Siguiendo con las instrucciones del presidente de Estados Unidos, Elon Musk… perdón, del presidente Donald Trump, el Gobierno de México continúa en su pesquisa de objetivos prioritarios hoy catalogados como «terroristas», en una pretendida lucha anti-drogas que sólo busca aminorar el impacto arancelario con el vecino país del norte.
El pasado viernes, la Secretaría de Marina (SEMAR) informó el aseguramiento de un mega laboratorio en la comunidad de El Carrizalillo, en el municipio de Valparaíso, Zacatecas, en un operativo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Es decir, sin la intervención de la Policía Estatal y mucho menos policías municipales.
Producto de este operativo, según informó la SEMAR, se identificó un complejo con una extensión de 395 mil metros cuadrados, en los que se incautaron suficientes precursores químicos con los que se evitó la producción de 27 mil 930 kilogramos de metanfetamina, que equivalen a 698 millones 250 mil dosis.
En el mismo comunicado, la SEMAR informó que «en lo que va de la presente administración, la Armada de México ha logrado el aseguramiento de aproximadamente 34 mil 232 kilogramos de metanfetamina, 202 mil 907 litros de precursores químicos y 122 mil 598 kilogramos de precursores químicos«.
Eso significa que lo incautado en el mega laboratorio en El Carrizalillo, Valparaíso, representa más o menos el 81.6% de todo lo incautado en lo que va de la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. De esa magnitud es la importancia del reciente operativo, en una sigilosa operación de la que no se enteró a la «nueva gobernanza», pese a la pretendida coordinación que se busca vender con las Mesas de Construcción de Paz.
Este golpe al crimen organizado, además, se da a un par de semanas de los terribles hechos en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde entre las pocas evidencias difundidas por la propia autoridad federal había mochilas de esas que ha entregado la «nueva gobernanza» como parte de sus programas de apoyo educativo.
Dos hechos de relevancia nacional, con pocas semanas de diferencia. Si hay relación entre ambos o no, corresponderá a la autoridad federal informarlo. Mientras tanto, la duda que hoy más pesa es por qué no se enteró a la autoridad local del operativo realizado, dado la magnitud de lo encontrado. Y no pasa desapercibido que este resultado echa por tierra aquello de que «Zacatecas es la entidad más segura del país«.
Por lo que se sabe, desde que Luisa Alcalde, hoy dirigente nacional de MORENA, fue designada titular de la Secretaría de Gobernación al cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se instruyó la creación de un búnker de monitoreo de situaciones de riesgo para el país, encargado de detectar posibles riesgos de seguridad en diferentes regiones.
Sin embargo, esta instrucción se limitaba a monitorear, no para intervenir ante estos riesgos de seguridad. Y la instrucción continuó con el cambio de administración y la llegada de Rosa Icela Rodríguez a la SEGOB, luego de su paso por la SSPC.
Fuentes internas han confirmado a este espacio que dentro del búnker había particular interés por la región correspondiente al sur del país (el avance de grupos delictivos, crisis migratoria por el alto flujo de centroamericanos, así como protestas del magisterio), a la par de lo que ocurría particularmente en Zacatecas y Jalisco. Y lo encontrado por el búnker al que dio continuidad Rosa Icela Rodríguez en la SEGOB fue comunicado al hoy titular de la SSPC, Omar García Harfuch.
Presumir a estas alturas una disminución de 70% de los homicidios dolosos ya no resulta tan convicente en el discurso de pacificación cuando vemos la incidencia de casos de personas desaparecidas y no localizadas en Zacatecas, mucho menos luego del operativo en El Carrizalillo, Valpaíso, donde se logró el mayor incautamiento de precursores químicos para la elaboración de metanfetaminas en lo que va de la actual administración federal.
Si ni siquiera la autoridad federal puede confiar en la «nueva gobernanza» (y mucho menos en el gobernador David Monreal), ¿usted cree que las y los zacatecanos confían en las autoridades locales?
Violencia política en viaducto elevado
Como habíamos advertido en este espacio, las declaraciones del gobernador David Monreal (y luego, las del secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza) en torno a la resolución de la jueza Tercera de Distrito, Margarita Quiñones Hernández, para otorgar suspensión provisional al Viaducto elevado que nadie pidió, claro que constituían violencia política en razón de género.
Y así lo confirmaron en rueda de prensa integrantes del colectivo Ciudadanía Participativa de Zacatecas, en conjunto con la Red Plural de Mujeres, principales promotores del amparo que, eventualmente, podrían lograr la suspensión definitiva del megaproyecto en el que se derrochan 3 mil 650 millones de pesos.
Ante la falta de pruebas y argumentos sólidos, la salida fácil de la «nueva gobernanza» ha sido acusar de corrupción para salir del paso y sustentar sus arbitrarias decisiones. No sea el proceso para la elección judicial, ese cochinero para desmantelar al Poder Judicial, porque ahí sí se hacen que la Virgen les habla.
Y mientras esperamos a que llegue el mes de abril para que se realice la audiencia incidental, donde se determinará si se otorga o no la suspensión definitiva del Viaducto elevado que nadie pidió, por lo pronto hoy colectivos ciudadanos exigen oootra disculpa pública de la «nueva gobernanza» (la primera fue por las víctimas de la brutalidad policiaca del 8M), ahora por los dichos en contra de una jueza cuya única labor ha sido impartir justicia.
Lástima que hoy una sentencia por VPRG (o VPG) ya es limitativo para cualquier aspirante a una candidatura a un cargo de elección popular. ¿Estarán en riesgo las aspiraciones de Rodrigo Reyes, concentrado en actos anticipados en la Capital?
