Al término del periodo vacacional, la Universidad Autónoma de Zacatecas comienza un periodo clave con el proceso de renovación de la Rectoría en el que contienden únicamente dos fórmulas: Decide, liderada por Jenny González Arenas, exsecretaria general del SPAUAZ; e Inclusión Universitaria, encabezada por Ángel Román Gutiérez, exsecretario general de la UAZ.
Dos proyectos muy diferentes que, sin embargo, comparten las mismas formas de hacer política, entre propuestas y acusaciones desde el primer momento que no abonan al ya de por sí enrarecido ambiente luego de la pasada huelga en la Máxima Casa de Estudios.
No faltan los llamados a la unidad en este proceso, pero mientras unos se apegan a una campaña de golpeteo y confrontación, otros evitan entrar en conflictos y polarizaciones para privilegiar el diálogo y los acuerdos.
Por una parte, luego de acusar amenazas a docentes y alumnos por parte del actual rector Rubén Ibarra Reyes, y que no hay piso parejo en la contienda, la candidata Jenny González dijo apostarle a convertirse en la primera mujer rectora de la UAZ, emulando el discurso que en su momento abanderó Claudia Sheinbaum para ser la primera Presidenta del país, aunque con ella no llegaron todas… y ni siquiera ha transcurrido su primer año de gobierno.
Sin ser muy clara en su propuesta, González Arenas dijo que plantea una reforma integral a la Universidad, además de comprometerse a un manejo eficiente de los recursos, sin olvidar la deuda histórica con el ISSSTE, para el cual ve la necesidad de trabajar con la autoridad para obtener más recursos y que éstos se transparenten.
Del otro lado, Ángel Román tuvo que ocupar parte de su arranque de campaña en deslindarse de las acusaciones sobre presunto intervencionismo o intromisión de grupos políticos como el del diputado local petista Alfredo Femat, e insistir en que debe haber respeto a la autonomía de la Universidad y la voluntad de la comunidad universitaria en este proceso.
Con la promesa de ser una administración de puertas abiertas, que ponga al centro a la comunidad estudiantil (que representa más de 36 mil votantes en este proceso electoral de la UAZ), Román Gutiérrez planteó inicialmente garantías en materia de transparencia y acceso a la información, auditorías en unidades académicas (luego del escándalo en la Unidad Académica de Derecho), además de insistir en un convenio con el ISSSTE para condonar el adeudo histórico de la UAZ, incluyendo accesorios e intereses.
Por supuesto que en dos semanas de campañas ambos candidatos a la Rectoría tendrán tiempo suficiente para andar prometiendo baños, mobiliario y equipo, salas de estudio, fiestas de graduación, viajes y demás.
Pero en dorar la píldora a la comunidad universitaria no deben dejar de lado la importancia que tiene la Universidad para la población zacatecana, no sólo por el hecho de ser la institución pública más grande en el estado que al menos garantiza el acceso a la educación superior, costeable para aquellas familias que no pueden pagar alternativas en instituciones privadas, esas cuyo cuerpo docente está mayormente integrado por egresados de la UAZ.
Además, porque los contribuyentes zacatecanos también aportan para el sostenimiento de la Máxima Casa de Estudios, cuenten o no con familiares en su matrícula. De hecho, entre 2016 y 2024 la recaudación por el Impuesto para la UAZ ha crecido en 344.77% y la tendencia a la alza se ha sostenido especialmente en los últimos dos años, con recaudación por encima de lo proyectado.
¿Esta aportación de contribuyentes zacatecanos no ameritaría que quienes aspiran a la Rectoría también hagan compromisos específicos con la población zacatecana (no precisamente de la comunidad universitaria) sobre cómo se aplicarán y transparentarán estos recursos?
Los mismos criterios deberían aplicar sobre la eficiencia y la transparencia en la recaudación de recursos de gestión (o recursos propios) de la Universidad, que entre 2019 y 2024 tuvieron un crecimiento de 22.88% y se han mantenido con una tendencia a la alza, con una recaudación muy por encima de lo proyectado, incluso durante el año de la pandemia.
