Sin decir «agua va»

Apenas el pasado 6 de enero, en pleno Día de Reyes, se informó que el ISSSTE había invertido unos 10 millones de pesos en la instalación de dos nuevos elevadores y la adquisición de equipo médico de última generación, para áreas como anestesiología, cardiología, oftalmología y esterilización.

Porque a diferencia del esquema IMSS-Bienestar, o incluso del propio IMSS, en el ISSSTE aún no está tan peor la atención médica y aún procuran mantener instalaciones en condiciones para brindar los servicios de salud a la derechohabiencia (aunque el rector de la UAZ, Rubén Ibarra Reyes, no pague sus cuotas).

Sin embargo, esta inversión podría ser inútil, dinero tirado a la basura, porque más pronto que tarde, y sin decir agua va, fueron notificados por la Dirección de Seguridad Vial del Estado de Zacatecas sobre cambios en la circulación vehicular derivado del inicio de obras por el Viaducto elevado (que nadie pidió), que afectarían ya no sólo el ingreso de pacientes al Hospital General del ISSSTE y la Torre Médica, sino también y primordialmente la circulación de las ambulancias para atender emergencias.

Bien raro que la «nueva gobernanza» dizque ha establecido reuniones con los sectores que se verán afectados por el desarrollo de las obras a lo largo de los 3.4 kilómetros que comprende el proyecto del Viaducto elevado, incluyendo directores de planteles escolares y padres de familia para plantear rutas alternas y que el estudiantado no se vea afectado en su asistencia a clases.

Pero hasta el momento no ha habido una reunión formal con autoridades del ISSSTE donde sí o sí se verán afectados los servicios de salud que se brindan en el Hospital General, más hablando de servicios de emergencias.

No quisiéramos pensar que esta demora se deba a que el subdelegado Administrativo del ISSSTE, Salvador Estrada, forma parte del equipo de confianza del hoy diputado federal Ulises Mejía Haro, quien ya ha expresado que el Viaducto elevado no es una obra necesaria para el contexto de Zacatecas, lo que le valió que el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, lo acusara de ser «más conservador que los conservadores».

Eso sí, de llevarse a cabo esta reunión con autoridades del ISSSTE, la «nueva gobernanza» se llevará algunas sorpresas, pues es sabido que el Hospital General prácticamente se mantiene en pie de milagro debido a que por la ruta donde se pretende construir el Viaducto elevado (y donde está asentado el nosocomio) también cruza un arroyo que obliga a invertir en pilotes para sostener la estructura del hospital, aunque seguramente eso debió saltar en los estudios que realizara la «nueva gobernanza» para la elaboración del Proyecto Ejecutivo y lo tienen ya. contemplado, ¿verdad?

Más allá del problema que representará esta obra (que nadie pidió) para brindar los servicios de salud del ISSSTE, continúa la polémica por el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Zacatecas para suspender las obras, y el posterior fallo del Tribunal de Justicia Administrativa (con todo y conflicto de interés y en pleno periodo vacacional).

Algunas voces advierten que no procederá el recurso interpuesto por el equipo del alcalde capitalino, Miguel Varela, y que el Viaducto elevado va porque va. No obstante, a través de Juan Francisco Valerio, integrante de Ciudadanía Participativa de Zacatecas, ya se ha advertido que vendrán otros recursos que busquen dar marcha atrás al proyecto en el que se invertirían más de 3 mil 600 millones de pesos.

Mientras tanto, el secretario de Obras Públicas, Luis de la Peña, se entretiene alegando que a la dependencia que encabeza no le compete el trámite de permisos requeridos para el desarrollo de las obras, sino a la empresa constructora responsable del proyecto, es decir, Grupo Hycsa. O sea, sí se requieren permisos municipales, aunque hayan dicho que no se requieren permisos municipales.

Eso sí, ahora resulta que quien se oponga al Viaducto elevado está en contra de modernizar a Zacatecas. ¡Vaya machincuepa! Será que la «nueva gobernanza» tiene otro concepto sobre lo que significa modernizar, teniendo aún población sin acceso al agua potable (que es un derecho humano), a la vivienda digna (o que viven en condiciones de hacinamiento), a la educación, a la salud, o incluso a servicios de telefonía e internet.

Ya durante la comparecencia de la secretaria del Agua y Medio Ambiente, Susana Rodríguez, se hizo un comparativo importante sobre cuántos pozos, cuántas plantas tratadoras, cuántos rellenos sanitarios o cuántas plantas recicladoras podrían construirse con los más de 3 mil 600 millones de pesos que se invertirán en una obra que nadie pidió. Pero prioridades son prioridades, más en el «Año del Bienestar» en el que la «nueva gobernanza» parece entender que ahorrarse 15 minutos de tráfico vehicular significa «modernizar». ¡Ter-nu-ri-tas!