A una semana de que se conmemore el Día de la Libertad de Expresión en México, el próximo 7 de junio, la «nueva gobernanza» da una vez más elocuente muestra de que para esta administración la única verdad admisible es la de la autoridad.
Sin convocatoria a medios de comunicación, no fuera que protestaran, el gobernador David Monreal encabezó la presentación de la herramienta denominada «Ponle filtro a la información», que consta de cuatro guías para dizque combatir la infodemia en temas de seguridad.
La primera, dirigida a la burocracia, para saber cómo reaccionar ante momentos de crisis, de esos que han sido el pan de cada día en casi cuatro años de administración.
La segunda, enfocada en mujeres, para evitar que caigan en fraudes y extorsiones en redes sociales.
La tercera, un decálogo por la integridad de la información, orientado a medios de comunicación, para promover «buenas prácticas periodísticas en favor de una sociedad más crítica, consciente y mejor informada«.
Y la cuarta, dirigida a la juventud, para «reconocer, frenar y prevenir la desinformación en temas de seguridad«.
Según el gobernador David Monreal, «en la red hay mucha mentira, maldad y perversidad«. Y por eso «no podemos seguir acechados por el miedo, por el terror y menos al amparo de la mentira, por eso estamos obligados a luchar por la verdad«. Nada más que no dijo cuál verdad.
A esta penosa escena se sumó el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, quien enfatizó que «se tiene que dotar de herramientas importantes para poder identificar la información falsa, porque no es que se busque el aplauso fácil o el elogio, sino que se busca que ninguna persona viva con un miedo injustificado fomentado de manera irresponsable y mezquina«.
Y para rematar, según lo que dice el comunicado de prensa, Lorenzo Jiménez de Luis, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), reconoció al gobernador «por su generosidad de confiar en el PNUD y llevar a cabo este proyecto de desarrollo en el que han participado colectivos, de medios de comunicación, periodistas y servidores públicos«. Sabrá Dios bajo qué convocatoria, que no fue pública ni abierta…
No es secreto que durante casi cuatro años de «nueva gobernanza», lo más notable ha sido su deficiente (por decir lo menos) estrategia de comunicación, no sólo para informar, sino también para el manejo de crisis, y vaya que han sido bastantes.
Comunicar la verdad (así, a secas) no ha sido algo característico de esta administración, acostumbrada a sus propios datos y con la osadía de cuestionar «otros datos» a conveniencia, incluyendo los que ofrece el INEGI. En otras palabras, admitir únicamente lo que favorece al gobierno y casi casi criminalizar aquellos datos duros o información que le ponga en jaque. Y a los medios de comunicación que difunden esa otra realidad.
Sin embargo, la preocupación va más allá de estas cuatro guías, porque no es la primera ocasión que se ve la participación de las Naciones Unidas en temas que atañen a la libertad de expresión al amparo de un pretendido combate a la infodemia.
Ya el pasado 12 de mayo, en el Vestíbulo del Congreso del Estado y por convocatoria del diputado Marco Vinicio Flores, se desarrolló un Foro sobre la Protección Legislativa a la Libertad de Expresión en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El objetivo del foro era ofrecer un adelanto de la iniciativa que presentaría el diputado emecista en sesión ordinaria de la 65 Legislatura al día siguiente, y que básicamente consistía en eliminar (a su juicio) conceptos anacrónicos en materia de libertad de expresión en el Código Penal del Estado de Zacatecas, como los delitos de calumnia, halconeo (que no existe en la legislación local) y ultrajes, declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (SCJN).
Todo muy bonito a primera vista. Sin embargo, no hay que perder de vista que precisamente este tipo de delitos han sido estrategia de la «nueva gobernanza» y/o de sus cómplices para criminalizar a medios de comunicación y periodistas, en hechos que han ameritado la interposición de sendas denuncias que al menos a la fecha han derivado en dos periodistas incorporados al Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos.
En el fondo, esta iniciativa parece más encaminada a eliminar la punibilidad de conductas que hoy son más recurrentes en la autoridad, con la grandiosa alternativa de que únicamente ameriten una sanción administrativa.
Y no es como que la «nueva gobernanza» se haya distinguido por la tolerancia a la crítica en medios de comunicación, mucho menos por respetar el derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa y hasta el derecho a la libre manifestación (nadie olvidará aquel 8M tan brutal para las mujeres).
No quisiéramos pensar que las Naciones Unidas hoy se presten más bien a lavarle la cara a una administración que ha atentado contra estos derechos de manera reiterada, sin que haya consecuencias.
Por encima de todo, mal mensaje se envía en aras de combatir la infodemia, más cuando se trata de una autoridad intolerante a la crítica de medios de comunicación que ofrecen no únicamente la verdad de la «nueva gobernanza», sino también la verdad que ofrecen los «otros datos» (incluyendo los emitidos por la autoridad) para que la sociedad pueda informarse con un panorama más completo y forje un criterio propio. Ya el colmo sería que hasta la autoridad nos dijera en qué hemos de creer y en qué hemos de dudar.
