Parte de razón tiene el senador Saúl Monreal cuando afirma que las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, por la fallida estrategia de los «abrazos y no balazos» de Andrés Manuel López Obrador, se trata únicamente de llamaradas de petate porque ya se va, se va, se va…
Pero sería muy reduccionista pensar que sólo el embajador tiene una amnesia selectiva en el tema de temas, pues durante la administración del demócrata Joe Biden, no fueron pocos los ejemplos donde aquí en México el embajador decía una cosa, pero el Departamento de Estado lo contradecía con sendas alertas de viaje.
Por ejemplo, el pasado 10 de julio, en su tercera visita a Zacatecas, Ken Salazar reconoció los avances del gobierno de David Monreal en materia de seguridad, donde se presumía una reducción de hasta 60% de los homicidios dolosos (ya desde entonces se manejaba esa narrativa). Y que el «Año de la Paz» era lo máximo. ¡Aplausos!
Pero al mismo tiempo el Departamento de Estado mantenía la alerta de viaje para Zacatecas, advirtiendo a ciudadanos norteamericanos de no viajar por nada del mundo a nuestra entidad, especialmente en carreteras y en horarios nocturnos.
Muy tarde abre los ojos el embajador Ken Salazar ante una realidad que se negaba a admitir y, a estas alturas, ya con muy poca credibilidad luego de tanto reconocimiento a la estrategia de seguridad de los gobiernos de la 4T, que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador acumuló casi 200 mil homicidios, la cifra más alta en la historia del país.
Del otro lado, tampoco puede cantarse victoria en el segundo piso de la transformación, pues aunque Zacatecas hoy se cacarea como ejemplo nacional (y puede ser algo circunstancial), la seguridad no se limita únicamente a los homicidios dolosos, esos que han bajado hasta 70% en la estadística oficial.
Porque en lo que va de la «nueva gobernanza» se han documentado hasta 3 mil 347 casos de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, es decir, casi 3 personas víctimas de este delito por día. Y en el «Año de la Paz» ya van 879 casos, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Y esa ha sido la gran deuda de la 4T y de la «nueva gobernanza», deuda que no ha merecido la misma atención en la estrategia de seguridad.
Para colmo, apenas a mediados de octubre se publicó la más reciente edición de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que elabora el INEGI, con datos al tercer trimestre de este año en el que la capital de Zacatecas dejó de estar en el top 5 de las ciudades con mayor percepción de inseguridad y Fresnillo había bajado al tercer lugar.
Pero días después la minera Newmont informó del robo de 11 góndolas con 285 toneladas de material pétreo, con valor de hasta 3 millones de dólares, de las cuales nueve ya fueron localizadas, ya vacías, en el vecino estado de Durango. Un hecho calificado como «el robo del siglo».
Y tampoco es que Newmont Peñasquito se encuentre en su mejor momento. Mientras el secretario de Economía, Rodrigo Castañeda Miranda, presume que en la última medición del Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) Zacatecas salió bien evaluado gracias al buen desempeño de la minería (pero nada dice de la pérdida en las manufacturas y la industria de la construcción), por lo que se sabe, la empresa minera establecida en Mazapil ha cerrado la puerta a estudiantes del Instituto Politécnico Nacional.
Sí, porque se negó a recibir a estudiantes del IPN para realizar sus prácticas de metalurgia, quienes ahora deberán buscar a otras empresas mineras para capacitarse.
Pues bien, ya la ENSU revelaba que en el caso de Zacatecas, un tema urgente de atender era la vigilancia en carreteras (como han advertido las alertas de viaje del Departamento de Estado en Estados Unidos), pues para el tercer trimestre de este año sólo el 15% de la población dijo sentirse segura al viajar por carretera.
Sin embargo, más allá de lo que ocurra en nuestra entidad, las masacres con la estrategia de «abrazos y no balazos» continúan en buena parte del país: los grupos delictivos que buscan el control en la frontera sur, o la violencia que tiene en jaque al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (que ya hasta exige que le apliquen la revocación de mandato, no como David Monreal que le hace al tío Lolo), o la reciente masacre en Querétaro, alcaldes decapitados, y así podría seguir una larga lista de hechos de terror.
Si la estrategia nacional de seguridad (y sus «buenos resultados», dicen) se sustenta en una Guardia Nacional integrada por más de 120 mil elementos, que se proyecta crezcan a 150 mil el próximo año, tampoco es que se respire un ambiente de paz y tranquilidad.
Mucho menos cuando hace un año, en septiembre de 2023, el diario El País dio a conocer un estudio del Complexity Sciende Hub de Viena que daba cuenta de que la delincuencia inteligente y bien organizada es el quinto mayor empleador en nuestro país, con un promedio de hasta 175 mil personas reclutadas, es decir, una fuerza superior a la que integra nuestra Guardia Nacional.
Si a este escenario se le suma el desmantelamiento del Poder Judicial, la imposición de Rosario Piedra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH) y los espejitos que nos siguen vendiendo con los llamados «Programas del Bienestar» para combatir el reclutamiento forzado de los grupos delincuenciales, bonito futuro nos espera con el segundo piso de la transformación.
Pero, pues, quiénes somos para juzgar…
