Las prioridades presupuestales de la «nueva gobernanza»

Con la caída en los ingresos del estado durante el primer trimestre de este año, y un pronóstico de que esta disminución continuará durante todo el 2025, uno pensaría que la «nueva gobernanza» se ajustaría a los criterios para hacer reajustes en su programación presupuestal.

Bajo esa lógica, supondríamos que la administración estatal recortaría aquellos gastos en áreas no prioritarias para garantizar la suficiencia presupuestal ahí donde sí se necesita, especialmente en aquellos programas que sí o sí se deben implementar porque fueron elevados a rango constitucional.

Claro que del dicho al hecho hay muchas mentiras de por medio, y la liquidación de la exsecretaria de Administración, Verónica Yvette Hernández López de Lara, por poco más de 1.8 millones de pesos por apenas tres años y medio de trabajo, es apenas la punta del iceberg en la cadena de incongruencias en la «nueva gobernanza» donde dicen aplicar la «austeridad republicana».

Así, mientras a unos cuantos les abren la llave presupuestal para que se sirvan con la cuchara grande (y hagan negocios), a otros entes públicos les escatiman los recursos porque, en su lógica, hay que aplicar eso de la «austeridad republicana» y hacer más con lo mismo, o incluso con menos recursos.

Lo interesante de que aún exista el derecho de acceso a la información es que cualquier ciudadano o ciudadana puede consultar la información financiera trimestral de los entes públicos para saber si lo que se dice es verdad o sus propios datos desmienten sus otros datos.

Porque en el caso del Presupuesto de Egresos 2025, durante el primer trimestre de este año hubo movimientos como ampliaciones o reducciones presupuestales respecto a lo que aprobaron en diciembre pasado en la 65 Legislatura. Y son movimientos que llaman la atención porque no van en sintonía con la caída en la recaudación y las medidas contingentes que se deberían implementar.

Por ejemplo, llama la atención que de enero a marzo de este año hubo una ampliación presupuestal por 334 millones 921 mil 525 pesos para remuneraciones al personal de carácter permanente únicamente en el caso de la Secretaría de Educación (SEDUZAC), que en ese periodo tuvo dos titulares: Maricarmen Salinas y Gabriela Pinedo.

Con esta modificación presupuestal, la SEDUZAC ahora dispondría de 5 mil 542 millones 203 mil 898 pesos para remuneraciones al personal de carácter permanente. Es decir, una octava parte del total del presupuesto estatal, que se proyecta en poco más de 40 mil millones de pesos.

Además, la misma dependencia también fue protagonista en el caso de ampliaciones presupuestales por 63 millones 459 mil 649 pesos para la partida de Seguridad Social, y por 50 millones 496 mil 668 pesos para Otras prestaciones sociales y económicas.

Estos movimientos financieros en la SEDUZAC sugieren que aumentará la nómina educativa, a pesar del déficit por 2 mil 500 millones de pesos que este año se tendrán que gestionar ante la Federación a través del Programa U080 para garantizar la nómina educativa, ignorando por completo la advertencia que hiciera el Gobierno federal para no incrementar esta nómina hasta en tanto no se llegara a un acuerdo para el esquema de federalización.

El caso de la partida 4100, de Transferencias internas y asignaciones al sector público, también merece particular atención, pues implica ampliaciones presupuestales por un monto global de 1 mil 45 millones 934 mil 39 pesos… en tiempos de «austeridad republicana».

De ese monto global, al menos 594 millones 766 mil 379 pesos corresponden a ampliaciones para organismos autónomos, de los cuales:

  • 414 millones 21 mil 996 pesos corresponden a ampliación a la Universidad Autónoma de Zacatecas.
  • 97 millones 932 mil 896 pesos, al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (¿no pataleaban porque no les daban el recurso suficiente para garantizar la elección judicial?).
  • 57 millones 895 mil 849 pesos, a la Fiscalía General de Jusitcia del Estado de Zacatecas.
  • 11 millones 356 mil 922 pesos, al Tribunal de Justicia Laboral Burocrática.
  • 7 millones 64 mil 305 pesos, al IZAI (¿no estaba en puerta su extinción, por mandato constitucional?)
  • 3 millones 572 mil 159, a la CDHEZ (¿recuerdan que les habían prometido 10 millones de pesos?).
  • 1 millón 677 mil 319 pesos, al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas.

Tampoco se quedan atrás las ampliaciones al presupuesto de algunos organismos públicos descentralizados, como:

  • 120 millones 345 mil 973 pesos, al CECYTEZ
  • 111 millones 922 mil 383 pesos, al COBAEZ
  • 45 millones 960 mil 249 pesos, a los SSZ
  • 41 millones 306 mil 690 pesos, al INZACE
  • 20 millones 27 mil 784, a la UTZAC
  • 11 millones 489 mil 428, a la UPZ

Mucho menos se pueden dejar de lado las ampliaciones por 24 millones 97 mil 323 pesos al Poder Legislativo; 29 millones 697 mil 634 pesos a la Auditoría Superior del Estado; y por 29 millones 675 mil 149 pesos al Poder Judicial.

Entre las prioridades del gasto, como señalábamos este martes, la «nueva gobernanza» determinó recortar unos 87 millones 483 mil 315 pesos a la partida 4400 para «Ayudas sociales», de los cuales únicamente 80 millones de pesos corresponden a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) que encabeza Bennelly Hernández. Aunque tampoco es que este recorte les vaya a dejar en la inopia o la pobreza, pues aún les quedarían unos 327 millones de pesos por ejercer.

Por encima de todo, y lo más importante, habría que preguntarse por qué la Secretaría de Finanzas ha dejado de publicar en sus informes financieros trimestrales el documento relativo a las «Notas a los estados financieros», que han dejado de transparentarse en los últimos dos trimestres.

Y este documento es de suma relevancia porque sin él la ciudadanía no puede conocer el saldo inicial y final por cada trimestre respecto a los fideicomisos de la administración estatal, como el relativo a la construcción del Viaducto elevado que nadie pidió, ese en el que pretenden invertir más de 3 mil 650 millones de pesos hoy detenidos con al menos seis supensiones definitivas al proyecto.

Así las prioridades presupuestales en la «austeridad republicana» de la «nueva gobernanza».

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