Llegado el plazo límite, este viernes 31 de enero al menos la Secretaría de Finanzas (SEFIN) ya hizo públicos sus informes financieros correspondientes al cuarto trimestre de 2024 y aunque a primera vista parecería que no hubo subejercicios, la realidad es que sus propios números revelan un desorden administrativo en algunas dependencias que es de llamar la atención.
En general, al cierre del año pasado hubo una diferencia de 1 mil 8 millones 856 mil 11 pesos entre el recurso devengado (o sea, el que estaba comprometido al 31 de diciembre) y lo que en realidad se había pagado a la fecha del corte de los informes financieros. Y de ese total, 1 mil 4 millones 320 mil 512 pesos corresponden únicamente a dependencias de la administración pública centralizada.
Naturalmente, hay un monto de más de 308.7 millones de pesos del Capítulo 1000 que se sobreentiende que serían destinados al pago de servicios personales al cierre del año y principios del ejercicio fiscal 2025.
Sin embargo, hay otros montos significativos por pagar y que algunos insisten en atribuirlos al actual jefe de Oficina del Gobernador, un tal «Zuñi«, el principal obstáculo que han enfrentado todas (y eso es todas) las dependencias y organismos públicos descentralizados para ejercer sus presupuestos asignados.
Por ejemplo, en el Capítulo 2000 de «materiales y suministros», quedaron más de 117.6 millones de pesos pendientes de pagar al 31 de diciembre. En el Capítulo 3000, de «servicios generales», el monto pendiente por pagar ascendió a poco más de 116.2 millones de pesos.
En cambio, en el Capítulo 4000, de «transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas», el monto por pagar apenas alcanzó poco más de 27.3 millones de pesos (y en el caso específico de la partida 4400, de «ayudas sociales», se pagó la totalidad del recurso devengado y presupeustado).
No obstante, en el caso del Capítulo 5000, de «bienes muebles, inmuebles e intangibles», quedaron pendientes de pagar más de 177 millones 237 mil 460 pesos, de los cuales más de 102.2 millones de pesos corresponden únicamente a la Partida 5400, para la adquisición de «vehículos y equipo de transporte», sobre todo en lo presupuestado a la Secretaría de Seguridad Pública, que al cierre del año pasado tenía pendiente por pagar más de 90.7 millones de pesos de esta partida.
En lo correspondiente al Capítulo 6000, de «inversión pública», quedaron pendientes por pagar más de 146.1 millones de pesos: 47 millones 675 mil 546 pesos en la Secretaría de Obras Públicas (SOP); 41 millones 354 mil 534 pesos en la SEDESOL; y 57 millones 80 mil 426 pesos en la SEDUVOT.
De hecho, la información relativa a este Capítulo es harto interesante, pues al inicio del ejercicio fiscal, la SOP tenía autorizados 820 millones de pesos en la partida 6100, para «obra pública en bienes de dominio público»; sin embargo, al tercer trimestre de 2024 a la SOP le redujeron el presupuesto a 700 millones 231 mil 533 pesos (es decir, un recorte de 119 millones 768 mil 467 pesos).
Pero lo que llama la atención es que al cuarto trimestre del año pasado, a la SOP le redujeron el presupuesto a 125 millones 616 mil 602 pesos (es decir, un recorte de 694 millones 383 mil 398 pesos; posiblemente canalizados al Viaducto elevado). En total, la SOP habría pagado al 31 de diciembre sólo el 62.04% del presupuesto final para obra pública.
Habrá qué ver cuál ha sido la ministración final al Fideicomiso creado ex profeso para el Viaducto elevado, pues además del recurso que le recortaron a la Secretaría de Obras Públicas, en el Capítulo 7000 relativo a «inversiones financieras y otras provisiones» hubo un monto de 950 millones de pesos de la partida 7500, para «inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos», correspondientes al presupuesto de la SOP que fueron devengados y pagados al 31 de diciembre.
Además, hay otros movimientos presupuestales que también llaman la atención. Por ejemplo, durante el cuarto trimestre del año pasado, al Poder Legislativo le ampliaron el presupuesto en 27 millones 216 mil 41 pesos durante el cuarto trimestre, ya con la 65 Legislatura en funciones; aunque una parte de ese monto corresponde a una ampliación presupuestal a la Auditoría Superior del Estado.
En tanto, al Poder Judicial le ampliaron el presupuesto en 19 millones 49 mil 192 pesos durante el cuarto trimestre, mientras a la Universidad Autónoma de Zacatecas, entre octubre y diciembre, le ampliaron el presupuesto en 557 millones 919 mil 518 pesos.
Ese es el balance general del ejercicio del presupuesto al cierre del 2024 y que sugiere que, en relación con la información financiera del tercer trimestre, hubo dependencias que tarde, muy tarde, pudieron comprometer su presupuesto y no alcanzaron a pagar la totalidad al cierre del ejercicio fiscal. Y con esos números, habrá qué preguntarse qué irán a meter en el cuarto informe de gobierno si tan sólo en obra pública (que no sea el Viaducto elevado), la inversión se ha reducido a una cuarta parte de lo que se asignó en el primer año de gobierno.
Caty Monreal, entre deudores fiscales
Con un mes de retraso, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la última actualización de listados de contribuyentes incumplidos con el pago de sus impuestos, con corte al 1 de enero de este año. Y sí, de Zacatecas hay varias sorpresas.
Por ejemplo, la actual directora de Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), Eldaa Catalina Monreal Pérez, se encuentra entre los contribuyentes con créditos fiscales firmes, es decir, que el SAT tiene en sus registros que ha incumplido con el pago de sus impuestos y ya le ha hecho algún requerimiento.
No es el único caso con crédito fiscal firme, pues en el listado también se encuentra Fermín Parra Luna, actual director del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur, que recién fue multado por violar la protesta que tiene paralizadas las actividades en la institución que encabeza.
Además, con crédito fiscal firme y en el mismo supuesto se encuentra Hamurabi Gamboa Rosales, actual director del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (COZCYT), así como el priísta Gustavo Salinas Íñiguez, extitular del Instituto Zacatecano de Cultura.
Llama la atención que en este listado de contribuyentes incumplidos, también con créditos fiscales firmes, se encuentren el Fideicomiso Zacatecas responsable de la administración de los Parques Industriales y donde se nota la eficiencia del secretario de Economía, Rodrigo Castañeda Miranda.
También se encuentra en este supuesto la empresa fresnillense Rivera y Rivera SA de CV, ganadora de jugosas licitaciones para obra carretera en Fresnillo vinculada con la familia Monreal, particularmente durante la administración del actual senador Saúl Monreal.
De igual manera, en este listado de contribuyentes incumplidos se encuentra el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Villa Hidalgo, así como la Universidad Autónoma de Zacatecas, con todo y la ampliación presupuestal del cuarto trimestre de 2024. ¿Algo que tenga que aclarar el rector Rubén Ibarra?
