Continuando con el revanchismo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Zacatecas se sumó a la reforma judicial para desmantelar al Poder Judicial en lo federal y en lo local, y la inicitiva recién presentada hace unos días para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas sólo será el tiro de gracia.
Porque con la iniciativa presentada por el diputado Santos Antonio González apenas el pasado 20 de febrero, por la que se expide una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ) deja de ser el máximo órgano de gobierno al interior de este poder, con apenas 13 atribuciones «y las dempás que la ley y otros ordenamientos le confieran». Y la Presidencia queda como mero guiñapo decorativo.
En cambio, el Órgano de Administración Judicial tendrá hasta 62 atribuciones (que antes correspondían al Pleno del TSJEZ), además de «desempeñar cualquier otra función que le corresponda conforme lo establezca la Constitución General, la Constitución Local y las leyes que de ellas emanan«.
Si, por ejemplo, el magistardo Arturo Nahle requería un chofer para sus actividades laborales luego de su delicada operación, antes tenía que hacer la solicitud ante el Pleno del TSJEZ y, de ser aprobada, turnar el acuerdo a la Oficialía Mayor, sin más problemas.
Pero ahora, esa solicitud tendría que ser valorada por el Órgano de Administración Judicial, que en adelante tendría todo el control presupuestal y administrativo en el Poder Judicial, y decidiría si a un magistrado, juez, secretario de acuerdos, proyectista y demás personal judicial se le autoriza hasta la compra de un lápiz.
Por si la ignominiosa tómbola judicial no hubiera sido suficiente humillación pública, en Zacatecas va avanzando haiga sido como haiga sido la elección judicial, que se empatará con el proceso extraordinario federal para la elección del 1 de junio de este año.
Y tal como se ha visto en el proceso federal, en lo local también surgen los primeros visos del cochinero que está implicando la llamada reforma judicial, pues este martes 25 de febrero, casi a la medianoche, fueron publicados los listados de los perfiles inscritos que resultaron «elegibles» para continuar con el proceso de selección de perfiles idóneos para participar en la elección judicial. Y en esos listados el nepotismo y los conflictos de interés claro que salen a flote.
En los tres listados remitidos por los comités evaluadores del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la mayoría de los nombres se repiten. Al menos una tercera parte, corresponden a personas que actualmente laboran en el Poder Judicial, ya sea como magistrados, jueces, secretarios y secretarias de acuerdos, proyectistas, entre otros cargos.
Otra tercera parte corresponden a perfiles ciudadanos, sin un vínculo laboral directo con el Poder Judicial, que se desempeñan principalmente como docentes en instituciones de educación superior.
Y la última tercera parte está integrada por cónyuges, hermanos, hijos, cuñados… o por perfiles con algún conflicto de interés.
Entre estos perfiles se identifica a los exconsejeros electorales del IEEZ, Carlos Casas Roque y Brenda Mora Aguilera; el magistrado electoral del TRIJEZ, José Ángel Yuen Reyes; los actuales magistrados Ricardo Humberto Hernández León y Verónica Muñoz Robles (y de ésta, hasta se incluye a su esposo Víctor Ovalle Rodríguez).
Pero también figuran Hugo Gerardo Rivera Ortiz, hijo del magistrado Virgilio Rivera; Silvia Priscila Esparza Rodarte, hija de Silvia Rodarte Nava (integrante el comité evaluador); Alfonso Valenzuela Cisneros, hijo de Antonio Valenzuela (también integrante del comité evaluador); José Manuel Peña Badillo, hermano del diputado local y dirigente estatal del PRI Carlos Peña Badillo; y aún hay más.
Porque entre los perfiles seleccionados como «elegibles» se encuentran los hermanos Eduardo Fernando Noyola Núñez y Martha María Noyola Núñez, esta última excandidata a diputada local distrito 1 por La Familia Primero; o qué tal Patricio García Tiscareño, cuñado del exdiputado local Jehú Edui Salas Dávila.
Y la lista sigue con Amparo Jáuregui Durán, del Instituto de la Defensoría Pública; Osvaldo Cerrillo Garza, secretario técnico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal en Zacatecas; Ramiro Piedra Agüero, exsubsecretario de control de la SFP; y Rey David Cortez Noriega, exdirector del registro civil del estado, ambos del quinquenio de Alejandro Tello.
A la lista se suman Laura Dávila Campos, quien fue regidora del Ayuntamiento de Genaro Codina (2007-2010); Eloy Bernardo Hernández Briones, candidato suplente a regidor por el PES en Sombrerete (proceso 2015-2016); Manuel Patricio Mireles Medina, expresidente del patronato del Carnaval de Río Grande; y hasta Martha Quintero Briseño, excandidata a presidenta municipal (MORENA-PVEM) de Santa María de la Paz.
La cereza en el pastel sería el nombre de Luis Cuauhtémoc Palestina Flores, el principal operador por el que se consumó la llamada «estafa legislativa» por la que se presume el desvío de hasta 200 millones de pesos en la 63 Legislatura de Zacatecas (y de la cual, tampoco ha habido consecuencias).
Y aún hay más nombres en ese listado de perfiles «elegibles» turnados por lso comités evaluadores de los tres poderes, listados que pasarán por nuevos filtros en dos etapas posteriores, hasta tener los listados definitivos el próximo 18 de marzo. Esos serán los perfiles que participarán en la elección judicial del 1 de junio. Y que Dios nos agarre confesados…
