Ya lo habían advertido desde el pasado 30 de enero. El Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), aún con sus tres comisionados (Nubia Barrios, Fabiola Torres y Samuel Montoya), recordaron que para el último día de enero ya debería estar cargada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) la información correspondiente al cuarto trimestre de 2024 de todos los sujetos obligados, es decir, todo aquel ente que reciba recursos públicos.
Pues bien, se llegó al plazo y a esta fecha, 4 de febrero, luego del puente constitucional, muchos sujetos obligados incumplieron con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIPEZ), aunque sería aún más grave tratándose de la información financiera de los entes públicos, pues además estarían obligados por un marco normativo adicional en materia hacendaria y fiscal.
No fue el caso de la «nueva gobernanza», que sin miedo a la transparencia, cumplió con la publicación de su información financiera de la administración centralizadas y de sus organismos públicos descentralizados, aunque siempre quedará en deuda con la publicación parcial de otras obligaciones, como lo relativo a los contratos de obras, bienes y servicios por adjudicación directa o vía licitación.
Sin embargo, las dos comisionadas que integran el último pleno que tendrá el IZAI, Nubia Barrios y Fabiola Torres, deberán estar muy atentas a que los sujetos obligados cumplan con estas disposiciones, especialmente en lo relativo a la información financiera, pues es lo que permite evaluar cómo se está ejecutando el presupuesto anual asignado a cada ente público.
La advertencia va en particular para los ayuntamientos, pues a esta fecha, de los 58 municipios, únicamente 15 cumplieron con publicar al 31 de enero sus informes financieros correspondientes al cuarto trimestre de 2024.
Se trata de los ayuntamientos de Calera, Fresnillo, Genaro Codina, Pánfilo Natera, Huanusco, Jerez, Juchipila, Melchor Ocampo, Nochistlán, Noria de Ángeles, Río Grande, Tabasco, Tlaltenango, Valparaíso y Villa Hidalgo. A ellos habría que ponerles una estrellita por cumplir con sus obligaciones porque no se han ido con la finta de que en el proceso de extinción del INAI y eventualmente del IZAI, también va a desaparecer la transparencia.
En cambio, habrá que ponerle tache a los 43 municipios restantes que al 31 de enero no publicaron en la PNT sus informes financieros, porque esta opacidad no sólo genera incertidumbre sobre el ejercicio del presupuesto asignado, sino que también fomenta sospechas de irregularidades al cierre del ejercicio fiscal 2024.
No hay que olvidar que se trata del segundo trimestre con el que deben cumplir en sus obligaciones de transparencia las nuevas administraciones municipales que recién arrancaron en septiembre del año pasado, aunque se trata del primer trimestre donde el ejercicio del presupuesto es completamente su responsabilidad.
Al menos en el caso de los ayuntamientos de Concepción del Orto, El Plateado de Joaquín Amaro, Guadalupe, Sombrerete, Susticacán, Tepetongo y Trinidad García de la Cadena publicaron en la PNT un aviso de que por el momento se encontraban en el cierre de la información contable y que, en cuanto se tuvieran listos, se publicarían los informes financieros.
Claro que, con el ejemplo de Guadalupe, esto bien podría quedar en buenas intenciones pues ha sido el argumento más recurrente para no transparentar particularmente la información del cuarto trimestre de cada año, lo que además reflejaría un atraso en la contabilidad de los municipios y que, por extensión, dejaría ver que tienen un desorden en el manejo de sus finanzas.
En el caso del Ayuntamiento de Tepetongo, en su aviso justifica el retraso en la publicación de sus informes financieros con el argumento de que aún no cuentan con un sitio web para cargar la información, y sería la única excepción de los 43 ayuntamientos que no transparentaron esta información. Los demás, ni siquiera ameritaron la publicación de un aviso.
Eso sí, de los que cumplieron con esta obligación de transparencia, el Ayuntamiento de Noria de Ángeles sólo publicó sus informes por estructura programática, así que queda en deuda con el estado analítico del ejercicio del presupuesto y de sus ingresos.
Más relevante es el caso de Fresnillo, pues aunque en la PNT cumple con sus obligaciones de Transparencia del cuarto trimestre de 2024, toda información financiera cargada en la plataforma entre 2018 y el tercer trimestre de 2024 ha desaparecido, pues los enlaces para la consulta de los informes envían a sitios inexistentes.
De hecho, el propio portal del Ayuntamiento de Fresnillo, en el apartado de Transparencia, sólo contiene información financiera del 2016 al 2017, lo que hace preguntarnos si fue un error involuntario la desaparición de esta información o si la administración de Javier Torres pretende esconder la información financiera correspondiente a los dos periodos de administración del hoy senador Saúl Monreal, pues los informes faltantes corresponden al periodo 2018-2024.
Para colmo, el único informe financiero disponible para consulta del Ayuntamiento de Fresnillo, correspondiente al cuarto trimestre de 2024, tiene sendos errores… porque es imposible que de un presupuesto total de 1 mil 167 millones 276 mil 263.94 pesos, haya cerrado el ejercicio fiscal con un subejercicio por 960 millones 323 mil 376.74 pesos. Si ni siquiera pueden cuadrar sus informes financieros y contables de manera trimestral o anual, ¿usted cree que tendrá un manejo óptimo en la administración? Pero, pues, cada quién…
Finalmente este es el escenario preliminar del que parte el IZAI en su última etapa de existencia: la inestabilidad e incertidumbre generada por el proceso de extinción de los órganos garantes del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, porque ya lo dijo la comisionada del INAI, Julieta del Río: hay a quien le urge desaparecer la transparencia.
No hay que olvidar que, en este revanchismo al que han denominado «simplificación orgánica», lo que desaparece son los órganos garantes «autónomos», pero no el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, mucho menos las obligaciones de transparencia.
