Desde tiempos de Luisa Alcalde como secretaria de Gobernación (nunca durante la gestión de Adán Augusto López), el Gobierno de México ya tenía una radiografía muy clara sobre la situación de inseguridad en Zacatecas, no sólo la estadística oficial de homicidios dolosos, sino todo aquello que no se publica en medios de comunicación y que la «nueva gobernanza» se niega a reconocer.
En lo que fue la recta final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, desde la SEGOB se integró una especie de búnker enfocado en monitorear en todos los estados «posibles situaciones de riesgo» ante visos de ingobernabilidad en algunos puntos del país, principalmente por el avance de grupos delictivos que incrementaban su campo de acción, con hechos cada vez más atroces.
El cacareado «Año de la Paz» no estuvo exento de ese monitoreo realizado por la SEGOB, como tampoco el comportamiento de la incidencia delictiva en Zacatecas, especialmente los homicidios dolosos, sin dejar de lado las graves violaciones a derechos humanos que ya son la marca de la «nueva gobernanza».
Hoy, con el cambio de administración federal y una Rosa Icela Rodríguez al frente de la SEGOB (luego de su paso por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana), ese búnker de monitoreo aún se mantiene, ahora con tareas adicionales.
Y la sonrisa de la titular de SEGOB durante la reunión de este martes con motivo de la Tercera Sesión 2024 de la Agenda Nacional de Coordinación en Derechos Humanos fue más un «a mí no me ven la cara«.
Rosa Icela Rodríguez puso particular énfasis en el Protocolo de Atención a manifestantes en vías primarias y el Protocolo de Prevención de Violencias en Manifestaciones, impulsados por Claudia Sheinbaum cuando fungía como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en invitó a los estados como Zacatecas a replicarlo en sus entidades.
La tarea: que los estados analicen dichos potocolos que hoy integran el Decálogo por la Libertad y la Paz en la Protesta Social, a fin de enriquecerlo y diseñar un «Protocolo Tipo» que sirva para todo el país.
Y fue más allá, porque en su intervención ante secretarios de Gobierno de todo el país (incluyendo Rodrigo Reyes Mugüerza representando a Zacatecas), recordó que dentro de los «100 pasos para la transformación» la presidenta Claudia Sheinbaum considera el respecto a garantías constitucionales como la libertad de expresión (¡plop!), de prensa (¡plop!), de reunión (¡plop!) y de movilización (¡recontra-plop!).
Porque a estas alturas, la SEGOB tiene una radiografía perfecta sobre la represión a mujeres que se manifestaban por el 8M, o las declaraciones inlcuso del gobernador David Monreal criminalizando a la prensa, o la represión de ciudadanos que hoy se enfocan en recolectar firmas para solicitar la revocación de mandato, o de los que se oponen al proyecto del Viaducto elevado, sin olvidar a familiares de personas desaparecidas y no localizadas a quienes han pretendido desacreditar o silenciar.
Y al término de la reunión, Rosa Icela Rodríguez reiteró el llamado a evitar la criminalización de la prtesta social, así como impedir la represión y el uso de la fuerza innecesaria, a fin de no repetir errores del pasado.
Sus palabras (que sonaron a advertencia) parecería que tuvieran como destinatario al secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, y por extensión al gobernador David Monreal; sin embargo, Zacatecas no es la única entidad que enfrenta estas circunstancias.
De hecho, la insistencia en diseñar un «protocolo tipo» para la atención a manifestantes y prevenir actos de violencia en manifestaciones responde más a factores que han hecho pensar en futuras protestas en el corto plazo, ya sea por decisiones que se tomarán en el segundo piso de la transformación o porque va en incremento el descontento con los gobiernos en los estados.
Así que desde la Coordinación de Comunicación Social de la «nueva gobernanza» pueden seguir alegando que en el encuntro con la titular de SEGOB, Reyes Mugüerza «destacó las acciones que se emprenden para la pacificación del estado y el establecimiento de una agenda de paz, que ha permitido no solamente disminuir el índice de homicidios en más del 70 por ciento, sino el fortalecimiento de la prevención del delito y las violencias«.
Porque a Rosa Icela Rodríguez no le verán la cara con su dichoso «Año de la Paz», no cuando mientras se desarrollaba la reunión en CDMX, en Zacatecas se vivían las consecuencias de que elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) arrebataran la vida a un joven en una detención en el municipio de Tabasco, según la versión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, y no en una agresión armada, como informó la Vocería de la Mesa de los Abrazos y no Balazos.
De pronto se les olvidó que Francisco Murillo ya no está en la Fiscalía, y que el actual fiscal Cristian Paul Camacho Osnaya goza de mayor credibilidad al dar mejores resultados que su antecesor. Y apenas va para un año en el cargo.
Finalmente, luego de la reunión de la Agenda Nacional de Coordinación en Derechos Humanos, Zacatecas estará en la mira de la SEGOB (con lupa) ante la manifestación a la que se ha convocado el próximo 25 de Noviembre con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
Porque pasó la glosa del tercer informe de gobierno y nadie sabe, nadie supo, nadie se hizo responsable de la brutalidad policiaca de la que fueron objeto las mujeres que se manifestaron el 8 de marzo de este año.
Pero, pues, quiénes somos para juzgar…
