El llamado «Año de la Paz» se estrenó con tremenda brutalidad policiaca durante la manifestación del 8M con motivo del Día Internacional de la Mujer. Desde entonces, el decreto gubernativo que se limitaba a una leyenda en toda papelería oficial enfocó su discurso en la reducción de la incidencia delictiva, en particular la disminución de homicidios dolosos.
La «nueva gobernanza» confiaba en que el tema se olvidaría con el paso del tiempo, a tal punto que ni siquiera hubo mención a estos hechos en el tercer informe de gobierno de David Monreal… hasta que llegó la recomendación 272/2024 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que entre otras medidas, solicitaba una disculpa pública a las víctimas del 8M.
Hoy, casi un año después, y en el preámbulo de las actividades conmemorativas del 8M, desde la «nueva gobernanza» se informa que autoridades estatales y federales realizaron reunión de trabajo en seguimiento a la recomendación de la CNDH, pero donde la prioridad se enfocó en «la revisión de los protocolos de actuación, así como la generación de buenas prácticas para la atención de las manifestaciones pacíficas«.
O al menos eso se informó a través de la Coordinación de Comunicación Social, cuando la realidad es que esta reunión fue más bien producto de oootra reunión, aquella sostenida con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en noviembre pasado con motivo de la Tercera Sesión 2024 de la Agenda Nacional de Coordinación en Derechos Humanos.
Como se recordará, en aquel entonces la titular de SEGOB puso particular énfasis en el Protocolo de Atención a manifestantes en vías primarias y el Protocolo de Prevención de Violencias en Manifestaciones, impulsados por Claudia Sheinbaum cuando fungía como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, e invitó a los estados como Zacatecas a replicarlo en sus entidades.
Porque ya desde entonces (incluso desde que Luisa Alcalde estaba al frente de la SEGOB), la federación ya tenía una radiografía muy clara respecto a la represión durante las manifestaciones del pasado 8 de marzo, incluyendo las muy desafortunadas y lamentables declaraciones del gobernador David Monreal y más recientemente, del secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral.
Aquella reunión de noviembre pasado concluyó con un llamado de Rosa Icela Rodríguez para evitar la criminalización de la protesta social, así como impedir la represión y el uso de la fuerza innecesaria, a fin de no repetir errores del pasado. Y no: no necesariamente se refería a los actos de represión durante los gobiernos del PRIAN.
No es gratuito que mientras en Palacio de Gobierno se desarrollaba la reunión entre autoridades federales y estatales, dizque en seguimiento a la recomendación de la CNDH; enfrente, en el Palacio de Justicia se realizaba oootra reunión entre colectivos de feministas (incluyendo víctimas del 8M) y defensoras de derechos humanos, funcionarios la Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOB, una visitaduría de la CNDH, de la Coordinación de la Comisión de Género e Igualdad y hasta del Mecanismo de colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno federal, para el diseño y construcción de manera conjunta de las políticas públicas.
Porque a casi un año de tan lamentables hechos de brutalidad policiaca, no hay garantías de que esta brutalidad no se repetirá en la manifestación de este año, mucho menos cuando no hay visos siquiera de comenzar con una disculpa pública, mucho menos para la reparación del daño, y todavía menos para sancionar a la cadena de mando responsable de tales acontecimientos.
Este será el preámbulo del «Año del Bienestar», en un discurso que olvida olímpicamente a las mujeres víctimas de violencia, especialmente la que se ejerce desde los espacios de poder. ¿Podemos hablar de bienestar sin la existencia de la justicia?
Arturo Nahle deja la toga
La noticia ya se esperaba y se consumó este miércoles: Arturo Nahle remitió a la 65 Legislatura su renuncia al cargo de magistrado, con efectos a partir del 14 de septiembre.
No lo hizo hace dos semanas, cuando presentaron su renuncia los magistrados Beatriz Elena del Refugio Navejas Ramos, Miguel Luis Ruiz Robles, Miguel Pérez Nungaray, Evelia Ramírez González y Edgar López Pérez.
No, Arturo Nahle lo hizo un par de días después como estrategia para jalar reflectores, aunque los motivos de su renuncia bien pudieran considerarse como la defensa del Poder Judicial del Estado de Zacatecas que se hubiera esperado en el escaso mes que demoró el Poder Legislativo en aprobar la llamada reforma judicial.
En su carta de renuncia, el todavía magistrado advierte que: «Lamentablemente la reforma judicial aprobada el año pasado pone en grave riesgo no solo la continuidad de estos logros, sino también la autonomía e independencia de la judicatura».
Y agrega: «No creo que la simple elección por voto popular o por tómbola de ministros, magistrados y jueces vaya a mejorar la impartición de justicia; mi opinión es que el costo de las elecciones y el pago de liquidaciones a personas juzgadoras de carrera debiera invertirse, por ejemplo, en la implementación del nuevo sistema de justicia civil y familiar. No presupuestar recurso alguno para la denominada justicia digital es no entender la nueva realidad de un mundo globalizado por el desarrollo científico y tecnológico«.
Porque antes de concluir su periodo como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, en enero de 2024, el Congreso de la Unión aprobó la reforma integral al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que obligaba a hacer enormes cambios que requerían una fuerte inversión para garantizar que el Poder Judicial cumpliera con las nuevas disposiciones… pero ese recurso (estimado en más de 250 millones de pesos) nunca llegó.
Finalmente, no hay que olvidar que esta renuncia llega después de que fue emitida la convocatoria para la próxima elección judicial, lo que necesariamente obligará a modificar la convocatoria cuyo proceso de selección de perfiles ya comenzó.
Así pues, sigue la pregunta en el aire: ¿puede haber bienestar en el «Año del Bienestar» sin la existencia de justicia?
