Mientras el rector Rubén Ibarra Reyes seguía en su papel de tapete de la «nueva gobernanza» durante la octava sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública, la secretaria general del Sindicato de Personal Académico (SPAUAZ), Jenny González Arenas, le leía la cartilla por enésima ocasión.
Porque este 20 de enero fue el plazo que tenía la Rectoría de la Universidad Autónoma de Zacatecas para reponder ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje por el emplazamiento a huelga ante diversas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo.
Como eso de mentir no se le da a Rubén Ibarra, en su momento declaró que no había elementos para estallar la huelga porque dizque ya se había cumplido con el pliego petitorio, y en su lugar acusó que se trataba de una acción con tintes políticos, en el preámbulo de la renovación de la Rectoría.
Para nadie es secreto la misoginia del Rector, más acuciada luego del triunfo de Jenny González al frente del SPAUAZ, quien en un videomensaje señaló punto por punto los temas pendientes que no se han atendido, como el adeudo al SAT, FOVISSSTE y el RCV (retiro, cesantía y vejez) de jubiladas y jubilados, o adeudos de docentes fallecidos, conceptos que hasta hoy ascienden a casi 100 millones de pesos.
A esa suma se agrega la disparidad en las percepciones salariales de funcionarios universitarios, pues aunque la asignación en el presupuesto federal apenas asciende a 94 millones de pesos, en la realidad se erogan unos 234 millones; es decir, se estarían pagando de más algo así como 140 millones de pesos.
Y eso es nada más en lo que compete a las demandas del SPAUAZ, porque la crisis financiera de la máxima casa de estudios aún continúa sin resolverse luego de quién sabe cuántas declaraciones de Rubén Ibarra de que ya casi, ya merito, ya estaba a punto de resolver el adeudo histórico de la UAZ con el ISSSTE… cuyo acuerdo para la conciliación se venció el 31 de diciembre de 2024.
De hecho, la situación financiera de la UAZ se encuentra entre los factores de riesgo (específicamente, el que representa mayor riesgo) en el paquete presupuestal del estado aprobado en diciembre pasdado por la 65 Legislatura. Y mientras no se resuelva, ahí se la vivirán en el último año de rectorado (haiga sido como haiga sido la extensión de su mandato) de Rubén Ibarra.
Por lo pronto, para este martes al mediodía se ha convocato a reunión del Comité de Huelga para verificar los avances en torno al emplazamiento. Y todo indica que no serán días fáciles para Jenny González en el SPAUAZ.
Inversiones que no cuadran
A diferencia del poder de convocatoria de la presidenta Claudia Sheinbaum incluso entre la oposición, desangelada estuvo la convocatoria a la octava sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública y la Plenaria Municipalista, pues de los 58 alcaldes únicamente asistieron unos 25.
Será que a muchos no les agradó el esquema de coinversión durante las administraciones pasadas dizque para potenciar la bolsa de recursos a invertir en infraestructura en los municipios, pues no fueron pocos los casos donde se acusaban sobrecostos o que se relegaba a los Ayuntamientos en la ejecución de las obras, que en gran medida se realizaban con un buen retraso susceptible de ser observado por la Auditoría Superior de la Federación, o casi casi a punto de incurrir en subejercicios.
Pues bien, hoy la meta de buenas intenciones es disponer de una bolsa conjunta de 1 mil 29 millones de pesos para infraestructura en los municipios, de los cuales el estado aportaría unos 565 millones y los municipios, los 464 millones restantes. Que se cumpla esta meta ya es otro cantar, sobre todo cuando menos de la mitad de los alcaldes mostró interés por participar en la citada Plenaria Municipalista.
Ahí, el secretario de Finanzas, Ricardo Olivares Sánchez, advirtió que aunque se dispondrá de una bolsa cercana a los mil millones de pesos para el saneamiento financiero de los municipios (cuyos adeudos al SAT o el IMSS superan este monto), no se permitirá la mezcla de recursos para incrementos salariales, gastos de representación ni para erogaciones superfluas. A ver si entendieron el mensaje en Fresnillo y la Capital, ¿verdad?
Luego, en la sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública, por enésima ocasión se repitió la cantaleta de la disminución de homicidios dolosos (con la consabida manipulación de cifras oficiales), se entregó equipamiento a las corporaciones con inversión superior a los 90 millones de pesos.
Y se aprobó para este año un presupuesto de más de 331 millones de pesos para tareas de seguridad y justicia, con compromisos como el equipamiento de las corporaciones, la dignificación salarial de los policías (y otras prestaciones y beneficios), y la ambiciosa meta de contratar a 773 nuevos elementos, considerando que existe un déficit de 2 mil policías municipales.
Bien curioso que durante la sesión del Consejo también se informó que la «nueva gobernanza» invertira unos 294 millones 769 mil 684 pesos en la segunda fase del complejo de seguridad C5i (la «i» dizque por la «inteligencia»). Sin embargo, en el Anexo 10 del Presupuesto de Egresos, en el desglose de los proyectos plurianuales, dicho proyecto tiene una estimación presupuestal total de 255 millones 77 mil pesos y concluiría hasta 2027. O sea, más cifras alegres…
Mientras tanto, qué feo panorama pinta para Zacatecas con la reacción tardía a la deportación masiva que empezó desde el primer día de mandato de Donald Trump. A ver si de pura chiripa en la llamada «Agenda del Bienestar 2025» se cuela alguna acción enfocada en los zacatenos que regresan por estas medidas del gobierno de Estados Unidos, o si nada más les interesan las remesas y sus aportaciones al 2×1.
