Que predomine la percepción de que existe corrupción en el Poder Judicial, es una cosa. De ahí a que el grueso de la población estuviera de acuerdo con la llamada elección judicial, ya es muy diferente. Más si desde el inicio no se garantizó certeza, transparencia y legalidad. Y mucho más cuando lograron una candidatura perfiles muy muy cuestionables.
Cerca de la medianoche de este domingo, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, informó que la participación ciudadana en la elección judicial alcanzó entre el 12.57% y el 13.32% de electores. Es decir, un promedio de 13 millones de votantes.
Si este resultado preliminar se compara con elecciones ordinarias anteriores (por aquello de que se elige a integrantes de un Poder de Estado), hay muchísima diferencia y no para bien, pues en la elección presidencial de 2018, por ejemplo, se alcanzó una participación del 63.43%; y para la elección presidencial de 2024, el porcentaje se redujo ligeramente al 61.05 por ciento.
Quizás el referente más cercano para hacer un comparativo sea la consulta de revocación (o ratificación) de mandato en 2022, pues se trató también de un primer ejercicio democrático, inédito, igualmente sólo promovido por el oficialismo (y desincentivado por la oposición). Y en aquel ejercicio se registró una participación de 17.77% de electores.
En lo local, para la revocación (o ratificación) de mandato en Zacatecas se registró una participación del 14.21% de votantes, la proporción más baja en todo el país para un estado gobernado por MORENA. Y para esta elección judicial, según las estimaciones preliminares, esta participación apenas alcanzaría 10.64 por ciento.
Que a nivel nacional apenas 13 millones de votantes participaran en la elección judicial habla mucho de los 36 millones de votos que obtuvo la actual presidenta, Claudia Sheinbuam, en los comicios de 2024, o de los 30 millones de votos que obtuvo Andrés Manuel López Obrador en 2018. Porque, de inicio, significa que ni siquiera la militancia de MORENA tuvo interés en participar, lo que hace dudar de ese padrón que pretenden alcanzar de 10 millones de militantes.
Por supuesto que en esta elección judicial hubo muchos factores en contra que pudieron incidir en la baja (bajísima) participación. Uno de los principales fue quizás el acelerado proceso de reforma constitucional que luego llevó a la llamada elección judicial, pues se aprobó en fast track a fin de que pudiera implementarse desde ya en 2025.
Lo anterior coincidió con un Presupuesto de Egresos Federal (y también en lo local) que no daba suficiencia presupuestal a los órganos electorales para llevar a cabo esta elección judicial en aras de una «austeridad republicana» que más bien ha servido de chantaje y manipulación.
Pero el corto tiempo entre la aprobación de la reforma y la implementación de la elección judicial no dejó espacio para educar sobre este nuevo ejercicio democrático que se pone en manos de las y los mexicanos de aquí en adelante porque ya está en la Constitución.
Y ciertamente había mucho que requería una nueva cultura cívica, porque ¿qué tanto conocemos del funcionamiento del Poder Judicial?, ¿qué tanto sabemos sobre las tareas de cada cargo y cada instancia a elegir?, ¿qué tanto sobre el marco legal sobre el cual se funda la función judicial para emitir sus resoluciones?
El método de designación de candidaturas también resultó novedoso para quienes hemos vivido acostumbrados a los procesos internos de cada partido político, y aunque la «tómbola» ya había sido utilizada por MORENA para la designación de candidaturas plurinominales desde pasados procesos electorales, hoy los filtros de aspirantes no fueron los comités partidistas, sino comisiones de evaluación de los tres Poderes que dejaron mucho qué desear en su estreno.
Las convocatorias para el registro de aspirantes tenían requisitos muy básicos y laxos, contrarios a lo que ha implicado una carrera judicial, así como en otras áreas de la administración pública ha significado el servicio profesional de carrera: que en la función pública se tengan los mejores perfiles.
Lo anterior permitió que a las boletas llegaran perfiles cuestionables por sus antecedentes criminales, o por sus vínculos con grupos delictivos, o por ser parientes de alguien en el poder, o en última instancia, por el pago de favores políticos. Aunque fueron rescatables otros perfiles que contaban con una trayectoria ya sea dentro del Poder Judicial, como litigantes o desde el activismo social que bien valía la pena ser considerados.
El proceso de campañas tampoco era familiar para el grueso de la población. Además de la restricción de gastos de campaña, las personas candidatas estaban limitadísimas en su actuar, sin grandes mítines como en otros procesos electorales, sin contratación de publicidad, con escasos debates de limitada difusión, que finalmente derivaron en campañas virtuales, digitales, perdidas en el mar de información en las redes.
¿Terminamos de conocer a todas las candidaturas y para qué cargo se postulaban?, ¿fue efectiva la difusión de la plataforma del INE (o de los órganos electorales locales) para conocer la trayectoria de cada perfil (y cuántas personas tuvieron acceso a internet para consultar dicha información)?, ¿se estableció un lazo de confianza y afinidad entre votantes y candidaturas como en procesos electorales ordinarios para elegir representantes del Ejecutivo y el Legislativo?
Llegado el momento, las llamadas «Guías de la Justicia» que no eran otra cosa que «acordeones del bienestar» parecieron una alternativa ante la dificultad para entender cómo votar al momento de acudir a las urnas, porque entre tanta papeleta, tantos colores, tanto número y tan chiquitas las letras para distinguir los nombres, quién les había postulado y si estaban o no en funciones, era entendible que el promedio de tiempo para votar tomara a cada elector entre 10 y 15 minutos. Y hasta hubo quien llenó sus boletas en equipo, como en la casilla 1921 de Lomas del Lago.
Si hubo o no presunta movilización de Servidores de la Nación, o de personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) como fue el caso en varios estados por instrucción de oficinas centrales, no se reflejó en el bajo porcentaje de participación.
Además, como la autoridad electoral tendrá hasta 10 días para dar los resultados definitivos sobre esta elección judicial, será difícil quitarse el estigma de opacidad e ilegalidad en el proceso.
Por encima de todo, quienes hayan resultado ganadores en esta contienda judicial cargarán con el peso de una legitimidad en entredicho. Más si se trata de perfiles cercanos al poder.
Finalmente habrá qué preguntarse por qué al oficialismo le urgía una elección judicial a partir de este año, pero no tenía prisa en implementar la no reelección ni mucho menos la prohibición del nepotismo electoral, por aquello de postergar su aplicación hasta el proceso electoral de 2030.
¿Y a disfrutar lo votado?
