Mientras el zar anticorrupción, Ernesto González Romo, ungido como secretario de la Función Pública, continúa con su pleito estéril contra el exgobernador Miguel Alonso Reyes, en sus narices le ponen el ejemplo de lo que debería estar vigilando en esa facultad que le ha sido conferida para prevenir actos de corrupción.
Porque este 11 de marzo una jueza de distrito emitió resolución sobre el amparo 588/2025-III en contra del Viaducto elevado que nadie pidió, otorgando una suspensión provisional a las obras, que podría convertirse en definitiva este 13 de marzo.
Claro que no se esperaba otro resultado diferente, al considerar que el dichoso proyecto de movilidad urbana para ahorrarle a la población 15 minutos de trayecto no contaba con permisos para realizar las obras. Así, a secas: la Secretaría de Obras Públicas que dice encabezar Luis de la Peña no contaba con permisos.
Previendo que esta suspensión se actualice a «definitiva», mucho tendrá que explicar no sólo la Secretaría de Obras Públicas, sino la «nueva gobernanza» y todos aquellos involucrados en el proyecto.
Porque no hay que olvidar que de esa megainversión por más de 3 mil 650 millones de pesos, y con el aval del Poder Legislativo, a Grupó Hycsa ganadora de la licitación ya se le habían hecho diversos pagos que superan los 500 millones de pesos (aunque sospechamos que ha sido un monto mayor, como sugieren los saldos de los informes financieros trimestrales de la Secretaría de Finanzas).
De lograr la suspensión definitiva de las obras del Viaducto elevado que nadie pidió, la ciudadanía también deberá estar muy atenta a vigilar el manejo del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Fuente de Pago para la Ejecución del Proyecto “Viaducto Elevado Boulevard Adolfo López Mateos y Calzada Héroes de Chapultepec”.
Porque según el decreto publicado el 28 de junio de 2023 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas, no se prevé el supuesto de la cancelación del proyecto, mucho menos qué destino tendrán esos 3 mil 650 millones de pesos de inversión en caso de que no se logre realizar el Viaducto elevado que nadie pidió.
Al no contar con estructura orgánica (como el Fideicomiso Zacatecas), ha prevalecido la opacidad en el manejo de recursos del Fideicomiso para el Viaducto elevado que nadie pidió. La única forma de monitorear el flujo de recursos ha sido a través de las notas a los informes financieros, en lo correspondiente a los saldos trimestrales de los fideicomisos que mantiene vigentes el Gobierno del Estado.
Sería buen momento para recurrir a instrumentos de consulta ciudadana para que sea la población zacatecana la que decida a qué proyectos se debería canalizar esa millonaria inversión por más de 3 mil 650 millones de pesos.
Ya en la glosa del primer informe de gobierno se había estimado una inversión cercana a los 5 mil millones de pesos para dar mantenimiento a toda la red carretera estatal, esa gran promesa de la «nueva gobernanza» que terminó decepcionando.
¿Cuántos pozos se podrían perforar con ese recurso?, ¿cuántas plantas tratadoras?, ¿cuántas plantas potabilizadoras?, ¿cuántos rellenos sanitarios?, ¿cuántas plantas recicladoras?, ¿cuántas clínicas y unidades médicas?, ¿cuántas redes de electrificación, de alcantarillado o de agua potable?
En última instancia, siempre quedará la alternativa de abonar esos 3 mil 650 millones a reducir la deuda pública que hoy asciende a poco más de 6 mil 700 millones de pesos. Así, no sólo mejoraría la calificación crediticia del estado, sino que también oxigenarían las finanzas locales para atender otras prioridades, incluyendo el impacto que genera el déficit en la nómina magisterial, esa que no se ha federalizado (otra de las promesas de la «nueva gobernanza»).
Zacatecas goza de paz… en la burbuja del gobernador
Siguiendo con la narrativa de las cifras alegres, el gobernador David Monreal celebró que Zacatecas hoy sea la entidad 23 a nivel nacional en incidencia de homicidios dolosos, con 44 casos en los primeros dos meses de este año y una reducción de 22% respecto al mismo periodo del año pasado.
Y como en el «Año de la Paz» no se cansaron de decir que bajó hasta 70% la incidencia de homicidios dolosos, pues no hay cambio en la narrativa, esa que deja fuera el gran problema que ha sido ignorado: las personas desaparecidas y no localizadas. Y el macabro hallazgo en Teuchitlán, Jalisco, no hace más que recordar la omisión de las autoridades en la atención a este problema.
Porque en la medida en que han bajado los homicidios dolosos, en esa dimensión se ha incrementado la desaparición de personas (por no decir el desplazamiento forzado).
Así que más que cantar «albricias» y cacarear el «Año del Bienestar», la «nueva gobernanza» y el gobernador David Monreal deberían despertar de su burbuja y no subestimar lo que advierte la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU): la población de Zacatecas no se siente segura en su entidad, especialmente al viajar en carretera (revisen los tabulados).
A qué grado llegará el cinismo de la «nueva gobernanza» que presupuestalmente se destinan menos recursos a la estrategia de seguridad que a la construcción de un Viaducto elevado que nadie pidió. Pero prioridades son prioridades. Y a disfrutar lo votado.
