Como ya se había previsto, el escenario para la renovación de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) finalmente se cierra a sólo dos aspirantes: Jenny González Arenas y Ángel Román Gutiérrez.
Ambos acudieron este jueves, último día del plazo legal, ante la Comisión Electoral Universitaria a realizar sus respectivos registros y de aquí al 25 de abril se mantendrán a la espera de si se les otorga o no la constancia que les acredite para contender por el cargo que dejará el rector espurio Rubén Ibarra Reyes en septiembre de este año.
Y para que no se repita el haiga sido como haiga sido, esta vez desde la Convocatoria aprobada por el Consejo Universitario se estableció que el periodo de la próxima Rectoría será por cuatro años. Lo mismo que para el resto de los 740 espacios que estarán en juego en la elección universitaria, entre coordinaciones de área y direcciones de unidades académicas.
Una vez aprobados los registros con las constancias respectivas, las y los candidatos tendrán del 26 de abril al 8 de mayo para realizar sus campañas y convencer a los más de 45 mil universitarios que podrán votar el 10 de mayo en el sistema semiescolarizado, y el 14 de mayo para el resto de la comunidad universitaria. Y como quien dice, el Día del Maestro tendríamos los resultados definitivos de la elección, que aún podrían ser impugnados si fuere el caso.
Más allá de que ambos aspirantes a la Rectoría hoy representen proyectos diferentes al interior de la Máxima Casa de Estudios, en algo coinciden: debe prevalecer un proceso electoral de respeto, más propositivo, que abone a dar certidumbre y estabilidad a la ya de por sí desprestigiada Universidad, gracias al papel de bufón de la «nueva gobernanza» que ha jugado el actual rector.
Por una parte, Ángel Román ha sido la cara más visible de la administración central luego del último proceso de huelga en el que encabezó las negociaciones con la parte sindical, un proceso en el que se distinguió por el diálogo y los acuerdos.
Ofrecer continuidad no parece una alternativa para el exsecretario general de la UAZ, no cuando el actual rectorado fue tan distante del gremio docente y de trabajadores, y aún más ausente para la comunidad estudiantil.
Ante las serias acusaciones de manejos irregulares de recursos, la opacidad y hasta decisiones arbitrarias que afectaron la vida universitaria, Ángel Román deberá priorizar la unidad de todos los sectores, la eficiencia administrativa y presupuestal, privilegiando la transparencia y el intercambio de información particularmente con la parte sindical, sin olvidar una política de diálogo y generación de acuerdos que de verdad resuelvan y hagan frente a los problemas de la Máxima Casa de Estudios, y no eludir a las crisis como ha hecho Rubén Ibarra.
La esperanza está puesta desde la forma en que condujo los trabajos de negociación durante el proceso de huelga, en el que se apostó a la civilidad, el entendimiento y los acuerdos, por encima de cualquier conflicto personal.
Durante su registro, Román Gutiérrez ya adelantó que su prioridad será que la Universidad tenga gobernabilidad, que se puedan resolver los problemas financieros de la institución, y que se logre armonizar la parte educativa y académica.
Del otro lado, Jenny González hoy promete una alternativa a la actual gestión, respaldada por un movimiento surgido del hartazgo hacia cómo se han hecho las cosas en la administración central.
Con la promesa de renovación y una Rectoría incluyente, la exsecretaria general del SPAUAZ ha dicho que trabajará por el respeto y que se cumplan todos los derechos de la comunidad universitaria, incluyendo trabajadores, docentes y estudiantes. Pero principalmente, que se cumplan lo principios de autonomía, libertad y unidad.
Aunque, efectivamente, es tiempo de las mujeres, hoy nos ha quedado claro que eso no garantiza el «llegamos todas». Ya en otros procesos han contendido por la Rectoría las académicas Gema Mercado y Teresa Villegas. Y así nos fue con el resultado.
El papel que ha jugado Jenny González al frente del SPAUAZ, sobre todo en el último proceso de huelga, deja en claro de qué madera está hecha, que cuenta con la preparación y que conoce las mejoras que podrían implementarse en la administración central para eficientar el uso de los recursos, pero también para combatir la corrupción. Pero no es lo mismo ser borracho que cantinero.
Más allá del eventual resultado de la contienda, si algo duele a la comunidad universitaria y a la sociedad zacatecana en sí (esa que también paga con sus impuestos por una universidad pública) es la corrupción, esa que ha dejado apestada a la gestión de Rubén Ibarra.
En un intento por corregir el rumbo, desde la 65 Legislatura, la diputada Ana María Romo ha propuesto una iniciativa por la que se reforma la Ley Orgánica de la UAZ en materia de Órgano Interno de Control (OIC).
De acuerdo con la iniciativa, actualmente el rector tiene la facultad para designar directamente a la titularidad de la Contraloría Interna, pero la propuesta es que, respetando la autonomía universitaria y para fortalecer el combate a la corrupción, el Poder Legislativo designe a la persona titular del OIC mediante convocatoria pública emitida al día siguiente del inicio de periodo de cada Rectoría, y que deberá ser elegida con mayoría calificada y durará en el cargo cuatro años.
Aunque la iniciativa se trata de una propuesta positiva, quizá lo ideal sería que esta decisión recayera en el Consejo Universitario, máximo órgano al interior de la Máxima Casa de Estudios, con representatividad del cuerpo docente, de trabajadores y de la comunidad estudiantil. Pero, pues, cada quién…
Protección de las infancias
A propósito de la 65 Legislatura, en sesión ordinaria de este jueves la diputada Isadora Santiváñez presentó una iniciativa por la que se reforman diversos artículos del Código Penal del Estado de Zacatecas, a fin de endurecer las penas contra el abuso sexual infantil.
Por una parte, la iniciativa homologa diversas disposiciones con el Código Penal federal, especialmente tratándose de sanciones y penas; sin embargo, también amplía y especifica otro tipo de conductas que deberán ser consideradas en la comisión de estos delitos contra menores de edad.
El tema no es cosa menor. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), tan sólo en 2023 se registraron en Zacatecas más de 250 denuncias por delitos de abuso sexual y violación equiparada, muchas de ellas con víctimas menores de edad. Sin embargo, debido a la falta de denuncia y la impunidad, la cifra real puede ser mucho mayor.
Actualmente, el Código Penal del Estado de Zacatecas contempla penas para el abuso sexual infantil, pero éstas resultan insuficientes para inhibir su comisión y garantizar una sanción ejemplar.
Por tal motivo, esta reforma busca reconocer el daño psicológico y emocional que causa la exposición de menores de edad a actos sexuales, considerando esta acción como una forma de abuso sexual infantil debido a que las y los menores son testigos de actos sexuales que les puede dejar en un estado de confusión, inestabilidad y generar un daño psicológico que puede afectar su sano desarrollo, ya que por su corta edad no cuentan con la posibilidad de comprender dichos actos.
Además, diversas investigaciones en psicología y criminología han demostrado que la simple observación de contenido sexual o actos sexuales en la infancia puede provocar graves secuelas psicológicas, tales como ansiedad, depresión, trastornos del comportamiento y normalización de conductas sexuales inapropiadas.
Si de verdad se quiere proteger a las infancias y abonar a construir una mejor sociedad, libre de violencias, esta iniciativa resulta de especial importancia en tiempos en los que se difuminan los límites.
Por lo pronto, en este espacio nos vamos de descanso y nos volveremos a leer hasta el lunes 28 de abril.
