En reunión de alto pedo en Palacio de Gobierno, a casi 44 meses de la «nueva gobernanza» y con un historial de 1 mil 852 casos de personas desaparecidas o no localizadas en dicho periodo, apenas (¡apenas!) se presentó la metodología para la construcción del Programa Estatal de Búsqueda de Personas.
Y aunque en ese lapso se ha podido localizar a 1 mil 807 personas (una cifra ligeramente inferior al número de quienes aún permanecen desaparecidos o sin localizar), prácticamente en Zacatecas por cada persona que es localizada, una desaparece.
Es de suponer que el horror de Teuchitlán, Jalisco, ha motivado que los gobiernos ahora sí se pongan las pilas en el reiterado llamado de colectivos de búsqueda para hacer su trabajo.
Si bien en Zacatecas, con la llegada de Cristian Paul Camacho Osnaya a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), hubo un gran avance en la identificación de cuerpos, con 206 durante el año pasado, los esfuerzos en la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas parece que ha sido insuficiente.
Según lo informado durante la reunión de alto pedo, en el tema de desaparición de personas ha habido una disminución del 34% en relación con el primer trimestre de 2024, en parte gracias a que en 2023 se realizaron 63 brigadas de búsqueda; en el 2024 fueron 195 y en lo que va del año ya se han realizado 96. No obstante, más brigadas no necesariamente significa mayores resultados en la localización de personas.
Lo que no se dijo es que, también según las cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda, desde el 2023 el número de personas desaparecidas y no localizadas supera a los casos de localización.
Esta dinámica, sin embargo, es consistente con la reducción de homicidios dolosos: entre menos homicidios, menos personas localizadas, pero más casos de personas desaparecidas y no localizadas. ¿Acaso existe un subregistro relacionado entre los homicidios dolosos y las personas desaparecidas y no localizadas? Porque seguimos hablando de cifras oficiales, con todo y el desfase en los registros de la Comisión Nacional de Búsqueda.
No se puede olvidar el hecho de que la «nueva gobernanza», en sus ridículas vendettas, desmanteló la entonces fortalecida Comisión Local de Búsqueda (y hasta la 64 Legislatura coadyuvó a dejar en la inoperancia la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas al no ratificar el nombramiento de su titular), a tal grado que no importa la inversión que se realice para adquirir equipamiento de alta tecnología si el personal que sabía cómo operarlo fue despedido.
Tampoco se puede pasar por alto que, en la cadena de procuración e impartición de justicia, la atención se ha concentrado en el desmantelamiento del Poder Judicial con una reforma por demás aberrante, pero se ha dejado de lado el fortalecimiento de la FGJEZ. ¿O acaso la Fiscalía cuenta con el personal mínimo indispensable para las tareas de investigación?
Recuérdese que este delito, el de desaparición forzada, no termina con la localización de las víctimas. Las tareas deben incluir a sus victimarios para ser llevados ante la justicia. De lo contrario, seguiremos hablando de crímenes que quedan en la impunidad.
No quisiéramos pensar que esta reunión de alto pedo, consecuencia del horror en Teuchitlán, Jalisco, sea meramente para dorar la píldora a los colectivos de búsqueda que siguen viendo insuficientes los esfuerzos para dar con el paradero de sus familiares. Y el dolor de la señora Virginia de la Cruz, como el de muchas otras familias, no se olvida en el Zacatecas de la «paz y el bienestar».
A estas alturas, o miente la estadística o miente la «nueva gobernanza». Usted juzgue.
