Vaya lío en la Capital de Zacatecas, cuya población parece no tener suficiente con el desastre de la «nueva gobernanza», pues ahora hay que sumarle la estéril politiquería en el municipio, en una guerra de acusaciones donde al final nadie gana.
Porque al final quien sale perdiendo son los zacatecanos que, primero, tuvieron que pasar en la incertidumbre hasta que la Sala Superior del TEPJF dio el fallo a favor de un candidato, y luego, con la politiquería y guerra de acusaciones por una improvisada entrega-recepción que en nada abona a la gobernabilidad en un estado ya sumido de por sí en una crisis por la «nueva gobernanza».
La semana comenzó con una rueda de prensa del alcalde Miguel Varela en la que pretendía exponer los resultados de la auditoría en la que, dijo, se detectaron deudas a proveedores de combustible sin contratos, adeudos con la CFE, parque vehicular deteriorado, irregularidades en alumbrado público y robo de infraestructura, por decir lo menos, en un desfalco que, acusó, rondaba los 120 millones de pesos.
Luego vino otra rueda de prensa, ahora por la parte acusada, en la que se reviró a la actual administración alegando que en el plazo de 45 días hábiles que marca la Ley de Entrega Recepción del Estado de Zacatecas no se realizaron dichas observaciones, mucho menos hubo solicitud de ampliación del plazo ante el Órgano Interno de Control.
Por encima de todo, se acusó que lo dicho por Miguel Varela fueron «resultados» de una auditoría realizada por un despacho externo, cuyas observaciones no son vinculantes, es decir, carecen de validez jurídica para efectos legales, tal como ocurrió cuando se pretendía reformar la Ley del ISSSTEZAC.
Y tal parece que, intencionalmente, la actual administración se hizo de la vista gorda en el procedimiento de requerir a la anterior administración cualquier información adicional para solventar observaciones, tal como se hace en los procedimientos ordinarios de auditoría a las cuentas públicas.
Nada se dijo sobre las acusaciones por presunto desfalco hasta por 120 millones de pesos, y aunque reza un dicho muy conocido que «el que calla, otorga«, tampoco es que las irregularidades denunciadas por el alcalde Miguel Varela asciendan a montos tan escandalosos, según lo que arrojan los informes financieros trimestrales, disponibles para consulta pública en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Según lo que se entendió en la rueda de prensa del pasado lunes, buena parte de las acusaciones corresponden a gastos en Capítulos 2000 y 3000. Sin embargo, entre ambos capítulos apenas suman 108 millones 96 mil 586.77 pesos devengados, de los cuales 106 millones 589 mil 793.73 pesos estaban pagados al 30 de septiembre, según los informes financieros disponibles en la PNT. O sea, ni siquiera se alcanza el monto de los 120 millones de pesos.
En segunda, y es lo más importante, dentro del monto devengado y pagado, ni siquiera se está considerando lo que sí corresponde a un gasto ordinario que sí o sí se debe hacer. Para Varela Pinedo, sus cuentas alegres sugieren que el 100% del recurso devengado y pagado fue irregular o tiene anomalías.
Y, pues, tampoco, ¿verdad? Porque ni modo que las oficinas se queden sin papelería, o que los vehículos oficiales se queden sin combustible para cumplir con los servicios públicos, o que ni siquiera se paguen los recibos por cobro de energía eléctrica y agua potable porque, como a cualquier usuario, la CFE no perdona.
Claro que no todo está bien en las cuentas que se ofrecen en los informes financieros durante la administración de Jorge Miranda, y eso es muy sencillo de advertir al analizar el incremento que hubo en los primeros nueve meses de 2024 en relación con el mismo lapso de ejercicios fiscales anteriores.
Porque ahí es donde nos damos cuenta que si bien lo correspondiente a los gastos del Capítulo 3000 se mantienen en una constante respecto a años previos, con un crecimiento que ronda el 30%, en lo que corresponde al Capítulo 2000 sí hubo un incremento considerable, tal vez exagerado, aunque no en los niveles que acusó el alcalde panista.
