Que hay corrupción en el Poder Judicial, es cierto. Pero afirmar que todo el Poder Judicial es corrupto, eso ya es caer en falsedad. Y qué coincidencias de la vida. En el preámbulo de la elección judicial, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, anuncia la terminación anticipada del proyecto del Viaducto elevado que nadie pidió. ¿El argumento? La corrupción del Poder Judicial, calificado como enemigo del progreso de Zacatecas.
Horas antes, durante la inaguración de la Feria Nacional del Empleo en Guadalupe, en entrevista con diversos medios de comunicación el gobernador David Monreal Ávila seguía insistiendo que el Viaducto elevado «se va a hacer, tarde o temprano se va a hacer«. Sin embargo, ya daba visos del anuncio que más tarde daría Reyes Mugüerza.
Sin salirse del guión, el gobernador aseguraba que ante las nueve suspensiones definitivas y una advertencia de desacato a un mandato judicial, «no voy a aceptar que se prive del desarrollo a Zacatecas» porque «soy necio en mis cosas, más cuando me asiste la razón«. Como si fuera el gran pensador del siglo XXI…
En esa tesitura, reiteraba que «en la maldad y en la perversidad no miden el daño, el impacto que le causan a un pueblo tan noble como el de Zacatecas«. Y que pronto informaría de las acciones a tomar respecto al proyecto que, reconoció, «sí se retrasa, y voy a valorar en qué momento liberamos o cómo se va a hacer«.
No obstante, entre líneas, David Monreal dio a entender la verdadera razón de lo que se anunciaría horas más tarde: «Ahorita lo que no quiero es que me vayan a encerrar. Luego quisieron encerrarme por desacato. Y quiero demostrarles que soy muy respetuoso de la ley, aunque esté torcida la ley, aunque sea objeto de corrupción o de maldad, aún así lo voy a aceptar«.
Para continuar con la misma narrativa, en conferencia de prensa de última hora, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, anunció que «la corrupción judicial ha llevado al Gobierno del Estado y a la empresa constructora a optar por la terminación anticipada del contrato para evitar mayores riesgos al erario público«.
Agregó que la medida obedecía a «la necesidad de evitar el congelamiento de recursos y asegurar que la inversión se canalice hacia otras obras del programa Movilidad para el Bienestar«, ese que incluía no sólo el Viaducto elevado que nadie pidió, sino también el Platabús (que parece estar maldito porque no arranca) y otros proyectos de vialidades que integraran un circuito complementario.
Pero el tono seguía siendo el mismo: criminalizar al Poder Judicial por tramitar los amparos que frenaron el mega proyecto en el que se invertirían más de 3 mil 600 millones de pesos para apenas 3.4 kilómetros que ahorrarían a la población 15 minutos en sus traslados.
Porque para Rodrigo Reyes, «hay una profunda corrupción en los jueces que actúan en colusión con actores políticos opositores«. Y puso como ejemplo las nueve suspensiones provisionales y definitivas de los Juzgados Segundo y Tercero de Distrito, atribuyéndolas a 14 amparos promovidos por militantes del PAN y MC, mientras el Juzgado Primero de Distrito negó cinco amparos.
Nada más que los amparos que fueron rechazados no fueron promovidos por la ciudadanía, como el resto de asuntos que derivaron en suspensiones al proyecto. Recuérdese que un amparo se concede ante un acto de la autoridad que atente contra la ciudadanía, así que no podía concederse si lo promovía otra autoridad, como fue el caso del Ayuntamiento de Zacatecas.
Pero el secretario general de Gobierno se mantuvo en el guión como el gobernador David Monreal. No les quedaba de otra. Ante el cochinero desde el inicio del proyecto, en gran parte responsabilidad del secretario de Obras Públicas, Luis de la Peña, tenían que victimizarse y acusar «politización de la justicia«, porque en sus palabras: «la corrupción judicial ha alcanzado niveles alarmantes, están usando tecnicismos para bloquear el desarrollo«. Y que «los jueces hacen el juego político a la oposición«.
