Llegamos a la recta final de un mes de mayo marcado por las manifestaciones, un distintivo de esta «nueva gobernanza» hoy más ocupada en (medio) posicionar a sus aspirantes a la elección de 2027 que en levantar, aunque sea un poquito, el desastre de casi cuatro años de administración.
La última semana del mes también es la antesala para una elección judicial que pinta mal, muy mal, sobre todo por el descaro de promover los dichosos acordeones para promover perfiles afines al actual régimen. ¿A cambio de qué?
Mayo también concluirá con la escalada de manifestaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Coordinadora (CNTE), en una movilización nacional de la que forman parte docentes zacatecanos que exigen la abrogación de la Ley del ISSSTE y que en lo local ha implicado la toma de edificios públicos y sucurales bancarias, con el amago de ampliar las acciones de protesta.
Por si fuera poco, para la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) será difícil olvidar en el corto plazo este mes de mayo con una elección para renovar la Rectoría y demás autoridades universitarias en uno de los procesos más desaseados de las últimas décadas, y que culminó con la (dicen, aunque no muestran la documentación que lo confirme) destitución de Rubén Ibarra como rector de la Máxima Casa de Estudios.
Ante la falta de evidencias incluso sobre el procedimiento de rescisión laboral, concluirá el mes con la toma de instalaciones universitarias a manos de la comunidad estudiantil y docente que exige certeza, claridad y transparencia en momentos de ingobernabilidad. Y la protesta está lejos de levantarse mientras siga la cerrazón (y complicidad) de quienes se mantienen al frente de la UAZ.
Esta coyuntura ha beneficiado al gobernador David Monreal, quien cada que habla sólo se hunde más ante el escrutinio público. Pero tampoco está exento de señalamientos a casi nada del cuarto informe de gobierno, que en términos prácticos marca ya el cierre de su sexenio.
Ya hace un par de meses la presidenta Claudia Sheinbaum había anunciado con mucha seguridad que en el mes de junio iniciaría el mega proyecto de la Presa de Milpillas para garantizar agua potable para las y los zacatecanos por los próximos 40 o 50 años.
Se anunció como uno de los proyectos prioritarios de infraestructura del gobierno federal, y todo indicaba que sería una obra con inversión mayoritariamente federal, pero también ejecutada desde el Gobierno de México, sin una mínima intervención de la «nueva gobernanza».
Este fin de semana, desde la Coordinación de Comunicación Social se informó de una reunión de alto pedo con el procurador Agrario, Víctor Suárez Carrera, y el director en Jefe del Registro Agrario Nacional, Luis Cruz Nieva, «para avanzar en la concreción de los proyectos de la presa Milpillas y Alimentación para el Bienestar».
De acuerdo con el comunicado, el proyecto cuenta con «financiamiento asegurado», con una inversión inicial de más de 500 millones de pesos, de un total estimado en 8 mil 900 millones de pesos, según anunció en marzo de este año la propia presidenta Claudia Sheinbaum.
Casi tres semanas después, la «nueva gobernanza» publicó su Programa Estatal de Obra 2025, en el que se contemplan 476 proyectos a realizar con una inversión global de 1 mil 954 millones 931 mil 648.49 pesos. ¿Pero qué cree?
De todo lo programado, únicamente hay un proyecto relacionado con la Presa de Milpillas. Se trata del Proyecto 42 de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), correspondiente a la «Elaboración del manifiesto de impacto ambiental de la Presa Milpillas para abastecimiento de agua potable al corredor de Fresnillo-Zacatecas, en el estado de Zacatecas«, con una inversión estatal y para cobertura regional. Y párele de contar.
Pensar que tan sólo el manifiesto de impacto ambiental pudiera costar los 500 millones de pesos que se tienen de inversión inicial (porque no hay evidencia en el PEO 2025 que diga que se hará algo más) es completamente irreal y más bien sugeriría que la obra no pasará por las manos del estado, ese que asignaría la obra a su grupo de constructores favoritos.
Lo que sí consta en el Programa Estatal de Obra 2025 es el Proyecto 106 de la Secretaría de Obras Públicas, que para este año tiene programados 143 proyectos con una inversión de 1 mil 48 millones 451 mil 637.82 pesos.
El dichoso Proyecto 106 corresponde al «Viaducto elevado boulevard Adolfo López Mateos y Calzada Héroes de Chapultepec; asignación de recurso 2025 en la ciudad de Zacatecas, Zac. para el beneficio de la ciudadanía«. Una inversión estatal, para cobertura municipal. ¿Pero qué cree?
Para el momento en que se autorizó el Programa Estatal de Obra 2025 (marzo de este año) ya se tenían suspensiones provisionales al proyecto del Viaducto elevado que nadie pidió. Y no sólo eso.
Desde el 2 de diciembre de 2024, en este espacio advertimos que en el Paquete Económico 2025 aprobado por la 65 Legislatura se cancelaba el financiamiento al proyecto para este ejercicio fiscal, un financiamiento que se reanudaría hasta 2026.
¿Cómo justificar, entonces, que en el PEO 2025 se autorizara la «asignación de recurso 2025» a un proyecto que en el Paquete Económico de este ejercicio fiscal no se le destinaba financiamiento?
Finalmente, y volviendo a la Presa de Milpillas, habrá que ver si efectivamente ya se cuenta con el manifiesto de impacto ambiental para que Zacatecas cumpla con el compromiso presidencial y así dar paso al arranque del proyecto (que podría ser la licitación) en junio de este año, como lo prometió la presidenta Claudia Sheinbaum.
Más importante aún será confirmar que se tiene la posesión de los predios donde se desarrollará el mega proyecto. No vaya siendo como el cacareado hospital del IMSS que dicen que se construirá en el municipio de Guadalupe y donde la Presidenta decidió no colocar la primera piedra en su última visita a la entidad porque aún no se tenía la certeza jurídica del terreno.
¿O usted qué cree?