Por ejemplo, mientras en 2022 se devengaron en los primeros nueve meses algo así como 21.3 millones de pesos en «Materiales y suministros» (Capítulo 2000), al año siguiente el monto incrementó a poco más de 25 millones, y para este año, en el mismo lapso se devengaron 54.6 millones de pesos. Hablamos de una diferencia de 29.5 millones de pesos que representan un crecimiento del 117.7% respecto al mismo periodo de 2023.
En el caso de los recursos pagados, también del Capítulo 2000, en 2022 se erogaron poco más de 21.3 millones de pesos; para el 2023 fueron 24.1 millones, y para este año, en los primeros nueve meses se pagaron poco más de 57.1 millones de pesos. Es decir, una diferencia de poco más de 33 millones de pesos, que representan un incremento del 137.1% respecto al mismo periodo de 2023.
Si en esa fórmula consideramos los incrementos «naturales», cíclicos, de cada ejercicio fiscal, ahí sí llegaríamos a un excedente de entre 24 y 25 millones de pesos considerados como «irregulares», porque no corresponderían a la dinámica de crecimiento de ejercicios fiscales anteriores.
Y sólo hablamos del Capítulo 2000, ahí donde se incluyen materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales; alimentos y utensilios; materias primas y materiales de producción y comercialización; materiales y artículos de construcción y reparación; productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio; combustibles, lubricantes y aditivos; vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos; materiales y suministros para seguridad; así como herramientas, refacciones y accesorios menores.
Si a ello le sumamos lo poquito que se pudiera encontrar de excedente en Capítulo 3000, de nuevo, comparando con la dinámica de ejercicios fiscales anteriores, el exalcalde Jorge Miranda tendría que aclarar un monto cercano a los 30 millones de pesos; es decir, sólo una cuarta parte de lo que acusó Miguel Varela, y un monto mucho menor a los más de 40 millones de pesos que le observaron al municipio de Ojocaliente en sus cuentas públicas cuando la administración de Daniel López Martínez.
Ya lo del revanchismo político es otro cantar, porque los diputados Ruth Calderón y Santos González anunciaron también que le meterán mano a la propuesta de Ley de Ingresos 2025 presentada por el Ayuntamiento de Zacatecas ante la Legislatura, al considerar un serio golpe al bolsillo de las familias incrementos como el 12.3% en el impuesto de traslado de dominio, o de hasta 17% en derechos municipales; y hasta la eliminación de subsidios en el impuesto predial, o los recortes en apoyos para multas y recargos. Y pues, de momento, en la 65 Legislatura, el oficialismo tiene mayoría para hacer y deshacer.
Eso sí, en medio de este pleito de dimes y diretes, mucho tendría que aclarar el cuasi eterno auditor superior del Estado, Raúl Brito Berúmen, por tanta disparidad en la revisión de las cuentas públicas, pues aunque hay entes públicos que comparten irregularidades (casi casi hasta los mismos conceptos y las mismas personas físicas y morales), a unos les toca mayores montos en observación que a otros.
También mucho tendrían que explicar los diputados que han integrado la Comisión de Vigilancia y la de Presupuesto y Cuenta Pública de las pasadas legislaturas, pues en su dictaminación de cuentas públicas han avalado y dejado pasar estas disparidades, y no creemos que sea precisamente por ignorancia.
Porque por sus manos debió pasar la dictaminación de la Cuenta Pública del Poder Legislativo donde obraba la revisión a la llamada «Estafa Legislativa», aprobada sin chistar por la 64 Legislatura, sin entrar en controversias.
Finalmente, en medio de todo este asunto, mejor haría el alcalde Miguel Varela en dedicarse a hacer su chamba, que para ello de dieron el triunfo en los tribunales electorales, porque vaya que tiene un desastre en su administración, y no precisamente por «herencias malditas».
Claro, poco se podía esperar si en su gabinete ha integrado no sólo a quienes ejercen (y siguen ejerciendo) violencia familiar, violencia de género y violencia política en razón de género. También los hay quienes ya fueron servidores públicos (incluso en el oficialismo) y sólo se dedicaron a desviar recursos o pasar la famosa charola de los moches. Pero, pues, cada quién…
