Luego de que en sesión del Consejo Universitario se diera a conocer presuntas irregularidades en las finanzas de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), muchas dudas quedan en el aire.
Si bien las acusaciones por cobro de cuotas no enteradas corresponden a ejercicios fiscales anteriores, darlas a conocer en este momento, en el preámbulo de las elecciones en la Máxima Casa de Estudios, también huele a golpeteo político.
¿No se supone que se rinden informes trimestrales sobre las finanzas al interior de la Universidad?, ¿en esos informes nunca se detectaron las discrepancias en el balance de cuentas?
Por supuesto que es un tema que preocupa, y la diputada local Ana María Romo lo hizo patente en la tribuna legislativa, al presentar una iniciativa de punto de acuerdo donde se exhorta a la Contraloría Interna de la UAZ a investigar y, en su caso, sancionar a quien resulte responsable de la falta de transparencia del recurso y que se dejen llevar a cabo estas malas prácticas.
Y aunque en el Artículo Único de la iniciativa no menciona expresamente que se investigue lo sucedido en la Unidad Académica de Derecho, en ello versó su exposición de motivos en la que urgió a que se esclarezca esta situación y se explique por qué se está incurriendo en estas prácticas que afectan a toda la comunidad estudiantil.
Romo Fonseca recordó que «una gran cantidad de quienes ya ejercemos una profesión somos orgullosamente egresados de la UAZ, nuestra hijas e hijos son estudiantes de sus unidades académicas, el sector comercial y de servicios en gran medida se sostiene de la actividad académica«.
Por ello, invitó a tomar los asuntos de la Universidad como «asunto de Estado» y a no ser omisos en la atención a una problemática que, de confirmarse, sería muy grave para la vida interna de la institución.
Porque, la verdad sea dicha, lo que hoy se acusa en la Unidad Académica de Derecho no sólo afecta a la comunidad universitaria, sino a toda la sociedad. Recordemos que una parte de los ingresos de la Máxima Casa de Estudios proviene de las contribuciones locales, de esos impuestos que pagan quienes tramitan su control vehicular.
Por si fuera poco, con este tipo de actos se pierde credibilidad en la Universidad pública, que en teoría debería coadyuvar a la formación de la juventud en su derecho a la educación, pero que ahora más bien abre el paso al encarecimiento de la educación superior con la captación del alumnado en universidades privadas, convirtiendo a la educación superior en un privilegio de quienes pueden financiar sus estudios.
¿Cuántos de los 40 mil estudiantes universitarios se pueden permitir las cuotas de instituciones privadas para continuar con su educación? Porque paso a pasito, con estas malas prácticas y cobros que recaen en el estudiantado, esa educación en la Universidad pública poco a poco se acerca a las cuotas de las instituciones privadas.
No es gratuito el llamado que hiciera la diputada local Renata Ávila para que este exhorto presentado por la diputada Ana María Romo fuera extensivo a todas las unidades académicas de la UAZ. Si estas se encontraron en una sola unidad, ¿qué garantiza que no se replicarán en otras unidades?
Lástima que, en el orden de prioridades de la 65 Legislatura, esta iniciativa tampoco fue considerada de urgente y obvia resolución porque ningún integrante de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) hizo la solicitud correspondiente a la Mesa Directiva, pese a la solicitud de la diputada promovente. Así que eso de tener cuentas claras y consecuencias para tan graves acusaciones tendrá que esperar hasta que la iniciativa concluya su proceso de dictaminación en comisiones.
Mientras tanto, estamos en espera de que el Consejo Universitario apruebe la propuesta de convocatoria para las elecciones en las que se renovará la Rectoría y las direcciones de unidades académicas, entre otros cargos universitarios. Y todo indica que será publicada el próximo lunes 7 de abril.
Según la propuesta, a partir de ese día y hasta el jueves 10 de abril será el registro de candidaturas a los distintos cargos que habrán de renovarse, con un plazo de 24 horas para subsanar cualquier observación en la documentación presentada.
Una vez aprobadas las candidaturas, vendrá un mes de campañas para convencer al electorado universitario que irá a las urnas a mediados de mayo para votar por quien mejor le parezca. A menos que la Universidad se haya convertido en el mismo cochinero que nuestro sistema democrático partidista…
Finalmente, en el mes de mayo se sabrá quién ocupará la nueva Rectoría de la UAZ para el periodo del 6 de septiembre de 2025 al 5 de septiembre de 2029. A menos que llegue otro espurio como Rubén Ibarra y, haiga sido como haiga sido, pretenda extender su rectorado por un año más.
¿Habrá ánimos de votar en la Universidad luego de las acusaciones de presunto desvío de recursos, quién sabe con qué fines?
