En sesión de periodo extraordinario del pasado martes en la 65 Legislatura, se declaró por aprobada la reforma judicial con el aval de 42 Cabildos (y uno en contra) de los 58 Ayuntamientos a los que fue remitida la minuta correspondiente.
El mismo día, con la misma urgencia de quedar bien con Palacio Nacional que ha caracterizado a esta Legislatura, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas se publicó el suplemento con el decreto correspondiente y con efectos inmediatos. O sea, de que les urgía, les urgía.
Lo anterior permitió que, también en periodo extraordinario en sesión de este miércoles, el pleno aprobara por mayoría (con el único voto en contra por parte de la diputada Maritere López García) la designación de Miguel Eliobardo Romero Badillo como consejero del órgano de Administración del Poder Judicial del Estado de Zacatecas por un plazo de seis años, y el mismo día se le tomó protesta.
Su tarea será, junto a los consejeros que designe el Ejecutivo y el Judicial, seleccionar a los perfiles que participarían como candidatos y candidatas a jueces y magistrados como establece la reforma judicial, la cual se estrenaría en junio de este año para el caso de Zacatecas, a la par de la elección federal que ya organiza el Instituto Nacional Electoral (INE) a marchas forzadas y con presupuesto insuficiente.
El escenario no será mejor para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), que parte de un recorte presupuestal superior a los 200 millones de pesos, aunado a la falta de personal y con los tiempos encima para organizar lo que pretenden vender como «un ejercicio para democratizar la justicia» que más bien parece el desmantelamiento del Poder Judicial.
Porque a diferencia del proceso que siguió la reforma judicial a nivel federal, en el caso de Zacatecas se presentó una primera iniciativa el 11 de diciembre de 2024, por parte de grupos parlamentarios de oposición; luego el 26 de diciembre se presentó otra iniciativa, esta vez remitida por el Ejecutivo estatal, y en apenas dos semanas se dictaminó, se votó y se remitió la minuta correspondiente a la consideración de los Cabildos en los municipios.
Sin foros de consulta ciudadana, sin la opinión técnica del Poder Judicial, sin considerar el impacto presupuestal de la iniciativa. Como quien dice, trocho, cutre y al vapor como ha sido todo en la «nueva gobernanza» para intentar quedar bien con Palacio Nacional, como si ello se hubiera traducido en mejores presupuestos para Zacatecas.
Pero es por esta premura, y por hacer las cosas todas rancuanas, que genera sospecha la iniciativa presentada con mucha anticipación por el diputado Jesús Padilla para extinguir al Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI).
Nadie niega que es un mandato constitucional que deberán acatar las 32 entidades federativas, pero deberá ser llegado el momento, cuando se cumplan los transitorios segundo y cuarto del decreto correspondiente, como explicamos en este espacio el pasado martes. Antes no.
La misma explicación jurídica la señaló la aún comisionada del INAI, Julieta del Río, a quien pareció responder Padilla Estrada en la tribuna legislativa durante la sesión de este miércoles, alegando que él sí se ha ganado su lugar llenándose los zapatos de tierra. Muy bien, así se ganan los cargos de elección popular, no así los cargos por un servicio profesional de carrera o incluso por una convocatoria de selección. Son cosas muy diferentes en el servicio público.
Eso sí, para hablar de dispendios, despilfarros, gastos onerosos y demás en el órgano garante de la transparencia, muy poca probidad puede tener el diputado promovente de la iniciativa, pues como se recordará Jesús Padilla ya había sido señalado (junto a otros diputados de la 63 Legislatura) por estar involucrado en la «Estafa legislativa», y un presunto desvío de hasta 200 millones de pesos, que acusó en su momento el entonces diputado Ernesto González Romo. Un tema del ahora se hacen de la vista gorda.
Finalmente, lo único que se espera es que la 65 Legislatura respete los tiempos que marca el decreto federal, pues la extinción del IZAI ya es un hecho y eso nadie lo está negando. Pero pretender hacer cosas buenas que parecen malas (y viceversa) lo único que genera es inestabilidad, más cuando recién presentada la iniciativa, se supo que el secretario de la Función Pública, Ernesto González Romo, ya estaba requiriendo al IZAI respaldo de toda la información de los sujetos obligados a la fecha. ¿Con qué facultades si apenas se presentó la iniciativa para trasladarle las funciones del órgano garante?
Al sótano por pésimo desempeño
De acuerdo con el Ranking de desmpeño de recortes de universidades públicas, el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Rubén Ibarra Reyes, se encuentra en penúltimo lugar (posición 34 de 35) con la peor evaluación en el país, en la recta final de su rectorado.
Y aunque cuenta con 42% de aprobación a su gestión, superior a la que arrastra el gobernador David Monreal, la sumisión con la que ha actuado frente a la «nueva gobernanza», aunado al pleito intestino con la dirigente del SPAUAZ, Jenny González Arenas, sin olvidar su marcada tendencia a mentir en sus cacareadas gestiones que no han logrado gran cosa para resolver la crisis por la que atraviesa la Universidad; todo ello mantienen a Rubén Ibarra con tan bajos niveles de aprobación, muy lejos del 65% del que goza el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí.
Eso sí, en lo que será el proceso de renovación de la Rectoría, nuestra Máxima Casa de Estudios se enfrentará a una nueva amenaza: la división. Porque si los detractores de Ibarra Reyes no impulsan una candidatura de unidad, con la mano en la cintura la «nueva gobernanza» les podría ganar ese lugar, independientemente de la pretendida «autonomía» de la Universidad. Pero, pues, cada quién…