Ya luego de criminalizar a las personas juzgadoras que han intervenido en el proyecto del Viaducto elevado que nadie pidió, Rodrigo Reyes llamó a votar en la elección judicial de este domingo porque, obviamente, el interés tiene pies y la «nueva gobernanza» (y hasta el segundo piso de la transformación) requieren jueces, magistrados y ministros que estén con López Obrador. ¿O cómo era?
Ah, pero no hay que pasar por alto una declaración mucho muy importante que pasó de noche. En la misma conferencia de prensa, el secretario general de Gobierno aseguró que «la estrategia en cascada de los adversarios busca alargar los tiempos para que se pierdan los fondos asignados, no lo vamos a permitir«.
Nada más que dichos fondos no se pierden, como dijo falsamente el funcionario. Basta revisar el Decreto que establece las Bases para la Constitución de un Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Fuente de Pago para la Ejecución del Proyecto “Viaducto Elevado Boulevard Adolfo López Mateos y Calzada Héroes de Chapultepec”.
En su artículo 11 establece que «Por su naturaleza y fines, el FIDEICOMITENTE no se reservará el derecho a revocar el FIDEICOMISO, ni a revertir la totalidad o parte de su patrimonio, sino hasta que se encuentren totalmente pagadas las obligaciones que el Gobierno del Estado de Zacatecas tenga con los FIDEICOMISARIOS en Primer Lugar«.
Además: «El FIDUCIARIO, una vez que se cerciore que no existen obligaciones pendientes de pago con los FIDEICOMISARIOS en Primer Lugar, procederá con la extinción del FIDEICOMISO y transferirá al FIDEICOMITENTE las cantidades y derechos que integren el patrimonio fideicomitido restante«.
Luego, si nos basamos en el Modelo de Contrato publicado en la licitación EO-932063953-SOP055-2023 correspondiente al dichoso proyecto, la Cláusula Désimo Séptima deja muy claras las condiciones para la Suspensión Temporal o la Terminación Anticipada.
Para el segundo supuesto, sería facultad del Consejo Consultivo dar por terminado anticipadamente el contrato correspondiente, «cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, se determine que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión«.
La misma Cláusula, inciso a), establece que por terminación anticipada «el Gobierno del Estado con cargo al Fideicomiso pagará los trabajos ejecutados, reembolsará al Contratista los gastos no recuperables en que haya incurrido«.
En el mismo Modelo de Contrato, la Cláusula Décimo Cuarta establece la integración del citado Consejo Consultivo: el titular de Obras Públicas como presidente; y como vocales, el titular de la SEDUVOT, un representante de la empresa, un representante de la Gerencia externa, y un especialista de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), nombrado por el rector. Vaya, vaya…
Finalmente, y viendo que los recursos del Fideicomiso del Viaducto elevado que nadie pidió (y que ya no será) no se perderán, mucho ojo habrá que poner en el decreto correspondiente a la extinción del Fideicomiso, pues tanto el gobernador David Monreal como el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes, han anunciado veladamente que esos recursos se usarían en cuatro proyectos importantes que están en puerta, sin aclarar si tendrán participación las empresas de Grupo Hycsa.
Si fuera el caso, como recursos de libre disposición, ¿no sería más adecuado invertir el recurso restante (porque según los informes financieros de la SEFIN, se han erogado ya entre 1 mil 500 y 1 mil 950 millones de pesos de los más de 3 mil 600 proyectados para la obra) en compra de medicamentos, en reparación urgente de carreteras que ya existen, en fortalecer a organismos autónomos como la Fiscalía para reducir los índices de impunidad por las deficientes tareas de investigación, o cualquier otro asunto de interés público que sí tenga demanda social?
Por encima de todo, la 65 Legislatura tiene el deber y la responsabilidad de instruir una auditoría especial al Fideicomiso. Y el secretario de la Función Pública, Ernesto González Romo, antes de que le den las gracias en la «nueva gobernanza», debería rendir un informe completo de la supervisión realizada a la ejecución del proyecto, incluso desde antes de ser licitado. ¿O se harán de la vista gorda?
