No es gratuito el reclamo que por enésima ocasión hacen los Colectivos de Búsqueda de Personas al Gobierno de México. Luego de la pesadilla en Teuchitlán, Jalisco, la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación e informó que en estas tareas no se permitirá la participación de agentes externos, excluyendo a quienes de manera organizada (más organizada que la autoridad), invirtiendo recursos, tiempo y esfuerzo, siguen buscando a sus familiares desaparecidos.
Zacatecas se sumó a la protesta y luto nacional por la tragedia en Teuchitlán, pues entre la poca información que se ha dado a conocer se presume que entre las víctimas también había zacatecanos cuyas familias no han mermado sus esfuerzos hasta encontrarles.
Estos hechos no han merecido una sola mención del gobernador David Monreal, empecinado en insistir que «Zacatecas goza de paz» porque se redujeron hasta en 70% los homicidios dolosos y que la percepción de inseguridad es mala leche del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Pero los datos oficiales, esos en los que se escuda la «nueva gobernanza», siguen mostrando que Zacatecas no está exento de la grave crisis de personas desaparecidas y no localizadas. Son datos que no hablan de la «percepción de inseguridad» (aunque la sustentan), sino del número de denuncias interpuestas por estos delitos que tanto lastiman y cuya estadística podría ser mayor si se toma en cuenta la cifra negra de casos que no se denuncian.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, a partir del primer trimestre de 2023 en Zacatecas la estadística muestra una tendencia a la baja en la incidencia de homicidios dolosos, consistente con el discurso de la «nueva gobernanza» sobre esta reducción que sirvió de base para presumir que Zacatecas es la entidad más segura del país.
Sin embargo, a la par de esta reducción, desde el primer trimestre de 2023 se ha disparado la incidencia de casos de personas desaparecidas y no localizadas, como hemos insistido en varias ocasiones desde este espacio.
La tendencia, además, se ha mantenido de entonces a la fecha, a casi nada de concluir el primer trimestre de 2025. Eso significa que han transcurrido dos años de casos de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas que superan (y casi duplican) el número de homicidios dolosos.
Dos años en los que el problema ha sido silenciado por la «nueva gobernanza» con el discurso del «Año de la Paz» y ahora, el «Año del Bienestar», y que no han merecido una sola mención de la actual administración ni del gobernador David Monreal, incluso tras los hechos del rancho en Teuchitlán, Jalisco. La declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum es más elocuente: «ya dejen en paz» al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Lo más preocupante no ha sido sólo el hallazo en Teuchitlán, sino las acciones a realizar anunciadas desde el Gobierno de México, pues se centran en la punibilidad de estos delitos («todo el peso de la ley» y cosas por el estilo), más que atender las causas y prevenir este tipo de delitos.
Y el anuncio de la FGR para relegar en las tareas a los colectivos de búsqueda no merma el enojo social, mucho menos ante la posibilidad de que se repita la «verdad histórica» (o como le quieran llamar) de la masacre de Ayotzinapa.
Si a todo lo anterior se suma el reverendo cochinero que ha implicado la reforma judicial federal y local, con una elección por demás desaseada y hecha con las patas, cada vez hay menos certeza de que llegue la justicia para las víctimas directas e indirectas de este grave delito que duele y cala hondo, mucho menos cuando al menos en lo local, la lista de personas elegibles haiga sido como haiga sido hay abogados de presuntos delincuentes (incluyendo homicidas), familiares de políticos, actuales servidores públicos y hasta personas con antecedentes muy cuestionables en su trayectoria pública.
En el «Año del Bienestar» tampoco se avizora justicia para los ejidatarios que, a nueve años, mantienen su postura de rechazo al megaproyecto de la Presa Milpillas que hoy pretende revivir el Gobierno de México.
Y habrá que estar muy atentos a que estos ejidatarios de la región de Sombrerete no sean víctimas de lo que ya vivieron habitantes de Salaverna con los gobiernos del PRI, sobre todo considerando la brutalidad policiaca que ya vivieron las mujeres que se manifestaron el 8M de 2024 y que, a un año de tales hechos, no aceptan la disculpa pública del secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral.
El tiempo corre para que la «nueva gobernanza» se siente con los ejidatarios, escuche y atienda punto por punto los motivos que les mantienen en su postura de rechazar el megaproyecto, pues en el calendario del Gobierno de México, para julio debería estar lista la licitación de la obra.
Lástima que tratándose de megaproyectos, no es buen ejemplo lo que ha pasado con el Viaducto elevado que nadie pidió, cuya inversión por más de 3 mil 650 millones de pesos se mantiene en suspenso ante una suspensión provisional cuya audiencia incidental ha sido aplazada hasta el mes de abril.
Si se atrevieron a licitar y hasta a arrancar con las obras del Viaducto elevado que nadie pidió sin tener un solo permiso, ¿usted cree que van a cumplir con todos los requisitos para iniciar con la Presa Milpillas?