Más importante será qué garantías pueden ofrecer ambos candidatos para la gestión de recursos ante la federación y el estado, pues éstos siguen siendo insuficientes frente al crecimiento de la matrícula (y el lastre del adeudo histórico con el ISSSTE), muy a pesar del incremento presupuestal en transferencias de recursos, pues entre 2019 y 2024 estos ingresos por transferencias de recursos federales y estatales crecieron en 23.95%, con una tendencia a la alza entre los ingresos proyectados y lo recaudado al cierre de cada ejercicio fiscal. Acusar presuntas intromisiones a estas alturas del proceso también puede derivar en un cierre de puertas anticipado con la federación y el estado.
Si estas gestiones no son suficientes, ¿qué garantías hay para la comunidad docente de que se cumplirán sus pliegos petitorios ante eventuales paros y proceso de huelga?, ¿cómo cumplir con el Contrato Colectivo y con las peticiones de cada año de agremiados al SPAUAZ (y al STUAZ)?
Más allá de que Jenny González o Ángel Román logren convencer a la comunidad universitaria de que son la mejor opción para ocupar la Rectoría, también deben persuadir a la población zacatecana de que son la mejor alternativa para sostener a la institución pública de educación superior más importante del estado, que habrá eficiencia en el gasto, total transparencia y cero tolerancia a los actos de corrupción, ese cáncer que ha desprestigiado poco a poco a la Universidad.
Por encima de todo, ¿cuál es la apuesta de cada uno en una eventual (y necesaria) reforma universitaria? Porque, siendo justos, para hablar de democracia en la Máxima Casa de Estudios, primero deberían empezar por darle a cada voto el mismo valor, y no el peso diferenciado entre académicos, trabajadores y estudiantes. ¿O tenemos universitarios de primera y de segunda?
Malas cuentas en periodo vacacional
Lejos del discurso triunfalista de la «nueva gobernanza», la iniciativa privada expuso sus otros números respecto a los resultados del periodo vacacional de Semana Santa y Semana de Pascua y no son muy alentadores para una muy golpeada economía zacatecana.
Por una parte, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles del Estado de Zacatecas informó que el promedio de ocupación hotelera en ambas semanas fue de 41.1%, cuando antes de la pandemia (y mucho antes de la «nueva gobernanza») la ocupación rondaba el 79.2 por ciento. Ciertamente, este año hubo un incremento respecto a los últimos tres años, los esfuerzos del gobierno estatal siguen siendo insuficientes para reactivar la llamada industria sin chimeneas.
No fue muy diferente el panorama para la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Zacatecas, que reportó que en los últimos cuatro años han tenido pérdidas significativas: del 19.6% en 2021; 21.6% en 2022; 24% en 2023; y 20% en 2024, más lo que se acumule en el recuento de 2025, con negocios que prácticamente están al borde de su sostenibilidad.
Para la Asociación de Centros de Esparcimiento el panorama también es complicado en el caso de bares y antros, pues advierten que desde octubre de 2024 a la fecha han tenido niveles de venta lejanos al nivel prepandemia y que en el periodo vacacional de Semana Santa que recién concluyó tuvieron pérdidas de hasta 30% en sus ventas respecto a lo logrado el año pasado, lo que coloca a este 2024 como «el peor en niveles económicos desde el 2021 para el sector».
Lo anterior deja de manifiesto (nuevamente) que a la «nueva gobernanza» muy pronto se le olvidó que entre sus ejes tractores de la economía (cualquier cosa que eso signifique) también estaba el turismo, ese que hoy no llega a Zacatecas por la insuficiente promoción de Zacatecas, por el mal estado de las carreteras, por la falta de conectividad aérea y, quizá, por encima de todo, la alta percepción de inseguridad.
Ah, es que la prioridad es el Viaducto elevado que nadie pidió…
