Difícilmente se puede tomar en serio la declaración del diputado federal Carlos Puente Salas sobre buscar la candidatura a la gubernatura de Zacatecas en 2027, abanderado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Porque el zacatecano que nunca ha regresado a su tierra ha vivido cuatro periodos como legislador federal por la vía plurinominal, y con esa comodidad, no se le conoce trabajo en territorio, ni estructura, ni labor legislativa, mucho menos que hubiera hecho campaña para buscar el voto ciudadano.
Pero como ha reiterado últimamente el senador Saúl Monreal: «el que respira, aspira«. Así que hoy el oficialismo tiene una larga lista de aspirantes que creen tenerlas todas y seguramente no han dimensionado que en Zacatecas, sí o sí, la marca MORENA es la que pesa. No sus partidos aliados. Mucho menos los apellidos.
Una vez aprobada en la Cámara de Diputados la minuta con la reforma antinepotismo en los términos que quiso el Senado de la República (o sea, con efectos a partir de 2030), y no con la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para que surtiera efectos a partir de 2027, es muy probable que en la próxima elección la dirigencia nacional de MORENA se la piense dos veces antes de ratificar la coalición con el PVEM e incluso con el PT.
Y si consideramos la advertencia que ya hiciera la dirigente nacional, Luisa Alcalde, para no postular a familiares directos a partir de ya, apelando a una reforma en sus estatutos (y respaldando la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum), esos que aspiran porque respiran podrían ver cada vez más lejos la gubernatura de Zacatecas.
La dichosa minuta ya aprobada por el Congreso de la Unión ahora será turnada a los congresos de los estados para su consideración. Ya se verá si la 65 Legislatura de Zacatecas está con la Presidenta (como han dicho en su retahíla hasta el cansancio) o si, respaldando la minuta para que el rechazo al nepotismo electoral y la no reelección surtan efectos a partir de 2030, se suman al mar de intereses políticos alegando que «no van por cargos y oficinas«.
Por lo pronto, en sesión ordinaria, la diputada de Movimiento Ciudadano Ana María Romo ya empezó el debate expresando su postura en respaldo a la iniciativa presidencial de que la prohibición del nepotismo electoral comience a aplicarse a partir de 2027 y no en 2030.
Y lo dijo muy claro: detrás de la decisión que tomaron en el Senado de la República y que fue ratificada por la Cámara de Diputados, existe el interés superior por proteger intereses políticos de quienes aspiran porque respiran, no importa si no son los favoritos del gobernador en turno.
Romo Fonseca también advirtió que «históricamente, las reformas electorales han surgido de la demanda de la oposición para equilibrar la competencia política. Hoy, en cambio, esta reforma es promovida por quienes buscan preservar el poder«. ¿O qué otra explicación se encuentra en postergar los efectos de la reforma antinepotismo y antirreelección hasta el 2030?
Más importante sería que la reforma ampliara sus efectos no sólo en los plazos, como señaló la diputada de MC, sino que también incluyera el combate a la intromisión del crimen organizado en las elecciones (grave acusación, por cierto); la prohibición de la sobrerrepresentación de un partido en el Poder Legislativo; que haya mayor equidad en las contiendas electorales; y tener reglas claras para evitar el «reciclaje de políticos» en distintos cargos.
Recordemos que de aquí a la elección de 2027 todavía restan varios periodos ordinarios en los Poderes Legislativos, lo que permitiría rechazar la minuta y devolverla a la cámara de origen para ser rectificada en los términos en los que fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, una iniciativa que cuenta con el respaldo de la ciudadanía (el pueblo bueno y sabio), esa que vería muy mal la postulación de familiares en las próximas elecciones. ¿O por qué la prisa de llevarle la contra?
Trash, a punto del embargo
El Ayuntamiento de Guadalupe mucho tiene que explicar no sólo por los dobles contratos y costos inflados por el servicio de recolección de basura concesionado con la empresa Trash Recolección de Residuos Sólidos SA de CV.
Las fallas en el servicio desde hace varias semanas resulta que se deben a que la empresa concesionaria hoy apenas cuenta con dos camiones recolectores para brindar el servicio, lo que habría obligado al municipio a entrarle al quite con su personal de servicios públicos, que hoy recogen la basura en camiones recién adquiridos en León, Guanajuato, con una compensación adicional de mil pesos a la semana por devengar este servicio concesionado.
Y el tema no es poca cosa, considerando que semanalmente se le pagan 1 millón 269 mil 309.37 pesos a la empresa Trash por la concesión del servicio de recolección de basura, y si no está cumpliendo con el contrato de concesión, habría que preguntarse si el municipio ya comenzó con los procedimientos de sanción a la empresa duranguense, incluso con posibilidades de revocar el contrato de concesión.
Más importante será el desenlace a las denuncias interpuestas en contra de la empresa, que estaría a nada de un embargo que la dejaría prácticamente inoperante para concluir con el leonino contrato de concesión, hasta por nueve años, y por el cual el Ayuntamiento de Guadalupe pagaría hasta 709 millones 471 mil 575.22 pesos. Y apenas van dos años y medio de ese plazo.
¿Qué tiene que decir el alcalde José Saldívar al respecto?, ¿continuará con este evidente esquema de corrupción y hasta probable desvío de recursos en perjuicio de la población guadalupense?, ¿o romperá con el llamado Grupo Indeco para asumir plenamente el cargo para el que fue electo?
