De las cerca de 125 mil personas desaparecidas en el país según registros históricos oficiales, la mitad corresponden al sexenio de Andrés Manuel López Obrador, una crisis que se asemeja a la escalada de homicidios dolosos luego de una fallida estrategia de «Abrazos y No Balazos».
Hoy el problema ha escalado a niveles internacionales. Esta semana, Olivier de Frouville, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), explicó que el Comité había decidido activar el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas con respecto a la situación de México.
Dicho artículo señala específicamente que: «si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas«.
Además, el presidente del CED destacó que la decisión de activar el procedimiento del artículo 34 «se adoptó por consenso sobre la base de denuncias recibidas en virtud de esta disposición, pero también teniendo debidamente en cuenta los informes, la información adicional, las respuestas presentadas de manera constructiva por el Estado parte desde el 2014 en el marco de las peticiones de acción urgente, las comunicaciones individuales y el informe adoptado por el Comité tras su visita a México«.
Sin embargo, el oficialismo que se dice aliado de las mujeres y protege a presuntos agresores sexuales como el diputado federal Cuauhtémoc Blanco hoy hace nueva gala de su cinismo, al recurrir a tecnicismos (las diferencias entre desaparición forzada y desaparición cometida por particulares) para eludir los señalamientos del CED y no manchar el manto de pureza de la Cuarta Transformación.
Porque con 71 votos a favor, 28 en contra y tres abstenciones, en sesión de este martes el Senado de la República aprobó un pronunciamiento en el que rechaza las aseveraciones de Olivier de Frouville al considerar que «el gobierno que encabeza la jefa del Estado Mexicano, Claudia Sheinbaum Pardo, no practica en ninguna circunstancia la aberrante e inhumana práctica de la desaparición forzada».
Y fueron más allá, pues desde ese oficialismo que se niega a ver también se acusó de intervencionismo y atentado a la soberanía nacional y exigían del presidente del CED «el retiro de sus oprobiosas aseveraciones» (Fernández Noroña dixit).
A favor del pronunciamiento que niega la crisis humanitaria por desaparición de personas en México votaron por Zacatecas la senadora Verónica del Carmen Díaz Robles y el senador Heli Teohua Carrillo Tostado, suplente de Saúl Monreal Ávila. No estuvo en la sesión la senadora Hime del Carmen Redin Morales, suplente de Geovanna Bañuelos, quien luego de una licencia por dos días se reincorporará este jueves a su cargo.
En contra votaron las senadoras Amalia García Medina y Claudia Edith Anaya Mota, esta última con intervención en tribuna para insistir que la CED únicamente busca aplicar un procedimiento de solicitud de información sobre la situación y, de hallar elementos, llevar el asunto a la Asamblea General de la ONU.
Amalia García, en tanto, señaló que la desaparición forzada no es un hecho ajeno, pues ha sucedido por decenios y los años sesenta y setentas estuvieron marcados por este delito, y ahora, la larga marcha de las madres buscadoras es interminable, “un horror instalado”, por lo que lo dicho por la ONU enmarca que efectivamente las desapariciones en México son sistemáticas, por eso su respaldo a las familias de los desaparecidos.
Esta indolencia del Senado de la República, o al menos de la parte oficialista, generó el rechazo de colectivos de búsqueda que este miércoles emitieron un pronunciamiento conjunto, firmado por 364 familiares y 158 colectivos de familiares de personas desaparecidas, 108 organizaciones y 277 personas solidarias.
En dicho pronunciamiento, respaldan el pronunciamiento del presidente del CED, Olivier de Frouville, al señalar que durante más de 14 años han proporcionado información al CED sobre la crisis de desapariciones en México, así como sobre las deficiencias y la fragmentación de las medidas implementadas en las últimas cuatro administraciones federales en prevención, búsqueda de personas, identificación forense, procuración e impartición de justicia.
Además, señalan que desde 2015 han solicitado que el CED aplique en México el artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, pues afiman que frente a una crisis sostenida, el acompañamiento de la ONU es indispensable. De ahí el rechazo al pronunciamiento aprobado por mayoría en el Senado de la República, al considerar que «representa una negación oficial del contexto de violencia que viven cientos de miles de familias en el país«.
Los colectivos de búsqueda, en su comunicado, insisten que «negar a las familias el derecho de contar con mecanismos internacionales –como el anunciado por el CED–, y hacerlo además en un contexto donde el país ha sido nuevamente confrontado con el horror, evidenciado por el hallazgo del Rancho Izaguirre en Jalisco, no contribuye a generar un clima de confianza, ni demuestra una verdadera apertura a soluciones, como se ha anunciado desde la presidencia. Lo que necesitamos no son negaciones ni discursos evasivos, sino cooperación internacional, verdad y justicia«.
Porque la situación se ha vuelto cada vez más crítica desde el hecho de que de 2010 a la fecha se contabilizan ya 27 personas buscadoras asesinadas y tres más desaparecidas, una terrible situación de la que no escapa Zacatecas.
Como se recordará, en julio de 2021 se registró el homicidio de José Nicanor Araiza Dávila, quien fue sacado por la fuerza de su casa en Villa de Cos, y cuyo cuerpo fue encontrado sin vida cinco días más tarde en una brecha de terracería al norte del estado. Él buscaba a su hijo José Nicanor Araiza Hernández, de 27 años, desaparecido desde el 30 de septiembre de 2018.
Tampoco se puede olvidar el caso de Sofía Raygoza Ceballos, localizada sin vida y con huellas de violencia dentro de un vehículo en Villanueva el 8 de febrero de este año. Desde 2023 ella reportó la desaparición de su hija Frida Sofía Murillo Raygoza, quien fue localizada con vida meses después. Sin embargo, Sofía Raygoza no descansó hasta encontrarle, enfrentando la indolencia de la autoridad al punto de encarar al entonces alcalde de Jerez, Humberto Salazar, ante la desesperación.
Como ellos, cientos de familiares y colectivos de búsqueda viven bajo la amenza de sumarse a la estadística de personas desaparecidas mientras realizan el trabajo que debería hacer el Estado mexicano, hoy cada vez más indolente ante la tragedia de miles de familias en el país.
Que en lo local el fiscal general Cristian Paul Camacho Osnaya pretendiera matizar que buena parte de las denuncias recibidas en la materia corresponden a personas que se ausentaron por voluntad propia (personas no localizadas), no borra el hecho de que hay miles que continúan desaparecidos, y mientras no aparezcan son casos no resueltos. Impunes.
Como bien dicen los coletivos de búsqueda en su comunicado: «La desaparición forzada no puede negarse. Se vive cada día. Es un crimen contra la humanidad que continúa cometiéndose mientras la persona siga desaparecida. Duele. Destruye. Desgarra. Y no debe repetirse jamás«.
