presupuesto justo que incluya las peticiones que hoy se realizan.
La confianza está en la astucia del prodigio de las finanzas para presentar una propuesta de paquete económico moderado, prudente, no tan optimista como las proyecciones de la SHCP considerando que en ejercicios fiscales anteriores no se le ha cumplido ni a Zacatecas ni a otras entidades. Por algo la creación de fondos emergentes ante un déficit en la recaudación federal.
Por último, mientras hoy se propone declarar el 2025 como «Año del bicentenario de la Constitución Política del Estado de Zacatecas», el gobernador David Monreal ya está pensando en otra declaratoria: «2025. Año del Bienestar», luego de un fallido «2024. Año de la Paz», aunque fuera por decreto.
