Luego de 23 días de huelga en la Universidad Autónoma de Zacatecas, agremiados al Sindicato de Personal Académico se decantaron en plebiscito por conjurarla, con 1 mil 236 votos a favor de levantar la protesta (64%) y 691 que se pronunciaron por mantenerla (36%).
Así que el próximo martes 18 de marzo se espera la reanudación de clases ordinarias, luego de una larga jornada de lucha que aún no concluye, pues si bien se lograron acuerdos como el incremento salarial del 4%, bonos, prestaciones y pagos pendientes a jubilados y por viudez, también se obtuvo la emisión de convocatorias para incremento de carga de trabajo y cambio de categorías, convocatorias en las que habrá que estar vigilantes para evitar chanchullos.
El único punto que difícilmente llevaría a acuerdos fue la exigencia de revivir una prestación por 25 años de servicio, esa que en el pasado generó una casta dorada en la Universidad y que en mucho abonó a la crisis que hoy vive la Máxima Casa de Estudios. Porque de haber cedido a esta exigencia, hubiera implicado poco más de 100 millones de pesos anuales, equivalentes a casi el 50% del presupuesto estatal que se destina a la UAZ.
Fueron 23 días de huelga en los que el rector espurio Rubén Ibarra Reyes no tuvo la decencia ni la voluntad de presentarse siquiera a una mesa de trabajo con autoridades del SPAUAZ. Emulando el ejemplo del gobernador David Monreal, vivió escondido, ausente, como si no hubiera autoridad en la Universidad. Sin embargo, la hubo.
Tal vez la representación de la autoridad central en la figura del secretario general, Ángel Román, fue lo que abonó a una relativa rapidez para la solución del conflicto, principalmente porque, a diferencia del propio rector, en todo momento antepuso una actitud conciliadora y con la voluntad para llegar a acuerdos.
Tampoco es que para él fuera todo miel sobre hojuelas, pues durante las mesas de trabajo fue notable el estorbo que representaba Jose Juan Martínez Pardo, otrora secretario general del SPAUAZ (y en parte, responsable de los problemas por los que había estallado la huelga), porque una y otra vez hubo que pedir que se abstuviera de intervenir para no retroceder en los acuerdos en los que ya se había avanzado.
Mucho menos ayudó a Ángel Román la ausencia del rector Rubén Ibarra, pues sólo contribuyó a un lleva y trae con las propuestas de cada mesa de trabajo y luego las contrapropuestas, sin olvidar la interrupción de estas mesas durante varios días consecutivos ante la cerrazón, necedad y obstinación del espurio que concluirá su encargo este año, y que extendió su rectorado haiga sido como haiga sido.
Esta huelga, no obstante, también dejó en claro que el secretario general de la Universidad pudo haber sido mejor rector que el misógino Rubén Ibarra, no sólo por esa apertura y disposición para sentarse con la parte sindical, sino también porque la dirigente sindical Jenny González Arenas demostró que es mucha pieza y que llegó en buen momento para defender al gremio docente.
La líder sindical y el equipo que siempre le acompañó en las mesas de trabajo mostraron su buen conocimiento técnico y las particularidades del Contrato Colectivo de Trabajo que permitieron mantenerse firmes en sus exigencias hasta que, una vez llegados a acuerdos, quedaran puntualmente establecidos en las minutas.
Esta persistencia seguramente se mantendrá en la vigilancia de las convocatorias emitidas ya por la administración central y que auguran una lucha que aún no termina.
Estos 23 días de huelga por supuesto que dejan más lecciones a las y los zacatecanos. Por una parte, claro que la UAZ contribuye a dinamizar la economía, especialmente de la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, y este periodo de huelga se dejó ver el impacto económico que puede generar una suspensión de actividades de manera prolongada.
Además, las mesas de trabajo también dejaron ver que urge mayor transparencia en la Máxima Casa de Estudios, un ente público (aparentemente) autónomo que se financia con recursos públicos cuya aplicación ha estado marcada por la opacidad durante el rectorado de Rubén Ibarra Reyes, sobre todo en las percepciones salariales de un grupo de funcionarios universitarios que, sin reunir los requisitos, hoy gozan de ingresos sin sustento financiero.
No hay que olvidar que la población zacatecana, esa que paga el impuesto para la UAZ, también contribuye a financiar la educación pública en nuestra entidad y que merece transparencia y claridad en la aplicación de sus impuestos a la Universidad.
Por encima de todo, esta etapa que vive el SPAUAZ deja una enorme lección sobre la esencia del sindicalismo, hoy en defensa de un gremio docente que labora en condiciones precarias y que lucha por la dignidad y la justicia para sus agremiados. Si en esta lucha la unidad hace la fuerza, ¿por qué buscar divisiones ante el próximo relevo en la Rectoría?
Cambios en requisitos para la ASE
Con la ausencia de los principales emisores de la secta que tanto daño ha hecho a Zacatecas, y por unanimidad, diputados y diputadas locales aprobaron el dictamen por el que se reforma la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, en materia de requisitos de elegibilidad para ser titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
De acuerdo con el dictamen, se mantiene la disposición de que la persona designada durará siete años en el cargo, con la posibilidad de ser nombrada nuevamente por una sola vez.
Sin embargo, aunque se conserva la prohibición de haber sido titular del Ejecutivo estatal, secretario o secretaria de despacho, legislador o legisladora federal o local, magistrado o magistrada de cualquier tribunal, presidente o presidenta municipal, fiscal general de justicia, dirigente de algún partido político o que haya sido postulada a un cargo de elección popular; el periodo de prohibición se reduce al último año antes de su nombramiento y no a los últimos tres años.
Además, en el artículo segundo transitorio se estableció que el actual titular de la ASE, Raúl Brito Berumen, concluirá su encargo el 22 de junio de 2026 sí o sí.
En el fondo, esta modificación a los requisitos de elegibilidad (principalmente en los plazos de prohibición en un cargo público), abrieron la puerta a las aspiraciones de una larga lista de perfiles donde mucho se menciona a la extesorera del Senado y exsecretaria de Educación, Maricarmen Salinas.
No obstante, en la lista también se puede incluir a la actual subsecretaria de Egresos, Silvia Saavedra; o la exsecretaria de la Función Pública, Humbelina Elizabeth López Loera; o incluso la todavía comisionada del INAI, Julieta del Río (recuérdese que ya fue contralora en el sexenio de Ricardo Monreal y que está por concluir su encargo en el Instituto Nacional de Transparencia). Y en una de esas, capaz que hasta el zar anticorrupción, Ernesto González Romo, hoy cómplice de la corrupción de la «nueva gobernanza».
Y aunque puede haber más y más perfiles (especialmente afines a la actual adminstración estatal, como ya ocurrió con todo lo que ha implicado la reforma judicial), conviene recordar que el cargo de titular de la ASE es una posición que permitiría eventualmente sancionar con todo el peso de la ley a la secta que tanto daño ha hecho a Zacatecas, una tarea en la que ha dejado mucho qué desear Raúl Brito.
¿Llegará a blindarse la «nueva gobernanza» coptando este cargo o la posición será peleada por sus opositores?
