A casi 43 meses de la «nueva gobernanza» (tres años y medio de una administración de seis años), el gobernador David Monreal sigue volteando al pasado para desviar la atención sobre los señalamientos a su gestión y en el caso del Viaducto elevado que nadie pidió no es la excepción.
En entrevista con medios de comunicación, y a pregunta expresa sobre la suspensión provisional de las obras, el gobernador acusó corrupción en el Poder Judicial y que por ello ya se ha interpuesto una queja en contra de la jueza que otorgó la suspensión.
Y como eso de salirse por la tangente no se le da, se extendió acusando que hay «juezas corruptas que están haciendo mucho daño» (así, en femenino, casi casi para oootro caso de violencia en razón de género), y luego se fue como hilo de media alegando que hay complicidades entre juzgadores y delincuentes porque son liberados por irregularidades en el proceso.
Entre «todo el peso de la ley» y «no me vengan con que la ley es la ley«, ahí se la pueden llevar en la «nueva gobernanza» y en la Cuarta Transformación que ya va por su segundo piso (y no nos referimos al Viaducto elevado que nadie pidió).
Ya eso de escudarse en pertenecer a un movimiento con respaldo social, eso ya es otro cantar. Porque MORENA aún goza de ese respaldo, no así la «nueva gobernanza» ni mucho menos el gobernador David Monreal, quien insistió que el megaproyecto en el que se invertirán más de 3 mil 650 millones de pesos va porque va, así tengan que esperar a terminar de desmantelar el Poder Judicial (federal y local) para tener uno a modo que les resuelva a su favor haiga sido como haiga sido.
Por sus pistolas, el gobernador también pretende que se construya la Presa Milpillas, a pesar de la negativa de los ejidatarios de la región de Sombrerete acusados por David Monreal de ser «tres o cuatro dirigentes» que se oponen a lo que la «nueva gobernanza» considera desarrollo o modernización, e invitó a ambientalistas a integrarse a la discusión sobre el proyecto hídrico anunciado desde el Gobierno de México y que alcanzaría una inversión de algo así como 8 mil 200 millones de pesos.
Esa actitud sólo deja ver que la «nueva gobernanza» podría pasar por encima de los ejidatarios (que también están en su derecho de oponerse al proyecto). Y no es como que la actual administración se haya caracterizado por el diálogo y los acuerdos en casi 43 meses. Esperemos que en este caso no se repitan los graves errores que cometieron gobiernos priístas en el caso de Salaverna.
Mientras tanto, el gobernador David Monreal sigue sin confirmar si se contaba o no con los permisos para comenzar la obra del Viaducto elevado que nadie pidió, un aspecto que debió ser considerado en los amparos promovidos desde diferentes grupos (incluyendo colectivos ciudadanos) que se oponen al megaproyecto.
ILE, a discusión
De acuerdo con la Ley Orgánica y el Reglamento del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, las comisiones legislativas tienen hasta 40 días para dictaminar una iniciativa que les haya sido turnada por el pleno. Y más allá de que sobren los ejemplos en los que esta disposición no se ha cumplido, en sesión de este martes salió a relucir un caso que lleva décadas (sí, décadas) en la discusión pública: la interrupción legal del embarazo.
Ya en 2024 fue aprobado un primer paso con la despenalización del aborto en una reforma a disposiciones anacrónicas del Código Penal del Estado de Zacatecas, reforma que atendía a una iniciativa que en su momento presentaron diversos colectivos feministas como iniciativa ciudadana desde la 64 Legislatura y que incluía modificaciones no sólo al Código Penal, sino también a la Ley de Salud y la Ley de Educación.
En su momento, la 64 Legislatura (que ahora está en duda si sigue manteniendo el mote de «la peor en la historia de Zacatecas«) recurrió a prácticas dilatorias para no dictaminar la iniciativa presentada por los colectivos feministas y, luego, para demorar su presentación ante el Pleno.
Hoy, a seis meses de presentada la iniciativa, y superando los 40 días que tenía la Comisión de Salud para dictaminar la propuesta presentada en septiembre de 2024, el tema de la interrupción voluntaria del embarazo por fin llegó al Pleno en una primera lectura y se espera que en sesión ordinaria de este jueves el dictamen sea sometido a segunda lectura, discusión y votación.
Sin embargo, el proceso no ha estado exento de resistencias, como las que enfrentaron colectivos feministas que se manifestaron este martes en la sede legislativa debido a que, por sus pistolas, alguien solicitó que el punto fuera retirado del orden del día en otra práctica dilatora como las que utilizó la 64 Legislatura, solicitud que finalmente no prosperó.
La diputada local Renata Ávila fue muy insistente en que postergar la discusión del dictamen sería incurrir en más omisiones legislativas que ya no se pueden permitir, mucho menos cuando este dictamen responde a un proceso de armonización legislativa conforme a un mandato judicial.
En su llamado a mantener el punto en el orden del día y que continuara así su proceso legislativo, la diputada local insistió en que «no podemos seguir legislando a partir del miedo o de presiones externas; esta Legislatura tiene el deber de legislar conforme a derecho y con perspectiva de derechos humanos«. Habrá que ver si en la sesión de este jueves el Pleno de la 65 Legislatura se sacude no sólo el miedo o las presiones externas, sino también los prejuicios. De lo contrario, nada cambiará respecto a la peor Legislatura en la historia de Zacatecas.
