O «cada loco con su tema», o «capirotada», o «de chile, dulce y de manteca», así hemos visto el trabajo de las últimas semanas en la 65 Legislatura, donde al menos en la última sesión ordinaria ninguna iniciativa mereció ser considerada de urgente y obvia resolución, pese a la importancia de los temas.
Aunque en el Pleno no generó el mismo impacto, en redes sociales se pudo ver un enorme respaldo a la iniciativa de punto de acuerdo que presentó la diputada Karla Estrada para exhortar al Ejecutivo estatal a que a través de la Secretaría de Obras Públicas gestione ante las empresas constructoras del Viaducto elevado que nadie pidió el retiro de maquinaria para permitir mayor flujo vehicular en la llamada «Zona Cero», en tanto se realiza la audiencia incidental del Amparo 588/2025-III, programada para el 21 de abril.
Para la «nueva gobernanza», ésta debió ser una decisión de «sentido común», ese del cual carecen. Porque mientras continúa la suspensión provisional de las obras, conociendo de antemano el plazo para reevaluar dicha medida, la maquinaria «ni picha, ni cacha, ni deja batear». Únicamente estorba y genera embotellamientos innecesarios, tan innecesarios como el Viaducto elevado que nadie pidió.
Y como se trata de un sentido reclamo de la ciudadanía, esa que tiene que pasar por la tortura de las obras en su trayecto cotidiano, la diputada Karla Estrada solicitó que la iniciativa fuera considerada de urgente y obvia resolución.
Lástima que el diputado Jesús Padilla, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), no asistió a la sesión por acompañar al gobernador David Monreal en su gira por el municipio de Miguel Auza. Pero tampoco hubo algún integrante de la JUCOPO que hiciera la solicitud ante la Mesa Directiva, por lo que ante la indiferencia, la iniciativa fue turnada a comisiones para su estudio y dictamen. A ver qué resulta primero: la suspensión definitiva o el dictamen sobre la iniciativa para el retiro de la maquinaria.
Por otra parte, la diputada Ana María Romo también generó polémica (y fue el pretexto para abrir el debate ciudadano) al presentar una iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a los 58 municipios del estado a que implementen acciones de vigilancia y regulaciones internas en espacios públicos, bares, restaurantes y en cualquier centro de entretenimiento, a fin de que no se reproduzcan los denominados «narco corridos» o «corridos tumbados». Y que se sancione a quienes incumplan con las regulaciones que, en su caso, establezcan los municipios.
Con esta iniciativa, el debate que inicia será amplio, pues abarcará no sólo la protección de los derechos de autor o la industria musical, sino que también debe verse como una manera de incidir en una cultura que hace apología de la violencia en un país de muertos y desaparecidos por el crimen organizado.
Habrá que estar atentos a lo que se diga particularmente en los municipios, ahí donde recurren a carteleras cuestionables durante sus ferias regionales, pero que en un contexto de violencia e inseguridad no se pueden permitir seguir fomentando la apología del delito.
En tanto, el diputado Jaime Esquivel presentó una iniciativa por la que se adiciona la Ley de Protección Civil del Estado y Municipios de Zacatecas, a fin de implementar medidas de prevención y control de incendios forestales. Muy tarde, ha de decirse, pues a estas alturas ya van más de 3 mil 500 hectáreas consumidas por el incendio forestal en la comunidad de Cerro Chino, del municipio de Tepechitlán, que inició desde el pasado sábado y apenas ayer mereció la atención de la «nueva gobernanza».
De acuerdo con la iniciativa, se pretende establecer entre las atribuciones de la Coordinación Estatal de PC: creación y mantenimiento de cortafuegos en zonas estratégicas; gestión y eliminación de material vegetal seco y residuos forestales que puedan servir como combustible; así como capacitación y organización de brigadas comunitarias en cada municipio para la prevención de incendios forestales.
Algo así como lo que se debió hacer antes de que comenzara la temporada de incendios forestales, si es que ya comenzó en forma, pues apenas arranca la primavera. ¿Mal pronóstico para el campo, en año que ya presenta indicios de que habrá severa sequía?, ¿la «nueva gobernanza» también tendrá una reacción tardía en este tema? En fin…
Otro que atrajo la atención fue el diputado Martín Álvarez, quien presentó una iniciativa por la que se reforma la Constitución Política del Estado de Zacatecas, a fin de homologar el ordenamiento local con la Constitución federal en materia de «nepotismo electoral».
Sí, en casi casi sus mismos términos, con la diferencia de que en las disposiciones locales se prohíbe que familiares de personas con cargos de elección popular sean candidatos en el mismo municipio o distrito, pero también que no vayan como suplentes de los candidatos, ni en las listas plurinominales.
Y tal como en la reforma federal, en la propuesta presentada en sesión de este martes también se contempla que estas nuevas disposiciones sobre el «nepotismo electoral» entren en vigor hasta el proceso electoral local de 2030.
Ahora bien: ¿por qué excluiría de la iniciativa la eliminación de la «reelección», si se supone que está siguiendo la misma dinámica nacional del «segundo piso de la transformación»? Lo bueno que aclaró que la iniciativa no iba con dedicatoria…
Por último, y dando cierre a las actividades conmemorativas por el 8M, la diputada Susana Barragán presentó una iniciativa por la que se adiciona la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas, a fin de ampliar la tipificación de la violencia digital.
De acuerdo con la iniciativa, dentro de este tipo de violencia también se considerará el contenido multimedia a través de diferentes medios digitales que, sin mencionar directamente el nombre de una persona, haga alusiones indirectas que permitan identificar a la víctima, causándole diversos daños.
En la misma sintonía, el Pleno aprobó un dictamen de la Comisión de Igualdad Sustantiva que preside la diputada Renata Ávila, con diversas reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas, en la que se contemplaron diversas iniciativas presentadas especialmente durante el mes de marzo.
Las modificaciones aprobadas abarcan desde la implementación de acciones, planes y programas para garantizar la seguridad de las mujeres en los espacios públicos; la tipificación de la violencia financiera como otra modalidad de violencia económica; la violencia en la comunidad; además de regular la violencia ginecobstétrica.
Asimismo, entre las nuevas disposiciones, se establece un banco de datos sobre las órdenes de protección y de las personas sujetas a ellas; el diseño de políticas públicas dirigidas al desarrollo de espacios y transportes públicos libres de violencias contra mujeres, niñas y adolescentes; la promoción de espacios y transportes públicos libres de violencias; además de establecer que los refugios deberán contar con el personal debidamente capacitado y especializado para proporcionar los servicios de protección, educación y atención a las víctimas.
Finalmente, habrá que preguntarse qué tan benéfico o perjudicial puede resultar una sobrerregulación al momento de aplicar la norma. ¿O qué opinan las personas juzgadoras?
