La extinción del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI) ya estaba cantada desde 2024, con la aprobación del decreto de simplificación administartiva por el que se extinguían diversos organismos autónomos, incluyendo el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
Pero a diferencia del proceso que se llevó a nivel federal, en Zacatecas vaya que les urge extinguir la transparenica, primero, desde que el diputado Jesús Padilla presentó el pasado 13 de enero la iniciativa correspondiente mucho antes de que se cumplieran los plazos establecidos en los artículos transitorios del decreto federal.
Ya se sabía que sí o sí la 65 Legislatura tendría que armonizar la Constitución local con el mandato federal. No había para dónde hacerse. Sin embargo, la propuesta en sí incluso acortaba los plazos para agilizar la extinción del órgano garante local.
Mientras en el proceso de extinción del INAI hubo foros de consulta, reuniones con el pleno del instituto y hasta plazos de gracia (como el último, por cuatro meses, para la transmisión de funciones a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno), en lo local ya hay fecha de muerte: el 15 de junio de este año.
Porque en sesión de este martes se dio lectura al dictamen correspondiente de la Comisión de Puntos Constitucionales que preside el diputado Santos González y que integran también sus homólogos Ana María Romo, Lyndi Bugarín, Karla Estrada, Alfredo Femat y Dayanne Cruz. Y ese dictamen se espera sea votado en sesión de este jueves.
De acuerdo con el dictamen, y al igual que ocurrió a nivel federal, se establece la creación de un organismo descentralizado (supeditado al Ejecutivo estatal) que ahora tendrá competencia para conocer de asuntos relacionados con los sindicatos, así como sus recursos de revisión. Además, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) tendrá las mismas responsabilidades tratándose de partidos políticos locales.
En ambos casos, únicamente se alude al acceso a la información pública, pero queda un enorme vacío legal respecto a la protección de datos personales. Se ha de supone que esto deberá establecerse con las leyes secundarias que deriven del dictamen que será votado en sesión de este jueves, porque de no ser así, grave error constitucional se estaría cometiendo.
Los artículos transitorios del dictamen no son cosa menor. Por ejemplo, el artículo segundo establece que el IZAI, sí o sí, quedará extinto el 15 de junio de este año (o sea, les queda un mes de vida). En ese plazo, la 65 Legislatura deberá aprobar la legislación secundaria, cuando a nivel federal este plazo fue de 90 días y aún así les quedaron sendos vacíos legales, como lo advirtió en reiteradas ocasiones la excomisionada del INAI, Julieta del Río.
Por si fuera poco, el Órgano Interno de Control del Ejecutivo (o sea, la Secretaría de la Función Pública que encabeza el zar anticorrupción Ernesto González Romo) será el responsable de promover el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. A ver si no nos zambuten con sendas campañas de «transparencia para el bienestar».
El artículo tercero transitorio, por su parte, establece la creación de la Comisión de Transición, integrada por las dos comisionadas del IZAI en funciones, Nubia Barrios y Fabiola Torres, además de las personas titulares de la Secretaría de Finanzas, Ruth Contreras; Administración, Maricarmen Salinas; y de la Función Pública, Ernesto González Romo.
Respecto al cuarto transitorio, se señala que habrá respeto a los derechos de la base trabajadora del IZAI (igualito que se respetaron los derechos de la burocracia cuando llegó la «nueva gobernanza»), y que algunos pasarán a la estructura del nuevo órgano descentralizado, mientras otros serán liquidados. ¿Con qué criterios? Vaya usted a saber, pero a la «nueva gobernanza» eso de retener al talento no se le da.
El artículo quinto transitorio establece que los remantentes de recursos del IZAI, una vez extinto, serán transferidos a la SEFIN para solventar los compromisos adquiridos conforme a las nuevas atribuciones de la SFP. A ver si sobran…
Luego, en el artículo sexto se establece que la transferencia de bienes del Instituto deberá concluir antes del 15 de junio; el séptimo, que a más tardar en esa fecha se deberá entregar la información correspondiente para la integración de la cuenta pública; el octavo, que a más tardar en esa fecha el IZAI transferirá expedientes y procedimientos en curso a la SFP, que tendrá hasta 30 días hábiles para remitirlos al nuevo organismo público descentralizado.
Y por último, que a partir de la entrada en vigor del decreto (o sea, puede ser este mismo fin de semana si es que este jueves se aprueba el dictamen), durante 30 días naturales se suspenderán los plazos y términos para expedientes y procedimientos vigentes del IZAI.
Para el oficialismo, todo parece muy bonito, muy acorde con esa línea de extinguir organismos porque representaban derroche y lujos (como los viajes de Fernández Noroña). A ver si una inminente renuncia (¿o cese?) del secretario Ernesto González Romo no les mueve sus planes.
En este escenario, muchas dudas quedan en el aire que alimentan la incertidumbre sobre el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, más allá de la simulada imparcialidad y autonomía con la que deberían conducirse los nuevos entes responsables de garantizar estos derechos.
Los vacíos legales ya asoman desde el dictamen por el que se extingue el IZAI. Habrá qué ver qué tanto alcanzan a regular con las leyes secundarias en la 65 Legislatura, en un plazo de 30 días en los que quedará otro vacío: la evaluación de la información cargada en la Plataforma Nacional de Transparencia correspondiente al primer trimestre de 2025.
De antemano advertimos que en dicha evaluación muchos sujetos obligados saldrían reprobados, con casos emblemáticos donde antes se transparentaban ciertos conceptos y ahora se hacen de la vista gorda. Y ya ni siquiera hablamos de algo tan básico como la información financiera.
Considerando todos estos cambios, ¿usted cree que habrá garantías para que los sujetos obligados respondan solicitudes de información, por ejemplo, sobre el Viaducto elevado que nadie pidió y el proceso de extinción del fideicomiso con el que se pretendía financia?, ¿cree que habrá transparencia respecto al Platabús?, ¿habrá transparencia sobre el compromiso presidencial de la Presa de Milpillas?, ¿habrá transparencia en liquidaciones millonarias de funcionarios de la «nueva gobernanza»? Para pensar…
